El ex ministro de Defensa, Rafael Rey, se presenta ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por la presunta contratación irregular de la empresa israelí Global CST LTD por parte de las FF.AA. en el 2009.

Al inicio de su presentación Rey aclaró que no acudía en condición de implicado en la denuncia de la Contraloría sino con el objetivo de defender a quienes han sido acusados de manera injusta desde mi punto de vista.

Tengo casi 25 años en política, en todo ese tiempo nadie me ha acusado de haber perjudicado, siquiera por omisión, el patrimonio público, sería incapaz de tomar un solo centavo del erario ni permitiría que alguien lo haga () no pretendo blindar a nadie. Si tuviera una mínima duda de la transparencia de esta operación o sus beneficios, hubiese sido el primero en denunciarlo, afirmó.

Rey justificó la contratación de la empresa israelí para capacitar al personal destacado en el VRAE porque entre marzo del 2008 y noviembre del 2009 se reportaron 57 bajas en las fuerzas del orden.

En ese sentido, aseguró que para este contrato no se fabricó ninguna necesidad como algunos sugieren, sino que había la necesidad de arrinconar y derrotar a terroristas y que la empresa tenía las mejores experiencias en capacitación en zona de selva.

SOBRE LA CONTRALORÍA Rey señaló que la Contraloría, autora de la denuncia contra mandos de las FF.AA. y funcionarios por este caso, ha enfilado baterías para atacar la segunda y tercera etapa del proceso de contratación, cuando fue informada de los detalles del acuerdo desde una primera etapa.

No puede argumentar ahora la Contraloría que hubo un acuerdo clandestino cuando el nombre de la empresa, la cantidad a pagar y la forma de contratación fue informada oficialmente (al órgano de control) el día 5 de octubre, dos semanas antes de la firma del contrato, indicó Rey, a la vez que aseguró que personalmente se comunicó con el contralor Fuad Khoury en su momento.

Rey aseguró que el borrador del contrato fue alcanzado a la Contraloría y que esta hizo observaciones que se añadieron al acuerdo. Justificó que el entonces jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Francisco Contreras, inscribió a la empresa israelí ante el Registro Nacional de Proveedores porque la Contraloría advirtió que el representante de la empresa no estaba inscrito de manera formal. Aseguró que en esos casos la ley contempla que lo haga quien contrata.

También justificó que el Comando Conjunto haya pagado el impuesto correspondiente porque fue un compromiso contemplado en el acuerdo y que este hecho también fue conocido por el órgano de control.