El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe, rechazó las denuncias de hostigamientos por parte de su personal en contra del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori durante los días en que este permaneció internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre.
En ese sentido, subrayó que la institución a su cargo ya había acordado con la clínica que Fujimori Fujimori no reciba visitas. Por ello, refirió, los empleados del mismo sanatorio colocaron en las puertas y pasillos rótulos que indicaban: “visitas restringidas” y “reposo absoluto”. “Dejamos claro que el único que iba a autorizar las visitas era el médico tratante”, puntualizó.
Pérez Guadalupe indicó que fueron agentes de seguridad en la clínica quienes no dejaron ingresar el sábado al congresista Kenji Fujimori, considerando lo dispuesto. “Es falso cuando dice que fue el INPE porque los agentes de la institución estaban en el décimo piso (…) Hay que pedir comprensión a los médicos pues es muy difícil recibir visitas de un congresista a la 1 a.m. No entiendo por qué un congresista en uso de sus facultades entra hace una visita a alguien que al día siguiente tiene unas pruebas a las 6:00 a.m.”, remarcó.
INVESTIGACIONES En tanto, Pérez Guadalupe aseguró que ya ordenó a la oficina de Asuntos Internos del INPE a iniciar las investigaciones respectivas sobre el video en que Fujimori aparece recriminando a una enfermera de la clínica para que permita las visitas de los congresistas de Fuerza Popular.
“No descartamos nada. Estamos investigando si ha sido un agente penitenciario, pero hay dos cosas que diferenciar una es la grabación y otra la filtración. Rechazamos ambas y ya se está investigando”, dijo.
”NO SE PRIVILEGIA A NADIE” Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien fuera instado a responder por el fujimorismo “sobre la filtración del video”, declaró que así como no existen presiones ni hostigamientos contra el otrora gobernante, tampoco hay privilegios para este en su reclusión. Puntualizó que el portafolio a su cargo cumple con las disposiciones normativas al respecto y que se trabaja en la regulación de una nueva directiva acerca de las comunicaciones para todo el sistema penitenciario.