CECILIA ROSALES FERREYROS

Lo llamaron el domingo antepasado por la mañana y aceptó. Se fue al aeropuerto para viajar ese mismo día de Washington –donde se desempeñaba como embajador permanente del Perú ante la OEA– a Lima, pero no tuvo suerte. Partió al día siguiente. Walter Albán confiesa que todo fue tan rápido que solo vino con una muda de ropa. Está buscando tiempo para dar un salto a la capital de EE.UU., cerrar su casa y traer sus cosas. Al llegar, pasó tres días sin dormir intentando entender un sector que –admite– es muy complejo.

¿Quién lo convocó? Tuve conversaciones con el presidente del Consejo de Ministros, con el ex ministro Pedraza y finalmente con el presidente.

¿Villanueva lo propone? Así es.

¿Conocía a Ollanta Humala? Sí. Por mi labor en la Defensoría del Pueblo. Él estaba con orden de detención cuando lo conocí.

¿Por Locumba? Sí. Pidió garantías a la defensoría para someterse a derecho. Lo acompañé al Consejo Supremo de Justicia Militar. Cuidamos que se respetaran sus derechos. Luego hubo contacto cuando regresaba a Lima como agregado militar y tenía problemas administrativos en el Ministerio de Defensa. Me pidieron colaborar para que no se dilatara tanto. Más que una relación cercana, se construyó un vínculo de confianza en momentos claves.

Dicen que un abogado de DD.HH. no conoce el sector. Este cargo lo han tenido personas muy diversas. De pocas se podría decir que han tenido especialidad en el sector. Lo importante es entender que es un trabajo en equipo. Necesito gente que conozca del tema y en la cual pueda confiar, además de consejos de distintas vertientes.

Usted es el quinto ministro del Interior de este gobierno. ¿Qué priorizará? Depurar, echar a elementos que no son confiables y que alimentan esta imagen de corrupción.

¿Está listo el proyecto que aumenta las causales para separar a los malos policías? No está concluido. Le vamos a dar prioridad.

¿En qué plazo? No puedo dar un plazo preciso. Me gustaría tenerlo listo antes de que concluya el año y conversar con las bancadas para generar un clima favorable.

¿Y el policía descontento con sus pagos, viáticos, servicios de salud, etc.? Hay medidas que ya se han venido trabajando. Mi antecesor hizo un trabajo paciente, callado, poco conocido. Ya comenzó un plan de mejoras remunerativas para el personal policial, algo que venía postergado durante demasiado tiempo. Estamos cuidando lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo.

¿Cuánto de los 1.400 millones de soles de aumento en el presupuesto de la policía se va a destinar al 24 por 24? Hay una parte menor. Unos 70 millones de soles ya están asignados, pero eso no alcanza. Igual, no se puede entregar montos adicionales sin un cálculo preciso. Pero el compromiso es comenzar a ejecutarlo en el 2014. Queremos dar prioridad a todo lo que es patrullaje.

¿Qué es lo urgente en el corto plazo en este punto? En Lima y Callao los índices son muy altos. Tenemos ciudades, sobre todo de la costa, donde se ha incrementado la criminalidad. Entre ellas está Trujillo. El crimen menudo, el de la calle, genera enorme inseguridad y temor en la población.

Su predecesor decía que la inseguridad ciudadana es un tema de sensaciones. La gente tiene miedo. Hay el temor a ser asaltado. Es un temor generalizado. No se malentienda lo que dijo mi amigo y antecesor Pedraza. Él se refería a una cuestión más bien conceptual o técnica. Cuando se mide el índice de criminalidad, se utilizan básicamente dos criterios, el de víctimas y el de percepción. Quedó la idea de que estaba sosteniendo que era un tema de percepción. La percepción no se produce de la nada.

¿A mayor desarrollo económico más delincuencia? Desde un enfoque conceptual hay bases para decir que donde se genera mayor riqueza hay más población. En ciudades donde hay ahora pleno empleo, como Ica, hay un aumento grande de la criminalidad. La gente necesita, y creo que a estas alturas ya es indispensable, que le den respuestas más rápidas.

¿Ya saben qué pasó en el caso de la protección indebida a López Meneses? Todavía. No se sabe todo, solo lo que se ha venido difundiendo. El tema es tan serio que se debe investigar a fondo. Felizmente, no vivimos una dictadura. Hay instituciones autónomas competentes para investigar.

¿Si la policía resuelve casos complejos en días, por qué todavía no sabemos qué pasó? Quizá porque está muy involucrado un sector de la policía. Podríamos pensar que eso también dificulta, pero creo que a la larga la verdad se abrirá paso. Acá no se va esconder nada. Lo que se sepa por uno u otro canal lo compartiremos.

¿Ha avanzado la investigación? No hay mucho por agregar. Tengo menos de dos semanas en el cargo. Me obliga a dedicar mi tiempo a muchas cosas en este momento y creo que no es bueno que todo el país y toda la institucionalidad se concentren en el Caso López Meneses. Reconozco que es una situación delicada y compleja. Me comprometo a dar todas las facilidades para que se esclarezca.

¿Empezar desde el montesinismo de los años 90 no es dilatar el proceso? Esa discusión está en el Congreso. Aquí seguimos de cerca la investigación del Tribunal de Disciplina y de Inspectoría.

¿Y qué avances tienen? Inspectoría se pasó días haciendo interrogatorios, pero ha habido nuevos elementos permanentemente. El documento fraguado, por ejemplo. Ha sido necesario ampliar investigaciones y convocar a más gente.

¿No tiene conclusiones preliminares? No termina de identificarse a los responsables. Quiero transmitirle toda mi confianza al tribunal, pero yo no puedo intervenir porque está pensado como una instancia independiente. Sí quiero pedirles que no dilaten, que pongan de su parte para que este asunto avance y concluya con la mayor celeridad.

Usted es un abogado especialista en DD.HH. y ahora está en la otra orilla. Tiene las armas legales represoras del Estado. Los DD.HH. no son incompatibles con el ejercicio del orden público. Por la experiencia que ha vivido el Perú se ha hecho una separación, ‘o eres de DD.HH. o estás a favor del orden público’. Me gustaría demostrar que los derechos atraviesan todos los aspectos. En una sociedad democrática no es correcto que para protestar yo destruya propiedad pública o privada o afecte a personas que no están participando en mi protesta.

¿Qué orden va a dar a la policía cuando haya una invasión de terrenos, por ejemplo? Con la prudencia del caso para utilizar la fuerza, yo tengo que autorizar que la policía actúe. La protesta tiene límites. Una cosa es manifestarse en contra de algo y otra es actuar violentamente.

¿No siente que hoy está en el otro lado con las armas legales para usar la fuerza cuando usted ha sido más bien un conciliador al que se ha asociado siempre con las víctimas del Estado? Por eso pretendo ser el puente. Esta brecha que nos ha llevado a pensar que quien es de DD.HH. no puede estar a favor del orden público es equivocada. Me gustaría cerrar tal brecha. Demostrar que la policía puede actuar conforme a la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales, lo cual no quiere decir que no van a ejercer la fuerza en circunstancias necesarias. Pero ahí también hay que cuidar con qué magnitud. Confío mucho en la unidad de prevención de conflictos de la PCM.

¿Los policías pueden estar seguros de que usted está más de este lado? Los policías pueden estar seguros de que yo no juro en vano. Asumí un juramento para ejercer esta función y no la otra; en consecuencia, yo tengo que primero responder a esto.

Los policías tienen temor a disparar porque los enjuician. Los policías no disparan por propia iniciativa, lo hacen bajo condiciones previas, entre ellas una orden. No hay por qué tener temor. Cuando un policía actúa siguiendo una cadena de decisiones que están normadas, no puede ser puesto en cuestión.

¿Y serán respaldados desde el nivel ministerial? Si se actúa conforme a esas reglas, sí van a estar respaldados.