Por mayoría, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por José Marcelo Salazar (Ahora Nación), se pronunció en contra de otorgar facultades al Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias.
En el mismo sentido ya se habían pronunciado las comisiones de Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia; Defensa del Consumidor y Justicia.
En tanto, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades. Además, la Comisión de Modernización se pronunció a favor, pero en parte, solo en algunos puntos.
El informe consultivo de Economía -no vinculante- fue aprobado este miércoles por 9 votos a favor y 5 en contra y dos abstenciones será remitido a la Comisión de Constitución, encargada del dictamen final.
El documento —al que accedió El Comercio— se conoció el fin de semena un día después de que la presidenta Keiko Fujimori pidiera al Congreso acelerar el trámite de su proyecto y cuestionara el rechazo de la solicitud del Gobierno por parte de seis comisiones.
Su debate, tal como había adelantado El Comercio inició este lunes 14 de setiembre. Sin embargo, al final se decidió postergar su votación para este miércoles 16. De aprobarse, serán siete los grupos de trabajo que se habrán opuesto al otorgamiento de facultades solicitado por el Consejo de Ministros.
Por lo pronto, la izquierda integrada por el Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Ahora Nación tiene el mayor peso en la Comisión de Economía con 12 votos. Mientras tanto, Fuerza Popular y Renovación Popular apenas suman ocho.
La Comisión de Economía argumentó que no resulta viable otorgar las facultades en ninguno de los 16 puntos examinados en el informe.
Precisó que los pedidos presentan insuficiencias específicas de sustento, delimitación o articulación normativa.
“La opinión desfavorable se fundamenta en el contenido y la pertinencia de las habilitaciones solicitadas, conforme al examen individual desarrollado”, señala el documento.
Entre las materias analizadas y cuestionadas se encuentran la formalización voluntaria de micro y pequeñas empresas; la Ley de Fomento al Ecosistema de Emprendimiento Innovador; y la habilitación de transferencias financieras de gobiernos regionales y locales y de entidades públicas.
Asimismo, se evaluó la propuesta de crear un Fondo Privado para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, así como medidas sobre inclusión y educación financieras, cuentas de ahorro para menores de 12 años y remediación ambiental.
También, se examinó permitir al inversionista asumir estudios, terrenos e interferencias; facilitar ejecución contractual; delegación de funciones de ejecución al proyecto; gobernanza de ProInversión.
Hizo lo propio en el punto de simplificación, aprobación automática/silencio positivo y exoneración de requisitos para permisos/títulos e interferencias en proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura
Fuentes de El Comercio indicaron que el oficialismo prepara un informe en minoría para someterlo al voto.
Hasta el momento, la negativa a las facultades se ha producido en al menos seis comisiones.
Estas son Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia. Este jueves se sumó la de Justicia, que preside la legisladora Catherin Palomino (Juntos por el Perú), vinculada al golpista Pedro Castillo.
En el otro extremo, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.
El último grupo en oponerse fue la Comisión de Justicia que presentó un informe consultivo que concluyó que no era viable el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo.
En el documento, al que accedió este Diario, se sostiene que el contenido de la propuesta “no cumplía con la exigencia constitucional de precisar las materias a regular”.
“Por lo expuesto, esta comisión considera no viable la delegación de facultades legislativas respecto de los temas comprendidos en materia relacionada con la normativa penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria por no cumplir con la exigencia de precisión material que impone el artículo 104 de la Constitución”, concluyó el contenido.
No ahondó sobre el fondo del caso y solo se plegó al documento general del pedido de facultades. Es decir, la comisión omitió analizar la exposición de motivos, una situación que en medio de la sesión fue alertada.
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