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La interpelación al ministro Vicente Zeballos bajo análisis

No hay consenso si el mecanismo de control político se aplicó correctamente, pero expertos coinciden en que el ministro no puede dar detalles del acuerdo con Odebrecht

Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aseguró que los procuradores para el CWHATaso Odebrecht han actuado con autonomía. (Foto: GEC)

La legitimidad de la moción de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, fue puesta en duda por expertos y políticos desde que el pleno la aprobara.

El Comercio consultó con los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga, Luciano López y Samuel Abad para resolver las dudas en torno a este mecanismo de control político.

No hubo consenso si es constitucional o no interpelar a Zeballos, pero sí en que el Ministerio de Justicia no intervino en el acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht, que es cuestionado por un sector del Parlamento y aún debe ser sometido a control de legalidad por un juez.

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Los tres expertos respondieron las siguientes preguntas:

1. ¿Es constitucional que el Congreso interpele al ministro de Justicia, Vicente Zeballos?

2. ¿Cuál fue el papel del Ministerio de Justicia en el acuerdo con Odebrecht?

3. ¿Cuál sería el impacto político de esta interpelación en los acuerdos de colaboración que negocia el Ministerio Público?

Aníbal Quiroga:

1.
Es perfectamente constitucional. Desde el momento que juramenta como ministro tiene todas las responsabilidades y obligaciones que tiene un ministro. El hecho de que esté pendiente el voto de confianza, que técnicamente es la exposición del primer ministro al Congreso, no significa que [Zeballos] no tenga responsabilidad como ministro individual. Él no está protegido por el hecho de que no se haya pedido el voto de confianza. En ninguna parte de la Constitución dice que la responsabilidad de un ministro empieza cuando se da el voto de confianza.

2.
Hay una parte del derecho que dice que los acuerdos vinculan a las partes. ¿Quiénes firman el acuerdo? Odebrecht por un lado y el Ministerio Público por otro lado. ¿Dónde está el Ministerio de Justicia?

El ministro de Justicia no tiene nada que ver con el acuerdo. Este lo hace el Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Y si el procurador [Jorge Ramírez] hace algo, él tiene autonomía funcional. Que en el fondo no tenga razón [la interpelación] es un tema distinto a si esta procede o no.

3.
No es un tema que haya que dramatizar. La interpelación es una esgrima política que es parte del ejercicio democrático del Parlamento. Puede que no pase nada y sea una explicación. No se cae el mundo por una interpelación. Esta interpelación es procedente en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, él [Zeballos] no tiene responsabilidad en un contrato que no ha firmado. Eso tendrá que explicarlo al Congreso.

Luciano López:

1.
Considero que es inconstitucional por dos razones. La primera es que la interpelación se rige en su planteamiento por el principio de la oportunidad política. Pero este Parlamento ha tramitado una interpelación que ya está fuera de ese principio, debido a que estamos frente a un nuevo gabinete.

Técnicamente estamos frente a un ministro nuevo, aunque se trate de la misma persona.

La segunda razón es que este nuevo gabinete está en funciones, pero aún no recibe la confianza para ejercer legítimamente la función ministerial, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional (TC). Este señala que cuando el presidente del Consejo de Ministros recibe el voto de confianza, recién en ese momento el gabinete tiene legitimidad.

2.
La única participación es la del procurador, que está adscrito al sector Justicia y que por ley está obligado a mantener confidencialidad. Y para efectos de este acuerdo, él actuó con los representantes del Ministerio Público.

En cuanto al fondo, muchas de las preguntas [del pliego interpelatorio] son ilegales porque pretenden que el ministro responda por el contenido de un acuerdo que es confidencial. Lo máximo que podrá decir el ministro es que se ha enterado por la prensa [de algunos detalles del acuerdo] porque legalmente, aunque lo supiera, no puede revelarlo.

3.
Felizmente ya el acuerdo [con Odebrecht] está firmado, pero es peligroso que en todo momento estén buscando traérselo abajo. Cada vez que hacen un movimiento de esa naturaleza, fortalecen la tesis que esbozó el fiscal José Domingo Pérez: quieren sabotear el acuerdo porque hay mucha ropa tendida.

Samuel Abad:

1.
A mi juicio, que haya un nuevo gabinete y aún no se dé un voto de confianza no impide que se pueda solicitar una interpelación. Ahí no veo cuestionamiento. Ese no es el tema de fondo. Sí lo es el uso abusivo de la figura de interpelación.

En este caso en concreto, la interpelación es innecesaria e inoportuna. Si analizas las preguntas, ves que lo que están tratando de examinar es el acuerdo que celebraron los fiscales [con Odebrecht] y que eventualmente será ratificado por el Poder Judicial. En el fondo quieren cuestionar un acuerdo que está en manos del sistema de justicia.

2.
El ministro no tiene directa vinculación con el acuerdo suscrito. No celebra el acuerdo. El procurador interviene independientemente y el ministro tiene solo una mirada general del asunto. El ministro no es fiscal ni juez; en consecuencia, esta interpelación es el uso abusivo de los mecanismos parlamentarios previstos por la Constitución.

Lo único que pueda hacer el ministro es ir y dar información general, decir cuál es la competencia del Ministerio de Justicia, qué cosas puede hacer y qué cosas no. Este acuerdo está en manos del Poder Judicial, como corresponde de acuerdo a ley.

3.
Una mayoría fujimorista, junto al Apra, quiere deslegitimar este acuerdo y que no funcione adecuadamente. Lo que se quiere es interferir en el acuerdo celebrado para obtener información valiosa en el marco de la colaboración eficaz que se lleva a cabo.

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