El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria contra el Crimen Organizado del Poder Judicial (PJ), dispuso para el martes 19 de enero el inicio de la etapa del control de acusación contra el expresidente Alejandro Toledo y otros implicados en el presunto pago de coimas de la empresa Odebrecht para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
El control de acusación es la etapa previa al juicio oral, y consiste en analizar si la misma cumple con los requisitos de ley y contiene todos los elementos necesarios para fundamentarla.
Serían US$35 millones los que habría recibido el exjefe de Estado (2001-2006) de parte de la empresa brasileña, según la Fiscalía.
Por ello, en agosto del 2020, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó la acusación contra Toledo para quien solicitó 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Le imputa los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
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Según la resolución a la que accedió El Comercio, la diligencia se programó tras cumplirse el plazo de notificación para los nueve acusados y otras tres personas para los que la fiscalía ha pedido el sobreseimiento (archivo) de sus casos.
Toledo se encuentra actualmente en Estados Unidos desde el 2017. Actualmente, está a la espera de que la justicia de dicho país continúe con las audiencias para el proceso de extradición que presentó el Perú en mayo del 2018.
La investigación contra Toledo fue uno de los primeros casos en iniciar el 2 de febrero del 2017, tras develarse que la trama de corrupción internacional de Odebrecht había alcanzado al Perú.
Según las investigaciones, entre el 2006 y 2010, Toledo Manrique habría recibido diversas sumas de dinero de la constructora brasileña, que eran depositadas en las cuentas del empresario peruano israelí, Josef Maiman, amigo del exmandatario.
Parte de ese dinero, fue sido enviado a la off shore Ecoteva Consulting Group, en Costa Rica; y de allí se derivó al Perú la cantidad de US$ 9′052.650 al Perú. Según la fiscalía, con este dinero la familia del expresidente compró una casa en Las Casuarinas (Surco), una oficina, un depósito y tres estacionamientos en la Torres Omega (Surco). Además, se realizó el pago de las hipotecas de su casa en Camacho y Punta Sal (Tumbes).
Dichas transacciones forman parte de otra investigación contra Toledo por presunto lavado de activo, el denominado Caso Ecoteva.
En agosto del 2017, dentro del proceso por el Caso Odebrecht, El Comercio informó que Josef Maiman se había acogido a la colaboración eficaz y había señalado al ex jefe de Estado como el real beneficiario del dinero recibido.
-Reiterarán pedido de archivo-
Roberto Su, defensa del expresidente Alejandro Toledo, dijo a este Diario que la etapa de control de acusación es “bastante técnica” y “larga” dada la cantidad de los acusados. No obstante, sostuvo que tienen “confianza” en su posición sobre la inocencia de su patrocinado y por ello han solicitado que la acusación sea desestimada.
Explicó que inicialmente, el juez deberá realizar un cronograma para las sesiones que se desarrollarán, empezando por los pedidos de archivo planteados por la Fiscalía.
“También se va a discutir el sobreseimiento que hemos pedido nosotros sobre el señor Toledo y otros, porque considera que no existe ninguna responsabilidad y no existen elementos de convicción sobre los hechos delictivos”, afirmó.
El control de acusación tendrá un segundo escenario en el que se debatirá las observaciones de fondo y forma a la acusación.
Al respecto, la posición de Su Rivadeneyra, es que al término de estas sesiones el juez disponga que la acusación sea devuelta a la fiscalía para que se subsane los errores y sustentos sobre la fundamentación.
“Es una etapa bastante técnica. Esperemos, tenemos confianza. Lo importante es que estos hechos serán públicos. Muchas veces, el trabajo de los fiscales, que son secretos y de vez en cuando se filtran a la prensa; en estas audiencias es la oportunidad para que se conozca los argumentos que la defensa consideramos irregular o arbitral de parte del Ministerio Público”, concluyó.
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