La fiscalía sustentó este miércoles el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el exlegislador Edgar Alarcón por el presunto delito de enriquecimiento ilícito que habría cometido como contralor general de la República. La fiscal Alejandra Cárdenas fue la encargada de exponer los argumentos del pedido en el marco de esta investigación, por la que la fiscalía podría solicitar una pena no menor de 10 años.
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“La gravante sanciona con una pena bastante grave este delito. La pena es no menor de 10 años, este indicador de pena grave ya ha sido reconocido por la jurisprudencia nacional […] ¿por sí solo puede determinarse un impedimento de salida y una comparecencia con restricciones? Consideramos que sí”, sostuvo durante su argumentación.
Como se recuerda, el excontralor fue denunciado en su condición de alto funcionario por hechos cometidos durante su gestión en la Contraloría General de la República (2016-2017). Con la documentación recabada en las investigaciones preliminares se realizaron dos informes periciales financieros en el 2019, dando como resultado un presunto desbalance patrimonial (saldos negativos), producto de mayores gastos (egresos), por el monto de S/201,337.24 correspondientes a hechos dentro del período del 9 de junio del 2016 hasta el 4 de julio del 2017.
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El monto anterior fue calculado por la Fiscalía de la Nación en base a los ingresos y egresos del actual congresista y su familia. Para los egresos se tomaron en cuenta la venta de autos, compra de inmuebles, gastos de tarjetas bancarias, pagos educacionales y viajes que hicieron un total de S/889,163.61.
La fiscal señaló que existen graves y fundados elementos de convicción sobre la responsabilidad de Alarcón y consideró “necesario” que se dicte la medida de impedimento de salida del país.
Según detalló, el movimiento migratorio del exlegislador, así como contar con visa a Estados Unidos, son indicios para “pensar que se podría fugar”. Además, se argumentó la falta “de arraigo laboral” debido a su suspensión como legislador de parte del Congreso de la República.
“La magnitud del daño causado, como hemos señalado al bien jurídico tutelado, es evidente. La pena por sí misma de 10 años es bastante considerable porque implica que va a ser una pena de todas formas efectiva y en cuanto al peligro procesal debemos señalar que, además de la pena tenemos en cuenta la falta de arraigo laboral”, dijo.
“Existe el riesgo concreto de fuga o desaparición ya que, en el procesado, es claro que existe una facilidad para viajar fuera del país como se ha visto en sus reportes migratorios”, agregó.
Finamente, destacó el desarrollo de 14 diligencias para las que se necesita la presencia del investigado por tratarse de un “proceso complejo”.
A su turno, el abogado de Alarcón, Humberto Abanto, señaló que el desbalance patrimonial que se le atribuye a su defendido es “creado por la pericia” que se realizó.
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“Ha escuchado decir que el Ministerio Público ha detectado depósitos o ingresos de causa lícita desconocida, pero resulta y eso es conforme al propio informe pericial financiero, que esos depósitos supuestamente de origen desconocido y de causa ilícita desconocida tienen depositarios”, refirió.
Asimismo, acusó que la fiscalía no citó a los depositantes de dichos momentos.
“¿Le ha dicho que nunca fueron citados para que expliquen por qué depositaron ese dinero en la cuenta de Edgar Alarcón? Si no citamos a los depositantes y decimos que el origen es desconocido, es lógico que presentaremos a una persona de pésima conducta”, enfatizó.
Finalmente, resaltó que su defendido “nunca ha dejado de asistir a las diligencias” ni “se ha sustraído a la investigación”. “No tiene acto de obstrucción o dilación o dirigido a dilatar la investigación”, añadió.
La decisión del Poder Judicial será comunicada a las partes en el plazo de ley, según anunció el juez Hugo Núñez.
Participación de Alarcón
El excongresista Edgar Alarcón tuvo una breve participación durante la audiencia y solicitó al Poder Judicial se considere que realiza trabajos laborales como contador, por lo que necesita realizar viajes sobre todo al interior del país.
“Solicito a su despacho que se tenga en cuenta esto que yo trabajo como contador, estoy trabajando en una empresa privada como asesor […] necesito viajar a nivel nacional porque trabajo haciendo asesoría en gestión pública. Es importante su decisión para que yo siga trabajando y siga dando todas las facilidades a la fiscalía y al Poder Judicial”, dijo.
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