La trama de corrupción, orquestada desde el llamado “Gabinete en la sombra”, no solamente tiene como protagonistas al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), sino a otras 20 personas, que cumplían diferentes roles [ver lista].
El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder detalló en un documento judicial, al que tuvo acceso El Comercio, que la referida red de corrupción habría estado encabezada por Castillo Terrones, mientras que en la “primera línea” estaban Silva Villegas y Alvarado.
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Ellos “en conjunto” con los miembros del Buró Político, un subgrupo dentro de la red- Alejandro Sánchez, Abel Cabrera y Nenil Medina Guerrero- “habrían planificado y decidido el modo” en cómo participaron los otros integrantes de la organización criminal. Por ejemplo, ubicaron a Salatiel Marrufo dentro del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Y a Bruno Pacheco, Biberto Castillo y Beder Camacho en el Despacho Presidencial, mientras que los “particulares” Eder Viton, Henry Shimabukuro, David Pérez Curi, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez “se encargarían de captar y negociar con alcaldes y empresarios los proyectos de las obras de saneamiento” que fueron incluidas en el DU-102-2021.
Con este mecanismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desembolsó, en octubre de 2021, al entonces sector liderado por Alvarado S/500 millones para la ejecución de proyectos.
Sánchez, Cabrera y Medina Guerra- de acuerdo al Ministerio Público- habrían direccionado 34 obras, causando un perjuicio al Estado de S/130 millones.
El Ministerio Público, además, subrayó que el “Gabinete en la sombra” no solamente buscó controlar las obras financiadas por el DU-102-2021, sino “otras”, a través de “actos previos de concertación ilegal” con funcionarios de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Agregaron que estos facilitaron “el direccionamiento” de las licitaciones a favor de empresas, “cuyos representantes” a su vez eran integrantes de la red criminal.
“Otros miembros de la organización obtuvieron ventajas económicas ilícitas, como es el caso de las empresas JJ Espino Ingeniería y Construcción SAC, Destcon SAC y Lenus SAC”, remarcó la fiscalía.
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Entre los integrantes de la presunta red criminal menos conocidos figuran Sandra Paico Carrasco, ex trabajadora del Despacho Presidencial; Wilson Pretel Mostacero, ex jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Rodolfo Ramírez Apolinario, ex secretario del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial; Rodolfo Idrogo Guevara, ex director de Comunicación Estratégica de la Presidencia, y otros.
Desde abril de 2021
Las fases de operación de la red
1. Financiamiento de la campaña electoral (A partir 11/04/2021)
De acuerdo al colaborador eficaz N°03-2022, entre los empresarios Alejandro Sánchez (S/500 mil) y Abel Cabrera (S/500 mil) y el alcalde de Anguia, Nenil Medina Guerrero (S/1 millón) aportaron, al menos, S/2 millones a la campaña de segunda vuelta de Pedro Castillo.
2. Copamiento de las instituciones públicas (A partir del 6/06/2021)
Desde que ganó la segunda vuelta, Castillo y sus allegados gestaron el copamiento de ciertas instituciones del Estado. Una vez instalado en Palacio de Gobierno- según el Ministerio Público- se consolidó como líder de la organización criminal. Y designó en puestos estratégicos “a sus amigos a pesar de no tener la experiencia necesaria para ejercer altos cargos públicos”.
3. Actos ilegales en contrataciones públicas (A partir del 29/07/2021)
El Ministerio Público establece que los integrantes del Buró Político- Sánchez, Cabrera y Medina Guerrero- tuvieron injerencia en designaciones en el Ministerio de Vivienda, a fin de que luego se apruebe una partida presupuestal de S/500 millones para ejecución de proyectos. Ellos habrían direccionado 34 de estas obras, causando un perjuicio al Estado de S/130 millones.
4. Captación de congresistas (A partir del 14/09/2021)
Por medio de Auner Vásquez Cabrera, uno de los coordinadores del Gabinete en la sombra, Castillo tuvo acercamientos con congresistas de la bancada de Acción Popular. Con ellos, según la fiscalía, materializó un acuerdo para tener votos que bloqueen su vacancia a cambio de la entrega de ministerios y direcciones.
5. Protección y encubrimiento de investigados (A partir del 23/11/2021)
Tras el cese de Bruno Pacheco, “se dio inicio a la modalidad de encubrimiento” de investigados, desaparición de indicios e “intimidación” de las autoridades que tenían la competencia de realizar las pesquisas.
Más información
La casa ubicada en el balneario de Asia, al sur de Lima, de propiedad del prófugo empresario Alejandro Sánchez Sánchez, fue utilizada entre noviembre de 2021 y octubre de 2022 por miembros de la organización criminal presuntamente liderada por el expresidente Pedro Castillo como “refugio”. Es decir, como un escondite para eludir a la justicia.
Este fue uno de los argumentos del Ministerio Público para obtener la autorización del juez Víctor Zúñiga para no solo allanar la propiedad, sino también incautarla con fines de decomiso a favor del Estado.
De acuerdo al Ministerio Público, en base a informes de Inteligencia de la PNP, en la vivienda del balneario de Asia, se ocultaron Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia, y Fray Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario. También fue utilizada por el propio empresario cuando en octubre pasado se le dictó una orden de detención preliminar.
El colaborador eficaz CE-03-2022 refirió que, en julio de 2021, Sánchez invitó al entonces presidente Castillo y “a sus más allegados”, entre ellos Abel Cabrera, Nenil Medina Guerrero, Fray Vásquez Castillo y otros “a una reunión de esparcimiento” en la referida casa.
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