Dina Boluarte tiene en sus manos cuestionada ley: todas las instituciones que rechazan norma sobre colaboración eficaz

La autógrafa de ley que afecta gravemente los procesos de colaboración eficaz ya está en manos del Poder Ejecutivo luego de ser aprobada - a fines de junio- por el Congreso, pese a los cuestionamientos del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General del Estado.

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Tras la decisión del Legislativo diversas voces piden que el Gobierno de Dina Boluarte que observe dicha ley. El Ejecutivo tiene hasta el 24 de julio para pronunciarse: puede observarla, como se lo piden distintos sectores e instituciones, o promulgarla sin escuchar los reclamos sobre los graves riesgos que tendría la ley en más de 200 procesos de delación en curso.

Si Boluarte observa la autógrafa, el Congreso debe evaluar los cambios planteados y puede aceptarlos o aprobar la redacción cuestionada por insistencia y promulgarla.

¿Qué instituciones se pronunciaron contra la norma?

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El 26 de junio, días después de que la norma fuera aprobada por el Congreso, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, pidió a la presidenta Dina Boluarte que observe la autógrafa de ley que aprobó el Congreso sobre la colaboración eficaz, dado que pone riesgo la eficacia y éxito de dicho proceso.

También se pronunció la procuradora ad hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión. La abogada del Estado para los casos ligados a Odebrecht y a otras constructoras advirtió -en diálogo con El Comercio- que hay más de 50 colaboraciones en marcha que se verían afectadas si el Ejecutivo promulga esta ley y no la observa, como ya han solicitado que se haga.

Silvana Carrión destacó que, a futuro, esta modificación no solo afectaría gravemente a las investigaciones de corrupción y lavado de activos de las que ella es parte, sino a todo proceso de crimen organizado donde la colaboración eficaz es una “herramienta potente”: desde el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la minería ilegal, hasta la delincuencia común organizada (robos, estafas, secuestros, etc.).

Previamente, en diciembre del 2021, cuando la Comisión de Justicia era presidida por la parlamentaria Gladys Echaiz (Renovación Popular) y el grupo había comenzado a evaluar el proyecto de ley, la Procuraduría General del Estado también remitió su opinión. Por ejemplo, señaló que la iniciativa carecía de “respaldo técnico” y que generaría “un sustancial debilitamiento” de la figura de la colaboración eficaz.

Revisa aquí el pronunciamiento de la PGE:

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Un mes antes, noviembre del 2021, el Ministerio Público también cuestionó la norma.

La Fiscalía de la Nación - entonces liderada por Zoraida Ávalos, recientemente inhabilitada por el Congreso - envió a Echaiz un informe en el que advierte que fijar un plazo para los procesos de colaboración eficaz “no resulta adecuado” debido a que las corroboraciones “dependen de la amplitud de las declaraciones [del colaborador eficaz] y de la información que progresivamente pudiera aportar”.

En el documento también se afirmó que dicho proyecto de ley no resultaba “viable” y que debería “ser archivado”. Sin embargo, casi dos años después, el pleno del Congreso lo aprobó.

Este es el documento que envió el Ministerio Público:

Además, en marzo de 2022, los fiscales que integran el Equipo Especial del Caso Lava Jato expresaron su preocupación por el proyecto aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso que reforma el proceso especial de colaboración eficaz.

A través de un pronunciamiento, señalaron que dicha reforma “afectará gravemente” la averiguación de la verdad en los casos de gran corrupción y lavado de activos en organizaciones criminales.

“Invocamos mesura en relación a las manifestaciones públicas de los representantes del Ministerio Público, que pretendan desacreditar al proceso de colaboración eficaz, que sirve como una herramienta de lucha contra la gran criminalidad organizada”, indicaron.

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El 3 de diciembre del 2021, el Poder Judicial, entonces presidido por Elvia Barrios, se sumó a los cuestionamientos.

Dicho poder el Estado advirtió que el proyecto “no tomó en consideración los plazos reales para obtener un acuerdo de colaboración aprobado judicialmente”.

Añadió que tampoco se “realizó un estudio detallado” sobre el procedimiento de colaboración eficaz y “sus alcances a la luz de la doctrina y jurisprudencia nacional”. Por tanto, el Poder Judicial advirtió que la norma es “no viable”.

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Otra institución que se opuso a la norma fue la Defensoría del Pueblo, durante la gestión internina de Eliana Revollar.

En septiembre de 2022, la defensoría consideró “preocupante que se insista con la idea de fijar un plazo de ocho meses” para la culminación del proceso de colaboración eficaz porque “dificultaría su eficacía” debido a la “premura con la que cual se tendrían que realizar las diligencias de corroboración”.

Además, remarcó que dicha figura ha “contribuido combatir organizaciones criminales” y que “es necesario evitar que reformas legislativas le impidan alcanzar sus fines”.

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Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, advirtió en un anterior informe de este Diario que no es posible fijar plazos ajustados, a los que también tendrían que adecuarse procesos complejos de corrupción o crimen organizado. Por tanto, la iniciativa legal apunta a desnaturalizar el procedimiento de colaboración eficaz.

Rotta reiteró que la colaboración eficaz es un instrumento relevante para detectar y desbaratar redes criminales. Por tanto, que cualquier caso actual en curso o los que se puedan detectar se verían afectados con los cambios propuestos. “No olvidemos que incluso en Lava Jato y Cuellos Blancos hay todavía negociaciones en curso. El universo de casos que se verían afectados es enorme”, alertó.

Por último, consideró que se trata de “una jugada” del Congreso “muy peligrosa y cuyo resultado podría ser la desactivación de los casos y, por tanto, la impunidad de líderes políticos que están siendo investigados”.

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Los exprocuradores César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia solicitaron a la presidenta Boluarte observar la norma por las graves consecuencias que acarrearía en términos de impunidad frente al crimen organizado en el Perú.

A través de una carta pública, los exabogados del Estado peruano recordaron que antes de la promulgación de la Ley de Colaboración Eficaz, la lucha contra la criminalidad organizada resultaba “frecuentemente infructuosa” debido a la dificultad para obtener información interna que permita su desmantelamiento y sanción.

Asimismo, indicaron que a lo largo de 23 años la norma y sus modificaciones han permitido “romper con décadas de impunidad” en el país pese a sus limitaciones, y mencionaron los casos Fujimori – Montesinos, Club de la Construcción, Los Cuellos Blanco del Puerto y Lava Jato.

Del mismo modo, Azabache, Ugaz y Vargas Valdivia calificaron de “inaceptable” que un Congreso con solo el 9% de aprobación y “enfrascado en un desmontaje institucional del país” pretenda neutralizar la ley de manera antitécnica para convertirla en un “instrumento simbólico”.

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Los congresistas Ruth Luque (Cambio Democrático), Raúl Huamán (Fuerza Popular), Héctor Acuña y Susel Paredes (No Agrupados) pidieron que el Poder Ejecutivo observe la norma que limita la colaboración eficaz, la cual fue aprobada el jueves 22 de junio con 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

Entre las bancadas que votaron a favor se encuentran las que tienen legisladores investigados por declaraciones de colaboradores eficaces: Acción Popular, Perú Libre y el Bloque Magisterial, por el Caso Los Niños.

Además, Fuerza Popular, que votó dividida, tiene a su lideresa, Keiko Fujimori, sometida a investigaciones en donde han intervenido colaboradores eficaces.