Acuerdo plenario de la Corte Suprema establece que ‘Ley Soto’ es inconstitucional y que jueces “no deben aplicarla”

El XII pleno jurisdiccional de las salas penales, permanente, transitoria y especial de la Corte Suprema de Justicia establece que la Ley 31751 aprobada por el Congreso de la República, más conocida como la ‘Ley Soto’, es inconstitucional y que los jueces “no deben aplicarla”.

Según el acuerdo plenario 05-2023/CIJ-112, la relación entre entidad del delito y complejidad de su esclarecimiento no puede verse “limitada irrazonablemente” por plazos breves, en este caso un año.

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Refirió que ante procesos en curso por delitos contra la administración pública, crimen organizado o económicos es obvio que no puede sostenerse que los plazos “pueden erigirse en motivo de olvido del hecho punible o que éste se convirtió en historia”.

Precisa que la declaración de prescripción importaría, a final de cuentas, una “causa irrazonable de impunidad con lesión de la justicia”, pues no da “oportunidad razonable” al sistema de justicia para detectar, esclarecer, juzgar y decidir si un ciudadano ha cometido un delito o no y, en su caso, imponer la sanción penal que corresponda.

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“La Ley 31751 es desproporcionada y, por consiguiente, inconstitucional. Por ello, los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución, no deben aplicarla; deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional –en este caso de la víctima”, subraya.

Como se recuerda, en mayo pasado, el Congreso aprobó, con el voto de 87 legisladores de distintas bancadas, la llamada ‘Ley Soto’ que modificó el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales.

La Ley No 31751 -que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal- reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales.

Tal como lo informó El Comercio, la polémica norma salvó de sus procesos al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), y a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular.

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Precisamente Soto Reyes votó a favor de la norma y se acogió a la misma, pues permitió la prescripción de un proceso en su contra por el presunto delito de estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco.