El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda interpuesta por la presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, y otros, en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, por omitir el reconocimiento y garantía del derecho a la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas registradas en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
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“Se admite a trámite la presente demanda de acción de amparo, interpuesta por presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas y otros, contra Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos y otro [...] Con conocimiento del señor Procurador Publico a cargo de los asuntos Judiciales del Ministro de Justicia y Derechos Humanos”, indica la resolución.
La coordinadora del GREF, Maria Esther Mogollón, consideró esto como una “noticia muy importante” en el proceso de lograr las reparaciones de las víctimas.
“Esta es una noticia muy importante que resume intensos esfuerzos para lograr las reparaciones integrales para las víctimas de esterilización forzada. Se convertirá en acto de justicia, cuando se implemente. Estamos vigilantes ante el proceso y los tiempos que debe cumplir el Ministerio de Justicia, que ha tenido mucha resistencia a cumplir con el derecho a la reparación de las víctimas”, señaló.
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La demanda fue presentada el pasado 14 de abril en Lima y busca que se dé cumplimiento del derecho constitucional a la reparación, ante la considerada omisión del Ministerio de Justicia de reparar integralmente a las víctimas de esterilización forzada agrupadas en la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada (AVEF) e inscritas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada – REVIESFO.
Además, exhorta al sector de Justicia a brindar las correspondientes garantías para la participación efectiva y coordinación con las asociaciones de víctimas y las organizaciones para el diseño, creación e implementación de esta política de reparaciones.
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Por su parte, Rute Zuniga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), indicó que ella y su organización no se van rendir en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.
“Con la admisión de esta demanda, por fin, luego de 20 años, el Estado parece escucharnos. Ahora necesitamos que se implemente las reparaciones y pueda hacerse cargo de los gastos médicos que provocó la política de Estado, y no solo ello, sino también con las reparaciones correspondientes a la educación de sus hijos e hijas de las víctimas. Muchos de ellos ya terminaron la secundaria y no recibieron una educación por parte del Estado”, indicó.
Finalmente, Ana María Vidal, abogada de Demus, exhortó al Poder Ejecutivo a cumplir con el derecho a la reparación.
“Esperamos que el Poder Ejecutivo responda al Poder Judicial en la línea de la declaración de la primera ministra, Violeta Bermúdez, y cumpla con el derecho a la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas, para lo cual puede aplicar la Ley N°31119 o crear e implementar, siempre en consulta con las víctimas, un plan integral de reparaciones, el Ejecutivo tiene estas dos opciones, lo que no puede hacer es seguir omitiendo este derecho ni seguir discriminando a miles de víctimas”, refirió.
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