El Poder Judicial dispuso, entre el 2020 y 2021, a través de sentencias dictadas por el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, la recuperación a favor del Estado de 150 millones de soles, en procesos por criminalidad organizada, corrupción y otros delitos.
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En lo que va del 2021, la autoridad judicial señaló que se han impuesto 59 sentencias que lograron una recaudación o retorno valorizado en 8 millones 377,159.36 soles; además, del aseguramiento de 401 medidas cautelares que representan igualmente un ingreso futuro.
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En tanto que en el 2020, durante el tramo más crítico de la pandemia ocasionado por el COVID-19, se lograron 68 sentencias, que permitieron un retorno al erario público valorizado en 140 millones 701,941.59 soles; además del aseguramiento de 458 medidas cautelares.
“El Subsistema Especializado en Extinción de Dominio nos ha permitido recuperar una significativa cantidad de bienes patrimoniales que permiten reforzar al sistema de justicia y sus integrantes, pero del mismo modo minimizar los efectos adversos del delito”, señaló.
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Pedro Castillo
Las cifras fueron dadas por la titular de ese poder del Estado, Elvia Barrios, al presentar a la comunidad jurídica nacional, en una intervención virtual desde Tacna, el Manual de Extinción de Dominio, un documento elaborado con rigor científico en coordinación con la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos y el Poder Judicial.
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Al respecto, indicó que el documento desarrolla institutos como la publicidad y reserva de la indagación patrimonial, la buena fe y la carga dinámica de la prueba en extinción de dominio, así como la actividad probatoria en este tipo de procesos e instituciones procesales conocidas de otras áreas jurisdiccionales.
La presidenta del Poder Judicial recordó que el Perú adoptó una legislación relativamente nueva para abordar los casos de extinción de dominio, en el marco de compromisos internacionales para enfrentar el crimen organizado, porque la legislación anterior tenía diversas falencias e imprecisiones que generaban dificultades en los operadores del sistema de justicia, para recuperar los bienes o ganancias provenientes de actividades delictivas.
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