La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, rechazó este jueves las declaraciones del procurador anticorrupción Javier Pacheco, quien afirmó en la víspera que hay indicios que señalan que ella sería parte de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Las imputaciones del procurador hacen referencia a un informe que elaboró sobre la titular del Ministerio Público y que fue remitido a fines de noviembre a Daniel Soria, entonces titular de la Procuraduría General del Estado (PGE).
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Sin embargo, la PGE le solicitó días después que brinde información y documentación complementaria, lo que fue cumplido el 21 de enero. Poco después, cuando Daniel Soria estaba en proceso de evaluación del informe para definir si ameritaba una denuncia, fue cesado de su puesto por el gobierno de Pedro Castillo.
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En una entrevista con Willax el último martes, Javier Pacheco afirmó que en su informe “hay indicios reveladores” de que Ávalos sería parte de la presunta organización. “Hay suficientes evidencias. Nosotros llevamos 400 páginas de evidencias, de indicios que así lo acreditan”, declaró. Si bien no detalló esas evidencias al asegurar que son reservadas, dijo que “hay aspirantes a colaboradores eficaces que señalan eso”.
La respuesta de Ávalos
“Lamento la poca seriedad de ese funcionario, que con sus declaraciones lo único que pretende, de alguna manera, es desvirtuar o generar desconfianza de la ciudadanía hacia la Fiscal de la Nación y hacia la institución que representó”, replicó al día siguiente Zoraida Ávalos.
En declaraciones a RPP, Ávalos atribuyó las afirmaciones de Pacheco a “una narrativa” que apunta a “traerse abajo la investigación Cuellos Blancos y muchas de las investigaciones que tenemos en este Ministerio Público”. “Yo también puedo salir y llevar un expediente de 500 páginas y decir que tengo pruebas contra tal o cual persona, ¿pero qué evidencia tiene?”, dijo.
“¿Cómo puedo decir que yo soy miembro de la organización criminal Cuellos Blancos cuando es de público conocimiento que yo he denunciado a jueces supremos, fiscales supremos, miembros del CNM?” (…) ¿Cómo puedo ser miembro de la red cuando yo les he denunciado?, cuestionó.
El Comercio contactó a la oficina de comunicaciones del procurador Javier Pacheco para conocer más detalles sobre su informe y sus evidencias. La respuesta fue que no iba a dar más declaraciones.
La ruta del informe
En su entrevista del martes, Javier Pacheco también aseguró que, si bien él elevó su informe a Soria, este “no hizo nada”. Según pudo conocer El Comercio, el procurador envió el documento sobre Zoraida Ávalos el 30 de noviembre. Se trató básicamente de una recopilación de artículos periodísticos y entrevistas sobre supuestos lazos entre la fiscal y personas vinculadas al Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Entre estas notas están declaraciones de la exfiscal Rocío Sánchez, quien fue separada el equipo especial del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto tras conocerse que se había reunido en el 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra, así como artículos que hacen referencias a declaraciones de personajes como José Cavassa, implicado en la trama judicial.
El 14 de diciembre, el informe fue respondido por la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal de la PGE, que le solicitó a Pacheco información y documentación complementaria con carácter de urgente. El viernes 21 de enero, más de un mes después, Pacheco respondió con un documento de 6 páginas en el que remitía la información que consideró complementaria.
Consultado al respecto, la defensa legal de Daniel Soria calificó la afirmación de Pacheco tiene una “evidente falsedad”. Según dijo el abogado Joseph Campos, se le pidió al procurador Pacheco esa información complementaria para poder hacer una revisión integral del caso y recién a partir de que este la envió a fines de enero, pudo comenzar a evaluarse la denuncia. En medio de esa evaluación, el 31 de enero, Soria fue cesado.
“Una acusación tan seria tiene que ser sustentada, sobre todo porque era competencia de la PGE hacerla. En la evaluación de esta situación es que ocurre la remoción ilegal del procurador Daniel Soria. No es verdad que ha sido en noviembre, sino que apenas siete días antes de que lo remuevan, [Pacheco] recién remite la información”, dijo Campos a El Comercio.
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“Lo que un funcionario competente y responsable debe hacer es no denunciar sobre la base un informe, sino buscar la información que lo sustente y lo complemente”, agregó.
Opiniones
El exprocurador Antonio Maldonado dijo ver con “desconfianza” la acusación hecha por Javier Pacheco, ya que al ser un tema delicado y ante la ausencia de un procurador general del Estado, este pudo recurrir a la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos o al propio Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema antes que a la prensa.
“Esta información la saca, en esa forma, en un contexto en el que me parece que lo se está ofreciendo es él, Pacheco, como procurador general del Estado. En un contexto con un Congreso puesto en hostilidad a la Fiscal de La Nación. Incluso no creo que el Ejecutivo esté muy contento con ella”, opinó.
Rpp-cerron
Maldonado consideró que, si cuenta el tiempo que corrió desde el 30 de noviembre o el del 21 de enero, Daniel Soria aún estaba dentro del plazo para evaluar la denuncia, sobre todo si –como dice Pacheco- tenía 400 páginas y era tan contundente.
El abogado penalista Carlos Caro indicó que, a nivel del Ministerio Público, el único que podría eventualmente investigar a Zoraida Ávalos por las acusaciones hechas por el procurador Pacheco es el fiscal supremo Pablo Sánchez. Coincidió en que el propio Pacheco podría recurrir directamente a la Fiscalía de la Nación y a la Junta Nacional de Justicia, pero que esta ve solo temas administrativos y disciplinarios.
“Pacheco hace una imputación penal (…) Es una imputación bastante seria, es un tema que tendría que investigar solo la Fiscalía de la Nación”, comentó. También dijo que la declaración de un colaborador eficaz, a la que se refirió el procurador, alcanza para iniciar una investigación preliminar y agregó que el tema también podría verse con una acusación constitucional ante el Congreso.
Ministro del Interior Alfonso Chávarry
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