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Una licitación cuestionada en el Ministerio de Cultura

Otorgan buena pro a empresa vinculada a viceministro. La titular del sector, Patricia Balbuena, aseguró que, tras detectar nexo, el proceso fue anulado y se pidió renuncia al funcionario

Patricia Balbuena

La ministra Patricia Balbuena reiteró que el Estado peruano no desembolsó ni un sol porque se anuló la buena pro. (Foto: Archivo El Comercio)

El viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, Luis Villacorta Ostolaza, renunció el jueves pasado, tras descubrirse que la empresa que fundó y dirigió ganó un proceso de selección del Ministerio de Cultura por un servicio valorizado en poco más de 350 mil soles.

La empresa involucrada es Arqueo Andes S.A.C., que el pasado 15 de noviembre obtuvo la buena pro para realizar evaluaciones arqueológicas y expedientes técnicos de monumentos, con la finalidad de comprobar que no vayan a ser afectados por el próximo Rally Dakar.

Arqueo Andes S.A.C. fue fundada en el 2009 por Villacorta, quien estuvo a cargo de la gerencia general de esa empresa hasta mayo pasado, cuando asumió el Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales.

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, confirmó los hechos a El Comercio y aseguró que “se detectó el caso a tiempo”.

“El caso es real. La empresa que fue gerenciada por el viceministro participó en el proceso y se la declaró ganadora. Pero no se le ha adjudicado el contrato. Nosotros declaramos la nulidad del proceso. No hubo un sol de desembolso del Estado a esa empresa porque se detectó el caso a tiempo”, dijo.

“El comité de selección nos informó del ganador, pero el área administrativa revisó y detectó que esa empresa tenía vínculos con el viceministro. Inmediatamente pedí que se revisara todo el expediente y al día siguiente declaré la nulidad del proceso”, agregó.

Villacorta no fue destituido. Él renunció al viceministerio, según quedó registrado en la resolución del Ministerio de Cultura 014-2018, publicada en el diario oficial “El Peruano” el último jueves. La ministra aseguró que “[pedirle la renuncia] era lo más rápido posible que podía hacer en ese momento”.

“Yo estaba indignada. Él me presentó su renuncia e inmediatamente la elevé. No le di ni las gracias, como se puede ver en la resolución. Fue un tema de reacción […] no me une ningún vínculo de amistad con él. La primera vez que lo vi fue cuando lo entrevisté para el cargo”, dijo.

Por este caso, el Ministerio de Cultura destituyó al director general de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Carlos Ausejo Castillo, e inició un procedimiento administrativo a Villacorta y otros involucrados, según detalló la ministra. “Seguimos investigando hasta que la Oficina de Control Interno (OCI) determine las sanciones”, dijo.

Villacorta informó a este Diario que no daría declaraciones, pero remitió a comentarios que publicó en su cuenta en Facebook.
“Quedé totalmente desligado de las acciones y decisiones de la referida empresa [desde mayo]”, escribió.

“En aras de la mayor transparencia [...] he presentado mi renuncia irrevocable”, agregó.

— Propone interpelación—
El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) prepara un pedido de interpelación a la ministra de Cultura porque “tiene responsabilidad política” en este caso, informó a El Comercio.

“¿Este gobierno no levanta la bandera de la lucha contra la corrupción? Ya estoy preparando el pliego de preguntas. Me comunicaré con algunos parlamentarios porque se necesitan 18 firmas [para presentar el pedido de interpelación]”, detalló.

“He sido ministro y sé que los viceministros son de nuestra confianza. Que un viceministro alegremente le otorgue a su empresa hacer un estudio de casi 400 mil soles, y luego solo renuncia y anulan el contrato. ¿Ahí queda todo?”, agregó.

Al ser consultada por la propuesta de Velásquez, la ministra aseguró: “Es el derecho de los señores congresistas pedir la interpelación, pero considero que esto no lo amerita”. 

—Claves—
Christian Guzmán Napurí, especialista en derecho administrativo y contrataciones del Estado, sostuvo que aunque Villacorta estuvo a cargo de la empresa hasta mayo, “sea como sea, seguía vinculado a ella”.

 “Si bien es cierto no existe un impedimento específico de contrataciones, la Ley del Código de Ética de la Función Pública prohíbe el conflicto de interés. Y acá estamos frente a una lógica de conflicto de interés”, señaló.

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