La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles para que la subcomisión a cargo de revisar denuncias constitucionales investigue y presente su informe respecto a tres denuncias constitucionales declaradas procedentes, incluyendo la que se planteó contra el expresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.
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En primer lugar y por unanimidad (27 votos), la comisión otorgó ese plazo a la denuncia constitucional 75 de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exjuez supremo César José Hinostroza Pariachi por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal.
Como siguiente punto en la agenda, se aprobó con 16 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones el plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final sobre la Denuncia Constitucional 132, formulada por la fiscal de la Nación, contra Manuel Merino en su condición de expresidente del Congreso que asumió por seis días la presidencia de la República.
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Votaron en contra la mayoría de congresistas de Fuerza Popular (menos Ernesto Bustamante), Edwin Martínez de Acción Popular, y se abstuvieron miembros de Acción Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Roberto Chiabra (Alianza Para el Progreso).
También se incluyó en este caso al expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Araoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo. Todos fueron acusados como presuntos autores, por omisión impropia, del delito de homicidio, en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, por lesiones graves y leves de los heridos durante las protestas ocurridas en el mes de noviembre del 2020.
En tercer lugar, y con solo 1 voto en contra (Elizabeth Taipe de Perú Libre), se aprobó otorgar ese mismo plazo a la Denuncia Constitucional 201, formulada por la congresista de la República Patricia Chirinos Venegas, contra el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzáles por la presunta comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal, previstos en los artículos 151 y 385 del Código Penal, respectivamente; y presunta infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú.
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Este caso es por la presunta injerencia que habría ejercido en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas en el 2021, tras las versiones que brindaron excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) luego de haber sido pasados al retiro.
En la misma sesión de la Comisión Permanente se aprobó el archivo de diversos casos, incluyendo una acusación hecha por un grupo de trabajadores del Congreso contra Mirtha Vásquez en su calidad de expresidenta del Congreso, así como otros miembros de su Mesa Directiva.
También fueron archivadas acusaciones contra el excongresista Jorge del Castillo, y las denuncias de Zoraida Ávalos contra César Vásquez y Javier Velásquez Quesquén.
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