Quienes sostienen que el Estado debería tener una empresa petrolera de su propiedad a menudo argumentan que esa es una práctica común en la región.
Anthony Laub, sin embargo, explica que los casos de Petrobras, PDVSA y Enap muestran que este tipo de empresas tienden a tener malos resultados.
La excepción, según Laub, sería Ecopetrol, que tendría un sistema de gobierno corporativo muy distinto al de Petro-Perú.