Dice el refrán que “nadie sabe para quién trabaja”. En la Municipalidad de Lima, sin embargo, parece suceder lo contrario: ahí nadie sabe quién trabaja para ella.

Resulta difícil entender de otra forma cómo así ocurrió que durante siete meses una empresa privada (Relima) estuvo entrando y saliendo todos los días a hacer la limpieza del mercado de Santa Anita –lo que implica mover diariamente 45 toneladas de basura– sin que aparentemente nadie la hubiera contratado para ello. El grupo creado dentro de Emmsa (la empresa municipal encargada de administrar el mercado) para averiguarlo no ha podido encontrar a nadie que hiciese la contratación: en palabras del actual gerente general de la empresa, Rafael Gómez, “no se ha podido determinar quién llamó a Relima”. Y fuera del informe de este grupo, lo único que parece haber es un juego del gran bonetón. Por ejemplo, Ricardo Giesecke, el entonces presidente de Emmsa, niega haber sido quien llamó a Relima, afirma que había sido más bien el gerente de la municipalidad y actual presidente de la empresa municipal, José Miguel Castro, quien lo había hecho, mientras que el antes mencionado Rafael Gómez desmiente tajantemente estas afirmaciones: “Es risible”.

El asunto además se complica cuando se advierte que la ley manda que estos contratos se adjudiquen por licitación pública, permitiendo, en su defecto, que haya adjudicaciones directas solo cuando existe un peligro inminente de desabastecimiento y siempre y cuando no duren más de tres meses. En este caso, en cambio, no solo sucede que no hubo licitación pública, sino que, si es que hubo adjudicación “a dedo”, además de que no se encuentra de quién fue el dedo adjudicador, se violó por más de cuatro meses el plazo que este tipo de adjudicación puede durar.

Sea como fuere, lo que sí está fuera de duda son las facturas que periódicamente fueron enviadas por Relima a la empresa municipal por un total de casi S/.4 millones y que se almacenaron ahí, ignoradas, hasta que en febrero de este año la empresa privada envió una carta a Emmsa conminándola a pagar su deuda y amenazándola con suspender el recojo de las 45 toneladas diarias en caso no lo hiciese. Entonces empezaron las preguntas y los informes internos constatando una situación inverosímil. Así, leemos en el informe 002-2013-GO: “Se advierte que nuestra institución carece de un vínculo contractual que respalde el servicio de recojo y disposición final de residuos efectuado por Relima []. No hay términos de referencia que permitan supervisar el servicio”. Lo que en buen cristiano quiere decir: “Como no tenemos contrato con ella, no sabemos por qué Relima nos ha limpiado el mercado durante siete meses ni tenemos de dónde agarrarnos para discutirle las condiciones en que se prestó este servicio”.

Pues bien, más allá del papelón, ¿de dónde viene el daño para la ciudad de esta situación? El daño viene del tamaño de las facturas que emitió Relima a la empresa municipal, las mismas que presentan montos aparentemente mucho mayores a los usuales para este tipo de servicio y que, ante la ausencia de contrato, a Emmsa le será bastante difícil discutir.

Pese a todo, sin embargo, el daño mayor acaso venga del miedo que debe producir en la ciudadanía limeña el constatar una vez más que su municipalidad avanza como un barco fantasma, donde nadie sabe muy bien quién mueve qué y donde, en cualquier caso, las cosas que se mueven lo hacen en sentidos que resultan inasequibles para una lógica humana. Después de todo, ¿sabe usted qué hizo en abril de este año la empresa municipal luego de recibir la carta de cobro de Relima y de tomar conciencia de las abultadas facturas cuyo monto dice que discutirá “en una conciliación o arbitraje”? Pues alegar riesgo de desabastecimiento indirecto para realizar una adjudicación directa (aunque ahora sí con documentos) por noventa días a la misma Relima. Noventa días que vencieron el 17 de julio, cuando fueron renovados por el mismo lapso, con el mismo método y a la misma empresa.