(Editorial) Campaña VIP

Las explicaciones de la alcaldesa de Lima con respecto al origen de los fondos con los que está sustentando su cada vez más costosa campaña siguen siendo desconcertantes. Su respuesta, ahora que ha contratado veinte torres unipolares con sus respectivos paneles, se puede resumir en dos partes. La primera: hay personas de buena voluntad (como “un coordinador de Somos Perú”) que se le acercan a regalarle estas cosas. La segunda: en realidad, la que sabe es Anel. Ninguna de las dos es satisfactoria, teniendo en cuenta que ya en enero la señora Townsend ofreció que “en el más breve plazo” haría pública la lista de donantes de su campaña y que hasta hoy se sigue a la espera de esta información (que ahora ha sido prometida para el 18 de marzo). Algo que solo se vuelve más desconcertante cuando se recuerda que antes de hacer esta oferta incumplida la señora Townsend no supo justificar bien de dónde había salido el dinero que posibilitó asegurar la contratación de su lujoso publicista (solo hizo una vaga alusión al ex ministro Salomón Lerner, quien luego se negó a dar explicaciones al respecto).Y más todavía, cuando se considera que la cifra que después dio la señora Townsend para esta contratación no parece muy verosímil como precio de mercado para los servicios de una empresa publicitaria internacional tan importante como la del señor Favre. Puede, desde luego, que la empresa brasileña haya decidido darle un muy buen descuento a la causa de la señora Villarán pero, si ese es el caso, interesa saber por qué. Hay que recordar, después de todo, que esta empresa está ligada a varios otros negocios de su misma nacionalidad que a la fecha tienen grandes contratos con la Municipalidad de Lima y son, sin duda, aspirantes a tener muchos más.

Esta falta de claridad, por otra parte, puede dañar la causa de la señora Villarán más que cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, de las cabezas de la revocación nadie parece esperar transparencia: entre otras cosas, este Diario ha publicado la transcripción de un audio del que se traslucía que un congresista del partido del ex alcalde limeño (y eventual aspirante a reemplazar a Villarán) era financista de la campaña por la revocación. El activo principal de la alcaldesa, en cambio, es su imagen de honestidad y juego limpio. Sería una dura paradoja que sea justamente su campaña publicitaria la que venga a acabar con él.

QUE PASE EL REY La revelación de que los vehículos asignados al despacho presidencial tienen multas impagas por infracciones de tránsito que suman S/.136.852 (y que las de los autos de las diferentes entidades estatales suman casi S/.300.000) es indignante. No debe haber resultado sorpresiva, sin embargo, para los miles de peruanos que diariamente son arreados en las calles limeñas por esas prepotentes caravanas con circulinas que se mueven cerrando calles y gritando por sus parlantes: “¡avance!, ¡avance!, ¡avance!”. Ciertamente, no parece haber sorprendido al director de la Policía Nacional, quien con franqueza ha dicho que “no se pagarán las papeletas” porque “ese pago iría en contra de los intereses nacionales”.

Para nosotros resulta incomprensible qué puede tener que ver con los intereses nacionales que nuestras autoridades tengan derecho a no detenerse antes de las áreas de intersección de calzada, a estacionarse en lugares prohibidos o a transgredir los límites de velocidad (algunas de sus infracciones más repetidas). Si se trata de su interés en llegar rápido a donde van, pues entonces el interés nacional también tendría que permitirles empujar a los peatones que tengan delante cuando caminan en las veredas. Después de todo, lo que fundamenta las normas de tránsito son también derechos de terceros: concretamente, el interés por salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad de quienes circulan por la vía pública, además de sus bienes. No porque sea oficial frena mejor el auto que va a 160 kilómetros por hora en una avenida. Si se trata, por otra parte, de la seguridad de nuestros funcionarios, la pregunta sería por qué ella les autoriza a poner en riesgo la de los demás. Sobre todo habida cuenta de que ya hace muchos años en el Perú no hay una amenaza terrorista especial tras los pasos de nuestras autoridades (ni, ciertamente, de los edecanes presidenciales, que parecen estar entre los más embalados de nuestros funcionarios). Por otro lado, tampoco se entiende cómo estacionarse en las áreas prohibidas ayudaría a protegerse de esta amenaza.

Lo más grave, por lo demás, y sin restarle a todo lo anterior, es el símbolo. Lo que estas actitudes dicen de la forma en la que ven el poder muchos de quienes están en él: como algo que te autoriza a saltarte la cola. Una idea desatinada, por decir lo menos, cuando, como sucede en las democracias, la cola es la que te puso ahí y quien paga tu sueldo.