(Editorial) A correr la ola

Hoy rescataremos el récord alcanzado por nuestro país que parece va a moldear el rumbo que tendrá la actividad económica: los industriales invirtieron un monto de US$7.360 millones en el 2012, lo que representa un incremento de 8,3% respecto al año anterior y que fue destinado a compras de maquinaria y equipos en casi un 80%. Ahora bien, es muy importante notar que los inversionistas no destinarían miles de millones de dólares en renovar o ampliar sus capacidades productivas si no fuese porque confían en que se vienen buenos tiempos y porque eso los anima a apostar por el mediano o largo plazo.

No es casual, después de todo, que el presidente de la Confiep resalte que el Perú tiene las mejores condiciones en América Latina para atraer inversiones. Y tampoco es coincidencia que –según la encuesta International Business Report de la auditora Grant Thornton– el Perú es el segundo país más optimista del mundo y un 63,1% de los empresarios planea invertir este año más de lo que invirtió en el 2012.

Y, por lo menos desde la orilla de los consumidores, la apuesta de los empresarios parece bastante segura: para el 2013, según el BCR, un 48% de ellos cree que su situación económica estará mejor y un 40% que se mantendrá igual, cosa que, sin duda, tendrá un impacto positivo sobre el consumo.

Así, la confianza de vendedores y compradores –salvo que llegue alguna imprevista hecatombe económica– puede llevar a una suerte de feliz profecía autocumplida. Y es que la expectativa de progreso incentiva a la gente a invertir y comprar, lo que a su vez, efectivamente, termina generando progreso.

En pocas palabras, en el mar de la economía se viene formando una ola de expectativas muy favorable para el crecimiento. Ahora, hay por lo menos cuatro temas en manos del Estado de los que depende qué tan bien los peruanos vamos a poder correrla.

En primer lugar, debe mantenerse la estabilidad macroeconómica de que la que venimos gozando hace ya varios años. Esta es la gran conquista de la economía peruana. De hecho –según el último índice de libertad económica publicado por los institutos Fraser y Cato–, la estabilidad monetaria es la principal fortaleza de nuestro país en lo que a protección de libertades económicas se refiere.

En segundo lugar, debería cerrarse la enorme brecha de infraestructura que asciende a US$87.975 millones para el período 2012-2021. La dificultad para movilizar mercancías de un lado al otro del país hace menos rentables las inversiones y, por tanto, restringe la creación de riqueza.

Por otro lado, es absurdo que un Estado que quiera fomentar el desarrollo empresarial obligue a los negocios a correr con pesas que él mismo les amarra a los tobillos. Deberían, en ese sentido, eliminarse los obstáculos legales a la inversión, principalmente las trabas burocráticas, la complejidad y el excesivo costo del sistema tributario, y la inflexible legislación laboral. No es posible, por ejemplo, que ocupemos los puestos 85 y 86 de los 185 países estudiados por el reporte Doing Business en lo que toca a facilidad para pagar impuestos y obtener permisos de construcción respectivamente.

Finalmente, la reforma del Poder Judicial es clave. Esta institución es la que debería asegurar que se cumplan los contratos y que se respeten las reglas de juego. Pero, lamentablemente, nuestro servicio de justicia lo único que asegura son interminables demoras y resultados impredecibles. Según el Global Competitiveness Report, el Perú ocupa el deshonroso puesto 119 de 142 países en lo que respecta a independencia judicial. Y según la Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción de Pro Ética e Ipsos Apoyo, en el 2012 el Poder Judicial era considerado la primera institución más corrupta del país.

La ola está lista para ser corrida. Depende del Estado, principalmente, qué tanto la aprovechemos.