(Editorial) ¿Costumbres de casa?

Recientemente aprobada, la Ley del Servicio Civil puede terminar siendo la reforma más importante de este gobierno. A través de ella, se ha creado la posibilidad de incorporar a más de 502.000 trabajadores estatales a un sistema que los evalúa periódicamente, que premia a quienes obtengan mejores resultados y en el que se separa a aquellos que no realizan un trabajo satisfactorio. Se trata, en buena cuenta, de una reforma pensada para que los servidores públicos hagan honor a su nombre y sirvan mejor al público por el que se justifica su existencia. Por eso, hay que celebrar que, finalmente, un gobierno haya tenido la decisión y valentía necesarias para comprarse este pleito tan importante.

La bancada de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA), no obstante, ha anunciado que presentará una acción de inconstitucionalidadhttps://elcomercio.pe/actualidad/1601756/noticia-ley-servicio-civil-oposicion-alista-accion-inconstitucionalidad contra la mencionada ley, pues alega que violaría diversos derechos de los trabajadores estatales. Es difícil encontrar pies o cabeza a esta acusación, pues, en primer lugar, el nuevo régimen es voluntario. Es decir, los empleados públicos tienen la libertad de elegir si incorporarse a él o simplemente mantener sus actuales privilegios. ¿Cómo va a violar los derechos de un trabajador una ley que solo le ofrece más opciones y posibilidades?

Ahora, vale la pena detenerse a analizar las objeciones que ha planteado la bancada de AP-FA porque revelan algo muy importante: los valores que están dispuestos a defender sus miembros.

Según la congresista Verónika Mendoza, la Ley del Servicio Civil sería inconstitucional porque establece la posibilidad de despedir a un servidor público bajo el supuesto de que se eliminara su cargo por considerarse prescindible. Qué particular resulta la concepción de la carrera pública para la parlamentaria Mendoza. Según ella, por lo visto, no existe problema con que se obligue a los ciudadanos a financiar con sus tributos servicios que no se necesitan.

Por ejemplo, según la visión de la congresista, si una institución pública decide permitir que sus trámites se realicen por Internet y, en consecuencia, requiere menos personal que atienda a los ciudadanos personalmente, no debería tener la opción de despedir a los servidores que ya no tienen una labor que cumplir. En cambio, la institución debería mantener sus ventanillas inútilmente abiertas y a los trabajadores calentando sus sillas a pesar de que ya no tengan a quien atender. ¿Por qué, entonces, estaríamos pagando a estas personas? ¿Por mirar el vacío o por jugar solitario en sus computadoras?

Veamos otro caso que incomodaría a la congresista. Para ahorrar costos al público y brindar un servicio más eficiente, el Estado encuentra conveniente fusionar dos entidades. Si la nueva institución mantuviese la totalidad del personal de las entidades fusionadas, naturalmente, duplicaría innecesariamente varios cargos y funciones. Por ejemplo, contaría con dos gerentes generales, legales o financieros. Pero para la congresista Mendoza esto no sería un inconveniente, pues la palabra Estado para ella es sinónimo de beneficencia.

La bancada AP-FA también cuestiona que la Ley del Servicio Civil divida al personal en cuatro categorías y solo ofrezca oportunidad de ascenso a dos de ellas. Así, presenta esta novedad como una arbitraria discriminación.

Sin embargo, ¿se habrá fijado la bancada en que las dos categorías a las que no se les ofrece posibilidad de ascenso son a las de trabajadores que desaprueban su evaluación y a las de quienes tienen un rendimiento tan bajo que se los sujeta a observación? Increíblemente, para este grupo de congresistas, el funcionario que hace una pésima labor debería tener las mismas posibilidades de ascender que el que realiza un estupendo trabajo.

Para ser sinceros, solo existen dos explicaciones por las que los congresistas de AP-FA podrían estar tan empecinados en defender la causa de que sigan en sus puestos aquellos funcionarios que ya no son necesarios o que realizan un mal trabajo. La primera, populismo: ganarse los votos de esos grupos de trabajadores, sin importar el costo que signifiquen para el resto de peruanos. La segunda, porque, a lo mejor, esa es la forma en que eligen a los líderes en sus partidos y solo estarían defendiendo las costumbres de casa. Esto último, qué duda cabe, explicaría mucho.