(Editorial) En defensa de un silbato

Mañana los cancilleres de los estados miembros de la OEA se reunirán en Washington para deliberar sobre las reformas propuestas por varios de sus países respecto, principalmente, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH.

Estas propuestas surgieron fundamentalmente del presidente Correa, pero luego han tenido una serie de adhesiones (incluida, inexplicablemente, la nuestra). Lo que plantean es un “fortalecimiento” de la CIDH. Para ello, sugieren entre otras cosas que todas sus relatorías adjuntas pasen a ser “plenamente” financiadas por la OEA a través de su presupuesto ordinario.

Si lo anterior suena bien, ello es solo una muestra de lo consumados que pueden ser nuestros diplomáticos como artistas del disimulo. El diablo acá está donde acostumbra: en los detalles. Porque resulta que la RELE obtiene hoy todo su presupuesto de donaciones voluntarias que recibe y que son diez veces más grandes que lo otorgado por la OEA a la relatoría a la que mayores fondos asigna (la organización financia a ocho de sus diez relatorías). Con lo que si se fuerza a la RELE a ser “plenamente” financiada por la OEA, lo que podemos esperar es que se acabe recortando su presupuesto a un décimo del actual. Es decir, “fortalecerla” en el mismo sentido que “fortalece” quedarse sin gasolina.

Es verdad que la propuesta no pide únicamente que la OEA pase a darles fondos directamente a todas sus relatorías, sino también un mayor compromiso de los miembros para que las relatorías puedan cubrir todas sus necesidades. Pero es poco creíble que esto último suceda, habida cuenta de que ello implicaría que los países miembros eleven sus aportes a la organización en la misma medida y de que una labor central de las relatorías es precisamente hurgar en –y cuando es necesario, denunciar a– estos países.

Tanto nuestro canciller, Rafael Roncagliolo, como nuestro representante en la OEA, Walter Albán, han anunciado, en medio de saludos a la bandera de la libertad de expresión, que mañana en la Asamblea General ratificarán el apoyo peruano a esta reforma. El señor Albán, es cierto, ha dado una excusa que a primera impresión parece razonable: “No se quiere –ha dicho– que puedan haber financiamientos condicionados que puedan afectar la autonomía de los órganos del sistema”. Es decir, que se quiere asegurar que todo el trabajo de la RELE responda al “plan institucional previamente aprobado de la CIDH”.

Se requiere muy poco análisis, sin embargo, para que esto se revele solo como una excusa que quiso ser astuta pero no lo consiguió. Las donaciones a la RELE son todas públicas, por lo que es muy fácil que cualquier sesgamiento en sus informes posteriores pueda ser notado y denunciado públicamente. Por otro lado, si se trata de impedir que la relatoría pueda recibir donaciones para proyectos no contemplados en el mencionado “plan institucional”, ¿no hubiera bastado con prohibir únicamente las donaciones dirigidas a este tipo de proyectos?

Es evidente que acá se está cortando por lo sano y no por accidente: lo que quieren el presidente Correa y la mayoría de sus socios con esta maniobra es acabar con las posibilidades de la RELE para seguir denunciándoles en extenso. No en vano el año pasado llegaron a proponer que la RELE no pudiera publicar sus informes sobre los diferentes países sin la previa aprobación de cada Estado.

También ha dado nuestro representante en la OEA el argumento de la igualdad de los derechos humanos. ¿Por qué tendría que permitirse que la protección de un derecho humano tenga más recursos que la de los demás? Parece olvidar así el señor Albán que esos fondos adicionales no los está consiguiendo la RELE a costa de nadie más: sus donantes se los dan a ella porque creen en su trabajo y en su causa. Y olvida también, claro, que sí hay una razón de fondo para esta predilección de muchos donantes: si bien todos los derechos humanos son igualmente importantes, el de la libertad de expresión tiene el valor estratégico particular de servir para proteger a todos los demás. La libertad de expresión, no lo olvidemos, es el silbato por el que las víctimas pueden soplar para que todos se enteren cuando hay violaciones y, por lo tanto, para generarles resistencia.

Lo que hace la RELE con sus informes anuales es publicar en qué Estado se halla este silbato en cada país y denunciar a aquellos que lo vienen deteriorando. Una labor, en suma, que únicamente puede convenir a todos los que un día podemos estar en necesidad de soplarlo, y estorbar a todos los que puedan estar interesados en que, ese mismo día, no haya ruido.