Las gruesas acusaciones de corrupción que la contraloría ha hecho contra Gregorio Santos, luego de más de un año de investigaciones, únicamente vuelven a poner sobre el tapete dos rasgos del presidente regional de Cajamarca que su actuación en el caso de Conga ya habían hecho evidentes: su deshonestidad y su total indiferencia por el destino de los cajamarquinos.
En efecto, cuando Gregorio Santos manipuló a miles de los ciudadanos de su región para impedir por la fuerza el inicio del proyecto Conga bajo el supuesto de que el transvase de dos lagunas dejaría sin agua a la cuenca en que estas se encontraban, no lo hizo por ignorancia y de buena fe, como si de verdad creyese que una operación así solo lo podría hacer quien estuviese “al nivel de Dios” (según dijo entonces).
Si ese hubiera sido el caso, él habría tenido que estar de acuerdo en participar del peritaje técnico internacional que propuso el Gobierno para determinar el caso. Después de todo, se le estaba ofreciendo participar en el nombramiento de los peritos y del establecimiento de los términos de su misión. En lugar de eso, sin embargo, Santos usó la primera excusa que pudo para levantarse de la mesa en la que se firmaría el compromiso del peritaje y en la que se había tenido que sentar –aunque fuese solo por unos minutos– para disimular su hipocresía frente a la opinión pública. Y luego, cuando los peritos dijeron que el estudio de impacto ambiental del proyecto reunía “todas las condiciones técnicas exigibles para su aprobación” y confirmaron que después del transvase habría en la cuenca más y no menos agua (habría, de hecho, 14 millones de metros cúbicos de agua limpia frente a los 1,3 millones de agua mineralizada que tienen las lagunas en cuestión), el presidente regional cambió de argumento, y dijo que de lo que en realidad se trataba era de una “lucha política” por un “cambio de la Constitución y del modelo económico”. Aunque después de un tiempo, cuando vio que su popularidad comenzaba a declinar, volvió al agua, que sin duda le había resultado más concreta y rendidora.
En base a esta mentira que por un buen momento pareció acercarlo a su evidente meta de volverse “presidenciable” para el 2016, Santos hizo pagar un altísimo precio al pueblo cajamarquino. La inversión de US$4.800 millones de Conga no fue y los 6.000 trabajadores y los 52 proveedores que el proyecto ya tenía contratados tampoco. Todo lo cual, sumado a la violencia que Santos apoyó varias veces –y que incluyó el sitio de la ciudad de Cajamarca durante 7 días–, repercutió también en los otros sectores económicos de la región (como el turismo y el comercio) y la sumió en una recesión mientras el resto del país continuaba creciendo. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cajamarca, desde que se inició la recesión la región ha perdido 100.000 puestos de trabajo (teniendo una PEA de 778.000 personas).
En el camino, Santos no solo nunca dejó de inaugurar obras con el ingente dinero que la minería a la que decía querer expulsar de la región dejaba para la misma, sino que incluso, conforme a la fiscalía, usó recursos públicos para contratar a militantes de su partido a fin de que participasen en las movilizaciones contra Conga (bajo la fachada de un proyecto de mejora educativa para la región que nunca se realizó, ni más ni menos).
Con estos antecedentes, entonces, a nadie debería sorprender que Santos también haya torcido licitaciones para entregar, según lo denuncia la contraloría, S/.130 millones de dinero público a un entramado de compañías relacionadas con el empresario Wilson Vallejos. Es decir, al amigo suyo que ha sido grabado diciendo que, a través del presidente regional, él “maneja” la entidad del gobierno cajamarquino que está a cargo de las licitaciones (y diciendo también que él le “lava todo su billete a ese ‘on”).
La inescrupulosidad, igual que la honestidad, suele venir en bloque. Y así, a quien no le importó usar la mentira para sumir a su región en una violencia que causó varias muertes, y luego en una recesión, con tal de subir su perfil electoral, no tendría por qué habérsele hecho mayores problemas el dar a un amigo (¿y socio?) un dinero que se suponía estaba destinado a hacer hospitales (que nunca se hicieron), obras de electrificación (que no están operativas) o muros de contención (que ya existían).
En suma, la noticia del “descubrimiento” de la corrupción de Gregorio Santos en el manejo de las obras públicas de su región debe ser refraseada. No es que estemos enterándonos de que el señor Santos, además del militante antiminero que bloqueó el proyecto Conga, es una persona capaz de defraudar al Estado y a los cajamarquinos. No. Eso Santos ya lo había demostrado en Conga –y con mucho mayor costo para los cajamarquinos que los S/.130 millones que ahora están en cuestión–. Lo único que la contraloría ha revelado esta vez es cuán versátil es Santos en su deshonestidad. El resto es noticia vieja.