Como informamos ayer en nuestro suplemento Día_1 (en la nota “Comisión proscrita” de Nicolás Castillo), desde octubre del año pasado la SBS ha venido obligando a las entidades financieras a eliminar diversas comisiones vinculadas a las tarjetas de crédito y a las cuentas de ahorro. La iniciativa tenía como finalidad anunciada beneficiar a los consumidores de este tipo de servicios, que –según se decía– se veían afectados por una supuesta falta de transparencia en el cobro de las comisiones bancarias. Pero luego de un tiempo de venir aplicando la medida, diera la impresión de que los clientes de dichas instituciones podrían tener buenas razones para reclamar en vez de agradecer a la SBS.

Es natural que cualquier institución que brinda un servicio cobre una comisión, con la finalidad de cubrir sus costos y obtener una utilidad. Y si el gobierno decide prohibir el cobro de la misma, es esperable que el servicio se deje de prestar o que se busque una forma indirecta de cobrarla para poder seguir prestándolo. Nada de esto, finalmente, ayuda a los consumidores.

Prueba de ello es un informe publicado recientemente por la ONG Contribuyentes por Respeto, el cual muestra la forma en la que lo anterior ha sucedido debido a la reducción de tasas establecida por la SBS. Dicha ONG, por ejemplo, explica lo que sucedió a raíz de que el año pasado se dispuso que se eliminara la comisión por mantenimiento de tarjetas de crédito, la cual era cobrada a los clientes que efectivamente realizaban compras o sacaban efectivo utilizando su tarjeta. Como los bancos se vieron impedidos de seguir cobrando por ese concepto –pero tenían que seguir financiando los costos de brindar el servicio– muchos de ellos optaron por incrementar sus tasas de interés al crédito por consumo. Interbank, por citar un caso, la incrementó en 10%. Asimismo, como precisa el estudio, otras entidades decidieron trasladar el costo a distintas comisiones que sí se encuentran permitidas. Banco Falabella, por ejemplo, empezó a cobrar por el envío del estado de cuenta y por la renovación anual o membresía por mantener la línea de crédito activa. De alguna manera, a fin de cuentas, tenían que financiar sus costos.

El beneficio al consumidor, entonces, parece haber sido solo una falsa promesa. Pero el principal problema no es ese, sino los otros efectos indeseados y perjudiciales que aparentemente ha tenido la medida de la SBS para todos los usuarios del sistema bancario. Por ejemplo, y como también señala Contribuyentes por Respeto, antes las comisiones por mantenimiento no eran cobradas por los bancos a los clientes que no usasen sus tarjetas, pero cuando el cobro se trasladó a nuevas comisiones o a las tasas de interés, todos los consumidores se vieron forzados a pagar por el costo del servicio independientemente de si lo usan o no.

Si la SBS realmente quería beneficiar a los clientes del sistema financiero, hubiera sido más útil que los ayudase a informarse para que puedan tomar decisiones correctas. Podría, entre otras cosas, haber creado mecanismos educativos para que los consumidores puedan determinar con mayor precisión el verdadero costo del crédito en cada banco y cómo suman al mismo las comisiones que en él se cobran. Esto, a su vez, habría generado mayor competencia, pues los bancos que hubieran ofrecido peores condiciones tendrían que haberlas mejorado para mantener a sus clientes.

Ahora, tampoco estaría de más que los mismos bancos –como gremio– tomen cartas en el asunto y demuestren que pueden autorregularse en beneficio de los consumidores. Digamos, estandarizando los nombres de las tasas que cobran para que a sus clientes les sea más fácil compararlas o proveyendo algún mecanismo para que a estos mismos les queden claras las diferencias entre sus ofertas. Esto les convendría, después de todo, pues le quitaría al Estado el pretexto que ahora tiene para meter la mano en sus negocios y terminar dando regulaciones que no les convienen ni a ellos ni a sus clientes.