(Editorial) ¿Un grifo en cada esquina?

Hace un par de días el Ministerio de Energía y Minas publicó el plan quinquenal de Petro-Perú al 2017. Este documento explica cómo aumentarán las actividades de la empresa a través de su incursión en los negocios de exploración y explotación de hidrocarburos, en la industria petroquímica y en la comercialización de combustibles.

Ahora, ¿quién creen que financiará las inversiones de miles de millones de dólares que demandarán todas estas nuevas actividades? Claramente no Petro-Perú, una empresa que tiene un valor bursátil que no llega a los US$200 millones y que, además, según anunció recientemente el presidente Humala, ya necesita alrededor de US$2.730 millones (que tampoco tiene) para modernizar la refinería de Talara.

El financiamiento para todas estas próximas arriesgadas inversiones (y además discutibles, a decir de varios especialistas) provendrá de un gentil e involuntario aporte de todos los contribuyentes; no queda otra.

Más allá de que al gobierno no le importe que la Constitución prohíba este tipo de actividad empresarial estatal, hay preguntas que caen de maduras. ¿Es realmente una prioridad arriesgar tantos miles de millones provenientes de fondos públicos en aventuras empresariales que podría asumir el sector privado? ¿No hay, más bien, necesidades más urgentes a las que se podrían destinar esos recursos?

La respuesta, lamentablemente, habla muy mal sobre la lista de prioridades del gobierno.

Para empezar, tendría más sentido invertir todo ese dinero en el que es el problema más grande del país según la mayoría de la población: la inseguridad. Antes de ponerse a jugar al explorador petrolero, por ejemplo, el Estado debería asegurarse de acabar con la situación de escandalosa precariedad de recursos de la policía. Y es que, según la más reciente información del INEI, la cuarta parte de las comisarías del país no cuenta con equipos de comunicación propios, casi la mitad no dispone de acceso a información clasificada en requisitorias policiales, 61% no cuenta con acceso a información del Reniec, 86% no tiene acceso a las bases de datos de registros públicos, y 88% –aunque suene inverosímil– no posee acceso al sistema de denuncias policiales. A eso hay que sumarle que, de las comisarías a escala nacional, el 31% necesita reparar la estructura de las paredes de su fachada, el 63% no tiene sistemas de evacuación de aguas de lluvias, el 38% no tiene las cerraduras de su entrada principal en buen estado y el 34% no cuenta con un mapa del delito en su jurisdicción. Y, por citar un último y triste ejemplo de cómo el Estado ha dejado de invertir en seguridad, el 47% de los vehículos policiales a escala nacional requiere reparación.

¿Acaso no debe ser una prioridad invertir en la seguridad de los ciudadanos antes de especular en el negocio petrolero? Debería serlo, más aún cuando, de acuerdo con el recientemente publicado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, la inseguridad se ha agravado durante la gestión del señor Humala. Según este documento, las denuncias policiales por diversos delitos pasaron de 617 por 100 mil habitantes en el 2010 a 846 por 100 mil habitantes en el 2012. En este mismo período, los robos se incrementaron en un 31%, los hurtos (robos sin violencia) en un 33% y las violaciones sexuales en un 61%.

La lista de prioridades de este gobierno, sin embargo, parece andar completamente de cabeza. De hecho, como mencionó esta semana la revista “Velaverde”, llama la atención que el gobierno haya dicho que no tenía US$40 millones en sus arcas para pagar este año un sueldo a los jóvenes a los que quería forzar a realizar servicio militar obligatorio, pero que sí tenga casi 70 veces esa cantidad cuando se trata de invertir en una refinería. O que esté dispuesto a apostar innecesariamente esa suma en Petro-Perú cuando con la misma podría multiplicar por 30 los recursos del programa Qali Warma por un año.

En su mensaje presidencial del 28 de julio, el señor Humala remarcó la importancia de la lucha contra problemas enormes que azotan a nuestra nación, como la inseguridad o la pobreza. Lo que quizá olvidó precisar es que su gobierno concentrará todos sus esfuerzos en dicha lucha recién después de que haya un grifo de Petro-Perú en cada esquina de nuestro país.