(Editorial) Nadine Heredia y el no que los hizo libres

Esta ha sido una semana en la que el Gobierno ha dado dos noticias, tan importantes como buenas, para el país y para sí mismo.

La primera es la aprobación de la ley que crea una carrera pública en el país e instaura mecanismos meritocráticos al interior de la misma. Si esta ley no queda en letra muerta, puede muy bien que sea recordada como el principal logro del gobierno de Humala. Después de todo, una de nuestras reformas más postergadas y necesarias es la del Estado que, pese a los enormes incrementos presupuestales que ha tenido en los últimos años, hoy sigue brindando a sus ciudadanos servicios que están –de acuerdo con todos los medidores internacionales– entre los peores del mundo. Ello, desde luego, indigna a quienes pagan con los frutos de su trabajo estos servicios y hiere sobre todo a quienes más necesitan de ellos: los más pobres.

La segunda buena noticia –y en la que queremos concentrarnos hoy– ha sido la renuncia pública de la primera dama a cualquier intención de postular en el 2016. Una renuncia que ha venido dada en términos que no dejan espacio para una futura retractación que no sea escandalosa: si la primera dama renuncia porque considera que esa postulación atentaría contra “la institucionalidad” –como que en efecto lo haría–, entonces no hay lugar para que en el futuro se diga que debe postular porque, por ejemplo, “el pueblo lo pide”.

Es una lástima, sí, que la señora Heredia haya hecho este anuncio justo horas antes de que saliesen sendos informes de la contraloría detallando los millonarios costos que hasta ahora ha tenido para el Estado, por ejemplo, la cobertura que el canal estatal ha dado a actividades en las que ha participado. Podría pues dar la impresión de que la primera dama ha finalmente hecho esta declaración más empujada por los hechos que por su convicción. Pero, en cualquier caso, no deja de ser verdad que ya la hizo y que ya han quedado registradas sus palabras.

Pues bien, el descarte de la posibilidad de la “reelección conyugal” es una buena noticia para el país sobre todo porque da el mensaje de que en él la ley importa y puede limitar hasta a quienes están –aunque sea solo como asesores– en la cúspide del poder. Un mensaje invaluable en un país en el que no hace tanto todos los poderes estatales dependían de una sola mano y en el que aún hoy se hace muy difícil, cada vez que existe una presión (popular o no) suficientemente fuerte, procesar los conflictos por los canales institucionales y hacer valer la ley.

Más concretamente, el que se haya dejado claro que la ley que prohíbe la reelección por la vía conyugal está acá para hacerse cumplir disipa temores sobre un uso indirecto y continuado de recursos estatales para fines clientelistas y de que, consiguientemente, el Perú fuese a jugar sus próximas elecciones en una cancha desnivelada y antidemocrática. En el mismo sentido, la declaración difumina los miedos de que se pudiese abandonar la responsabilidad fiscal conforme se acercasen las elecciones y, también, de que hubiese en el Gobierno un plan de perpetuación –y copamiento paulatino– del poder.

Todo esto, decíamos, es no solo una buena noticia para el país, sino también para el Gobierno y para la propia señora Heredia. Ambos han quedado libres para el futuro de una serie de sospechas que justificada y crecientemente iban unidas a todos sus pasos y que les venían costando mucho. El gobierno ya no tendrá que temer, por ejemplo, que bancos internacionales señalen a sus clientes la posibilidad de que pueda acabar desviando la economía con una orgía de gasto popular. O que se le acuse de estar detrás de las investigaciones a determinados líderes políticos con el fin de anular futuros competidores de la primera dama. Y, ciertamente, ya no tendrá que enfrentarse a una andanada de suspicacias fundadas cada vez que despliega en su representación a quien es la asesora principal del presidente y uno de los rostros más carismáticos de su entorno.

Con todo, sin embargo, nadie ha quedado más liberado por esta decisión que la propia señora Heredia. Ahora puede trabajar todo lo que quiera como asesora de su esposo o representándolo en actos públicos, sin que hayan poderosos motivos para objetar la legitimidad de este trabajo (mientras el presidente sea quien responda por los actos de su equipo, está claro que, como cualquier jefe, puede integrarlo según mejor le parezca a su criterio).

En suma, esta es una noticia que es buena para todos, incluyendo a la propia señora Heredia, que si bien se ha cerrado la puerta para hacer algo que parecía tentarle pero que era ilegítimo e ilegal, ha obtenido a cambio su libertad para todo lo demás.