(Editorial) El otro crecimiento

Las cifras recogidas por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sobre cómo evolucionaron las denuncias por diferentes tipos de delitos desde el 2009 hasta el año pasado revelan que, pese a las muchas buenas noticias económicas que hemos tenido en este período, nada ha estado creciendo en el país con mayor velocidad que la delincuencia. Y, desde luego, que la seguridad ciudadana fue uno de los principales fracasos del gobierno anterior y parece destinada a ser el gran fracaso del actual.

En efecto, solo en los tres años del período señalado las denuncias por robo han subido de 169 a 254 por cada 100.000 habitantes; las denuncias por hurto de 170 a 253 y las denuncias por homicidio de 14 a 24,1, para citar tres ejemplos especialmente significativos. Y esto aun cuando la enorme mayoría de delitos no se denuncia en el país (por buenas razones, si consideramos que, según una encuesta del INEI, de las personas que fueron víctimas de un delito entre julio y diciembre del año pasado, solo un 5,1% obtuvo resultados positivos por denunciarlo).

Naturalmente, el problema es complejo y, como lo demostró la mesa redonda que tuvimos esta semana en el Diario sobre el tema, involucra a más de una institución para su solución: la persecución eficaz de los delitos comienza con la policía (que depende directamente del Ministerio del Interior y, por lo tanto, del Gobierno) pero pasa necesariamente por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso (todos ellos organismos autónomos del Ejecutivo), para solo luego de eso volver a desembocar en las manos del Gobierno a través del manejo de las cárceles del INPE. Cualquier solución, pues, debe ser integrada entre muchas instituciones, y eso complica necesariamente el tema.

Por ejemplo, el pasado lunes el Congreso dio una nueva Ley (Nº 30076) que, entre otras cosas, ordena que los robos al paso de celulares, carteras y bienes de montos menores a un sueldo mínimo –que hasta ahora tenían sanciones irrisorias– sean sancionados hasta con seis años de prisión; además de eliminar los beneficios de reducción de penas a sicarios, homicidas y traficantes de drogas que tengan entre 18 y 21 años de edad. Todas estas son medidas muy atinadas y van en la línea de lo que este Diario ya ha sostenido varias veces: que debe perseguirse con severidad los delitos pequeños tanto por su número como porque crean el clima para que proliferen los grandes y porque sus autores son quienes luego se convierten en los perpetradores de estos últimos. Pero de poco servirá que la ley faculte a que la policía detenga y los jueces manden a prisión a los delincuentes menores (por cuantía o por edad) si, como ya hemos señalado antes, no existen prisiones ad hoc para ellos en donde puedan ser resociabilizados, de forma que no quede más camino que ingresarlos a nuestras ya hiperhacinadas cárceles tradicionales, verdaderas escuelas del delito de donde saldrían convertidos en delincuentes mucho más avezados.

Sin embargo, pese a todo, hay que decir que si alguien tiene el protagonismo en la responsabilidad de la solución del problema de la seguridad ese es el Ejecutivo, quien es el llamado a coordinar a todos los demás para la solución del mismo, entre otras cosas, porque controla los presupuestos, con el importante poder de negociación intrapoderes que ello le da.

Por lo demás, tampoco puede afirmarse que el Ejecutivo lo esté haciendo muy bien en la parte del problema que sí está exclusivamente bajo su control. Como lo ha recordado hace pocos días en esta misma página el ex viceministro del Interior Ricardo Valdés, a la fecha el Gobierno apenas ha ejecutado el 0,2% del presupuesto destinado a implementar y mantener las comisarías para enfrentar la inseguridad. Uno puede dar buena idea de qué tanta gruesa negligencia supone esto cuando recuerda que, según el INEI, el 40,7% de nuestras comisarías no posee una computadora propia que esté operativa; el 70,1% no tiene conexión adecuada a Internet; solamente el 58,8% accede a una base de datos; el 61,2% no tiene acceso al Reniec; el 45,5% no tiene acceso a Requisitorias Policiales; y el 87,8% no tiene acceso al Sistema de Denuncias Policiales.

El tema de la seguridad no es solamente el primero que, de acuerdo con la filosofía política, justifica la existencia del Estado. Es también, más concreta y cercanamente, el asunto en el que mayor confianza tenía la ciudadanía que podría enfrentar mejor el entonces candidato Humala no en vano un militar profesional. Sería una dura paradoja que acabe siendo el que lo maneje peor.