(Editorial) Los perdones del oráculo

Sergio Tejada, el presidente de la comisión congresal que investiga la ocurrencia de presuntas irregularidades en el pasado gobierno aprista, ha revelado que el ex presidente García otorgó 5.500 gracias presidenciales (sobre todo conmutaciones de pena, pero también algunos indultos) y que 400 de ellas fueron para sentenciados por tráfico ilícito de drogas.

Ante estas revelaciones, el señor García respondió que él prefería “el camino de la compasión”, que las reducciones de penas las hizo “pidiendo el consejo de Dios” y que las gracias sí son merecidas por “la gente humilde, más pobre y excluida”. Además, dijo que se buscaba reducir el hacinamiento de nuestras cárceles.

A nuestro parecer, las explicaciones del ex presidente evidencian por sí solas el problema central con la figura de los poderes de gracias presidenciales: el del gran espacio para la arbitrariedad que suponen. Porque es obvio que el “camino de la compasión” y los “consejos de Dios” son interpretados de manera diferente por cada cual y abren el espacio para que personas que estén en situaciones iguales sean tratadas de manera diferente. De hecho, el propio señor García ha reconocido implícitamente esto último al hacer saber que para él esta compasión es merecida por las personas de bajos recursos, estableciendo así una diferencia de trato que la ley no contempla (sobre la base del origen socioeconómico) entre quienes cometen los mismos delitos y se encuentran en la misma situación humana (por ejemplo, de salud) dentro de las cárceles. Algo que, al menos en el lenguaje de la Constitución, se llama “discriminación” y se considera atentatorio de los derechos fundamentales.

Por otro lado, tampoco queda claro que “la compasión” y los “consejos de Dios” en los oídos presidenciales hayan tocado por igual a todas las personas de pocos recursos que durante su mandato se encontraban en prisión y en una situación que ameritase una gracia. Y sí fue público más bien cómo en algunos casos, como el de un conocido ‘broadcaster’, alcanzaron a personas de cuantiosos recursos.

Los problemas de estos márgenes para la arbitrariedad, por lo demás, no se agotan en el tema de la igualdad ante la ley que debe garantizar todo Estado democrático. La arbitrariedad puede abarcar no solo a quienes se quedan afuera de la gracia, sino también a quienes son cubiertos por ella. No en vano a los dos días de la revelación del congresista Tejada nuestra Unidad de Investigación (UI) reveló que uno de los reos liberados por el ex presidente era un cabecilla de una banda de narcotraficantes que, luego de su liberación, fue incluido en la lista blanca antidrogas elaborada por el Ministerio del Interior, la Dirandro, la Dircote y la DEA, siendo considerado aún hoy un objetivo de captura. En la misma línea, nuestra UI también descubrió que otro de los presos por tráfico de drogas que salieron libres por efecto de estas gracias durante el gobierno pasado fue detenido al año siguiente en Paraguay, mientras se encontraba en un laboratorio de drogas. Y es que ni “los consejos de Dios” aseguran nada cuando tienen que ser interpretados por un ser humano.

En realidad, considerando esto último, los principales enemigos de este tipo de poderes absolutos debieran ser los propios gobernantes. Si algo fomentan las facultades discrecionales de esta dimensión, en las que uno puede decidir según lo que le manda su real saber o entender, o asumiendo el rol de oráculo, ese algo es suspicacia. Y no cambia mucho las cosas que el presidente aplique su discreción sobre listas que le son presentadas por comisiones ad hoc que siguen determinados reglamentos: lo relevante es que al final del camino no tiene que explicar a nadie bajo qué criterio dice: “A este le bajan dos años, a este cinco, a este ninguno y a este lo indultan”.

En lugar de poderes discrecionales de gracia, lo que deberíamos tener es un sistema en el que estén determinados en una ley aplicable a todos por igual los casos específicos en que procede que un juez perdone o reduzca las penas (y en qué medidas).

El fondo del asunto es el que hemos expuesto ya varias veces en referencia al tema concreto de los indultos: estos poderes de gracia son rezagos monárquicos que no tienen por qué existir ahí donde no hay monarcas. Que una persona pueda a base de su discreción o iluminación personal contradecir para tales o cuales casos lo que mandó la ley para todos tiene sentido ahí donde esa persona es la que hace la ley, pero jamás en los lugares en los que, como decía Paine, la ley es el único rey.