(Editorial) Petróleo, al servicio de todos

Berú es un país rico en ganado vacuno. Por ello, su Constitución establece que la leche es un “recurso estratégico” y “patrimonio de la nación” y la ley señala que nadie puede tomar libremente una vaca para ordeñarla. En cambio, existe una empresa pública dedicada a licitar los rebaños de vacas. Los ganadores de las licitaciones, además, tienen que celebrar contratos de “explotación ganadera” con el Estado, los cuales deben ser oleados y sacramentados mediante un decreto presidencial (todo esto, por supuesto, demora meses durante los cuales las vacas no son ordeñadas). Asimismo, la ley también indica que los contratos caducan a los tres años, luego de los cuales las vacas regresan al Gobierno para volver a ser licitadas. Finalmente, los ganaderos deben pagar (además de los impuestos) una regalía equivalente al 50% del valor de cada litro de leche que extraigan de las ubres de las vacas.

Si fuese real la historia, probablemente usted pensaría que Berú está gobernado por orates. Lo lógico sería que se facilite la producción de la leche que demandan los ciudadanos, en vez de imponer tantos absurdos controles y trabas.

Pues déjenos contarle algo: esta historia es real en muchos países (entre ellos el nuestro), solo que en vez de leche sucede con otro recurso, el petróleo.

Usando argumentos nacionalistas que privilegian el controlismo estatal sobre el bienestar de la población, la mayoría de países establece este tipo de restricciones a su industria petrolera, lo cual dificulta la producción y genera escasez. En el Perú, por ejemplo, las empresas que quieren explotar un pozo tienen que participar de una compleja licitación y celebrar un contrato con Perú-Petro, el cual debe ser firmado por el presidente de la República. Este proceso, según la presidenta de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, en algunos casos demora años durante los cuales el petróleo sigue bajo el suelo esperando a ser extraído. Los contratos, además, tienen un plazo máximo de 30 años, lo que desanima a las empresas a invertir cuando se acerca su vencimiento, pues no tienen la seguridad de que serán renovados. Las regalías, por otro lado, están entre las más altas de la región (en algunos casos llegan a 50% del valor del recurso extraído) porque se utiliza un sistema en el que los yacimientos son entregados a quien esté dispuesto a pagar la mayor regalía.

El contraste con el sector minero, por ejemplo, es impactante. Para obtener una concesión minera, se requiere hacer un simple denuncio (no es necesaria una licitación) y seguir un breve procedimiento ante una oficina del ministerio (a nadie se le ocurriría, entre otras cosas, exigir la firma del presidente). La concesión, además, no vence (siempre que se pague un derecho de vigencia relativamente bajo). Y las regalías no superan el 3% del valor del concentrado. Por eso, en los últimos años la producción minera ha florecido mientras la petrolera se ha reducido.

No extraña, así, que según la reciente Encuesta Global del Petróleo 2013 del Instituto Fraser, ocupemos el puesto 106 de 157 jurisdicciones en lo que respecta a facilidades para hacer negocios petroleros (siendo, para colmo, el tercer año en el que sacamos un peor puntaje que el año previo). Tampoco sorprende que en el sector haya inversiones detenidas por US$2.500 millones, que 29 contratos estén paralizados por demoras burocráticas para entregar las licencias y que algunas empresas hayan preferido simplemente abandonar sus operaciones. Y toda esta situación resulta aún más preocupante si tenemos en cuenta que hoy extraemos el 30% de lo que extraíamos en los años ochenta.

Afortunadamente, el ministro Merino ha anunciado que está dispuesto a que se cobre menos regalías para fomentar las inversiones (finalmente el gobierno se dio cuenta de que si no hay explotación no va a tener qué cobrar). Pero la reforma que se necesita es aún más profunda. El gobierno debe lograr que el sistema de concesiones petroleras sea más parecido al de las concesiones mineras, o incluso más simple. Después de todo, no existe mejor forma de sacarle provecho al petróleo de la nación que creando los incentivos para que alguien lo extraiga y lo ponga en servicio de los ciudadanos que tanto lo necesitamos.