(Editorial) Policías y vecinos

Quizás haya sido la interpelación del Congreso al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza . O quizás la forzada renuncia de Raúl Salazar como director de la policía. El hecho es que parece que el Gobierno ya superó su etapa de negación. Al menos, en vista de las medidas que ha anunciado, está claro que ya no piensa que el problema de seguridad ciudadana es más “una percepción” que una realidad, y que la prensa es la culpable de esta sensación por andar alarmando injustificadamente a la ciudadanía. Enhorabuena por ello.

Tenemos dudas, sin embargo, acerca de los alcances que pueda llegar a tener la primera de las novedades anunciada por el ministro Pedraza: que el trabajo de los comisarios será evaluado trimestralmente por las juntas vecinales de sus jurisdicciones sobre la base de los resultados que vayan produciendo (o no) en la lucha contra la delincuencia. Estas evaluaciones, además, serán luego recogidas para determinar la permanencia de los oficiales en el cargo.

No se nos malinterprete. Nosotros estamos siempre a favor de lo que signifique empoderar al usuario frente a quienes le prestan un servicio. El usuario, después de todo, no es solo quien paga el servicio, sino que es también el dueño de los intereses que este busca satisfacer y, por tanto, quien está en mejor situación para saber si este se está prestando bien o no.

Por otro lado, somos también amigos de todo lo que signifique hacer responsables a los individuos –para bien igual que para mal–por lo que ocurre bajo su autoridad.

El problema aparece, sin embargo, cuando la persona a la que se pide resultados no ha recibido antes los medios necesarios para obtenerlos. Entonces las rendiciones de cuentas y las consecuencias dejan de ser un sistema para conseguir eficiencia y se vuelven más bien una injusticia. Si es que no también una manera de distraer la atención de quienes tendrían que ser los verdaderos responsables.

Decimos esto porque, al menos en su actual situación, nuestros comisarios no parecen estar en posición de lograr mejoras significativas en la lucha contra la delincuencia, por mucho empeño que le pongan.

Por ejemplo, según el Primer Censo Nacional de Comisarías (2012), realizado por el INEI, el 40,7% de nuestras comisarías no posee una computadora propia que esté operativa; el 70,1% no tiene conexión propia y adecuada a Internet; solamente el 58,8% accede a una base de datos; el 61,2% no tiene acceso al Reniec; el 45,5% no tiene acceso a Requisitorias Policiales; y el 87,8% no tiene acceso al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Y eso, por solo citar algunos de los datos de una serie que únicamente puede ser calificada como escandalosa (y al censo nos remitimos).

Por si lo anterior fuese poco, según el ex viceministro del Interior Dardo López-Dolz, la armería de la policía no posee más de 50 mil pistolas para 114 mil policías. Es decir, más de la mitad de los uniformados tienen que ingeniárselas por su cuenta para conseguir un arma. Y la enorme mayoría tiene que comprar sus balas (dicho sea de paso, también tienen que encontrar una forma de comunicarse entre ellos ya que la policía no tiene un equipo de comunicaciones integrado).

Por otra parte, a la fecha los comisarios tampoco tienen el “lujo” de poder contar con sus efectivos más que parcialmente. Ya se sabe que la mayoría de ellos tiene que trabajar gran parte de su tiempo para empresas privadas a fin de poder llegar a fin de mes.

Y hay varios otros problemas estructurales. Ni siquiera es el caso, por ejemplo, que sirva de mucho cuando, pese a todas sus limitaciones, nuestras comisarías logran detectar y capturar a los autores de un gran número de los delitos de la delincuencia común. Como hemos explicado ya antes, los autores de delitos menores terminan o soltados por los jueces –que no tienen dónde ponerlos– o metidos en centros de detención para delincuentes mayores de donde salen casi invariablemente convertidos en criminales más avezados.

Así las cosas, antes de ponerle el foco de la exigencia a los comisarios, habrá que concentrarlo en las capas altas de la policía y en el Ministerio del Interior, a ver si logran ejecutar bien y en un plazo razonable el aumento de sueldos y la inversión de S/.800 millones en equipos para la policía que, con buen criterio, el ministro Pedraza anunció al día siguiente de su aviso sobre los comisarios. Mientras estos y otros cambios estructurales no se den, lo único que el gobierno estará haciendo con su plan sobre la responsabilidad de los comisarios es el equivalente a exigirle a un montón de pescadores artesanales que salgan a atrapar tiburones (el problema de nuestra delincuencia común ya es enorme) con sus respectivos cordeles. Si es que no también encontrar –aunque solo sea inconscientemente– a una serie de ideales chivos expiatorios estratégicamente situados a lo largo y ancho del territorio nacional para irlos despidiendo en caso de futuros fracasos.