(Editorial) Verdaderas prioridades

A menos de dos semanas de terminar el año, es un buen momento para darle una mirada al desempeño de los distintos ministerios que conforman el Ejecutivo en lo que toca al gasto en inversión pública.

Si bien es cierto que algunos ministerios han logrado invertir la mayoría de estos recursos (siendo el mejor ejemplo el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual gastó el 93,9% de los mismos), las malas noticias desgraciadamente no escasean.

Para empezar, resulta lamentable observar que ocho de las veinte entidades ministeriales hayan gastado menos del 50% de su presupuesto para inversión pública y que cuatro de estas no hayan llegado siquiera al 40%. Este último grupo está conformado por el Ministerio del Ambiente (29,8%), el Ministerio del Interior (33,7%), el Ministerio de Comercio y Turismo (33,8%) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (37,6%).

Pero vayamos un poco más allá. Veamos, con más detalle, algunas de las actividades gubernamentales que han sido perjudicadas por esta ineficiencia.

Primero está el Ministerio del Ambiente. Durante este año, la adquisición de activos no financieros para las categorías presupuestales de “gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica” y “reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” fue de 43,4% y 6,7%, respectivamente. Y, claro, mañana cuando el fenómeno de El Niño cause inundaciones y destruya cultivos, o cuando los huaicos arrasen caminos, viviendas y personas, probablemente lo único que les pueda garantizar el gobierno a los damnificados sea sus más sentidas condolencias.

Luego, tenemos el gasto del Ministerio del Interior en adquisición de activos no financieros para la “lucha contra el terrorismo” y la “reducción del tráfico ilícito de drogas”. En lo que concierne a la primera categoría presupuestal se ha gastado solamente un escandaloso 0,9%, mientras que en la segunda únicamente el 23,8%. ¿No se supone que ambas problemáticas son prioridades del gobierno de turno? ¿O es que siguen pensando que la inseguridad es una “percepción” y, por eso, no consideran necesario invertir en el problema? Llama mucho la atención que se permita que la policía se enfrente al crimen más violento sin los equipos adecuados y en terribles condiciones. Y no entendemos por qué no hay una especial preocupación por invertir en darles a los valientes efectivos que combaten en el Vraem la infraestructura idónea para derrotar de una vez por todas al terrorismo y al narcotráfico.

Veamos un último caso. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a dos años de su creación (y después de un año en el cual el programa Qali Warma ha sido muy cuestionado por la opinión pública), vuelve a darnos motivos para dudar de su eficiencia. Este año, el gasto para la adquisición de activos no financieros dentro del “programa nacional de apoyo directo de los más pobres” fue ejecutado únicamente al 31,4%, mientras que en el caso de Cuna Más solo se gastó el 44,2%. Tal vez si este último presupuesto hubiera sido ejecutado en una mayor cantidad, habría sido más factible que este programa atienda a la población de un millón y medio de niños entre 0 y 3 años, y no solo a aproximadamente 56 mil.

Toda esta situación muestra una incapacidad difundida para administrar los recursos públicos que debería ser corregida de manera urgente para que no se repita el próximo año. Además, evidencia otros dos hechos igualmente preocupantes. Primero, que mucho se habla de la importancia del “presupuesto por resultados” (que supone que los recursos se canalizan hacia quien mejor los utilice), pero en la práctica vemos cómo el dinero sigue llegando a las manos de funcionarios que por lo visto no saben cómo gastarlo. Segundo, que lo realmente importante para el gobierno en el discurso no lo es necesariamente en los hechos. Y esto no solo pone en entredicho la efectividad de sus ministerios, sino también la verdadera lista de prioridades del gobernante.