(Editorial) Voz sin réplica

El canal del Estado ha vuelto a ser noticia. En los últimos días varias voces de la oposición han criticado el incremento en S/.30 millones del presupuesto del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y han denunciado que este sería utilizado para promocionar las actividades de la señora Nadine Heredia con miras a su elección en el 2016. El IRTP, por su parte, ha contestado y descarta que los equipos que se comprarán tengan una finalidad política. Más bien, señaló, responderían a un ambicioso proyecto que, entre otros objetivos, buscaría crear una señal informativa y de transmisión de los eventos oficiales.

Dejando de lado las sospechas de que esta inversión podría ser utilizada para una campaña de “reelección conyugal”, esta polémica ha hecho surgir otra pregunta fundamental: ¿Debe el Estado ser dueño de medios periodísticos?

La justificación que dan todos los gobiernos para contar con medios de su propiedad suele ser que estos serían necesarios para que se escuche su voz. Ahora, lo cierto es que para ellos no es difícil hacerse oír, pues, cada vez que hablan, ahí está una pluralidad de medios privados para recoger la noticia. ¿Cuándo se ha visto, por ejemplo, que los medios opten por no cubrir un mensaje del presidente Humala, las declaraciones del ministro Jiménez o los anuncios de las cabezas de las instituciones públicas? De hecho, a menudo lo que los medios piden a los funcionarios estatales es, precisamente, que hablen más.

Aunque claro, sí hay algo que solo los medios estatales le ofrecen al grupo de políticos que tiene el poder: el privilegio de que su voz se oiga sin que a continuación se escuche una incómoda réplica.

Cabría, no obstante, que alguien sostenga que hay medios privados que también dependen de otros intereses políticos o económicos. Es cierto que ese podría ser el caso, pero quien piense eso tiene la libertad de dejar de pagar por ellos. Una libertad que la ciudadanía no tiene cuando se trata de medios estatales, ya que el Gobierno nos fuerza a financiarlos –a ellos y a una línea periodística en la que no necesariamente creemos– mediante nuestros impuestos.

Que los medios estatales tiendan a ser megáfonos disfrazados de periodismo independiente no es algo que no hayamos visto antes y en distintas administraciones. Todos recordamos, por ejemplo, cómo en el gobierno de Perú Posible el diario “El Peruano” fue utilizado para atacar a la prensa que había criticado a la entonces primera dama. En su portada se publicó un titular que rezaba “Medios no contribuyen con el país”, acompañado por una foto de la señora Eliane Karp llegando al Perú con el rótulo “Retorno con calor popular”. El gobierno aprista no se quedó atrás. Un caso fue cuando se interrumpió la programación regular del canal estatal para difundir la proclamación de la candidata del Apra (lo que el señor Alan García intentó justificar luego al decir: “ Yo creo que se debe a que normalmente los domingos no hay noticias”). En el actual gobierno los ejemplos tampoco faltan. Se quiso cambiar el logo de TV Perú a uno que, coincidentemente, se asemejaba al logo de Gana Perú. Y hace poco se descubrió que este canal dedicaba más horas de cobertura a las actividades de la señora Nadine Heredia que a las del mismo primer ministro.

Por supuesto, nada de esto quita que el Estado no pueda tener medios que, subsidiariamente, realicen difusión cultural que los privados no estén llevando a cabo. Aunque para ello sería necesario que sean manejados por directorios independientes (como por ejemplo ocurre con varios canales europeos) y no, como hoy sucede, directamente por el Gobierno.

Siempre vamos a escuchar de los políticos que se benefician de manejar medios estatales que estos tienen que existir porque son un servicio público de interés general para la población. Por todo lo que hemos dicho antes, sin embargo, este argumento tiene una traducción muy simple: son un servicio que pagamos todos los ciudadanos para que ellos puedan cuidar mejor sus propios intereses.