(Editorial) Parada técnica en el Eliseo

La resolución mediante la cual el Congreso autorizó al presidente a realizar su último viaje era bastante precisa y escueta. Claramente especificaba que el señor Humala estaba habilitado para realizar una visita oficial al Reino de Tailandia y para participar en la XXI Cumbre de Líderes APEC en la ciudad de Bali, República de Indonesia.

Según la ministra de Relaciones Exteriores, sin embargo, esto no era impedimento para que el presidente se detuviese en París para reunirse con el señor Hollande, pues, según sus declaraciones en el pleno del Congreso, “el haber atendido a la solicitud francesa no cambiaba el destino del viaje”. La respuesta de la señora Rivas es, por decir lo menos, preocupante, pues para encontrarle algo de sentido a lo que dijo habría que asumir que ella cree que París es una ciudad tailandesa o quizá un barrio en Bali. Y es que, si se le autoriza al presidente a ir al país A y B, ¿cómo así no varía el destino del viaje si luego enrumba adicionalmente al país C?

La ley es muy clara cuando establece que, para solicitar una autorización para salir del país, el presidente debe indicar previamente el destino del viaje, su objeto y los días que se ausentará (y, a su regreso, el presidente del Consejo de Ministros debe rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del viaje, la relación de actividades oficiales realizadas y la relación de los gastos generados). Toda esta información debe proporcionarse para que el Congreso –en nombre de los ciudadanos– pueda debatir y fiscalizar las decisiones de política exterior del presidente, una actividad que es natural en cualquier Estado donde existe balance de poderes.

¿Cómo podría el Congreso realizar esta fiscalización previa si al presidente le bastara con informar solo sobre uno de los destinos a los que se dirigirá y, en el camino, pudiese visitar varias otras naciones sobre las que no informó al Parlamento?

Ahora, las otras justificaciones de la canciller para no haber informado sobre la intención del presidente de detenerse en Francia son incluso más sorprendentes que la primera. Por ejemplo, el argumento de que no era necesario pedir permiso al Congreso porque no se trató de una “visita oficial”. Salvo que hablemos una variante de castellano distinta que el gobierno, una “visita casual” al presidente de Francia sería, por ejemplo, si en las vacaciones de ambos el señor Hollande invita al señor Humala a celebrar Año Nuevo en Niza con sus familias. Pero si, como señaló la misma ministra Rivas, los mandatarios se reunieron para conversar sobre temas migratorios, de seguridad, educativos y medioambientales, no comprendemos cómo esta reunión no calificaría como “oficial”. De hecho, era tan oficial que el Gobierno Francés había incluido el encuentro en su agenda pública.

Igual de absurda es la justificación de que no era necesario solicitar el permiso del Parlamento porque no se trató de “un viaje de trabajo”. Nuevamente, hasta donde informó la canciller, no es que el señor Humala hubiese viajado para jugar un partido de tenis con el señor Hollande. Viajó, en cambio, para discutir sobre las relaciones entre ambos países, cosa que resulta ser parte del trabajo para el que los peruanos elegimos cada cinco años a un presidente y para lo que este último nombra a una ministra de Relaciones Exteriores.

Ahora, quizá el argumento más increíble de entre los que utilizó la ministra fue el de que el viaje del presidente a Francia no era realmente un viaje, sino tan solo “una escala técnica”. Para empezar, porque las escalas técnicas son aquellas en las que los pasajeros aprovechan para tomarse unos minutos para estirar las piernas en el aeropuerto y no para reunirse con un presidente en el Palacio del Eliseo. Además, porque lo simplón de la justificación revela nuevamente que la canciller Rivas no tiene problemas en desconocer la obligación del Ejecutivo de informar al Legislativo. Y es lamentable que el gobierno no sea consciente de que la arrogancia que ha evidenciado, además de incrementar la sensación ciudadana de que al Estado no le interesa ser transparente y rendir cuentas, podría tener un costo político muy alto.