Aunque el presidente Pedro Castillo había aceptado someterse a un interrogatorio de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo investiga por las reuniones no transparentadas en una casa en Breña; la injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas, y las presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata III, finalmente dio marcha atrás.
Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, justificó el desistimiento de su cliente, al argumentar que “no se prestan las garantías del debido proceso”.
En una declaración a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno, Espinoza afirmó que todos los ciudadanos, incluyendo el mandatario, tienen el derecho a ser investigados por un órgano imparcial sin importar el tipo de sede. En ese sentido, indicó que el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), adelantó opinión, al decir, en una entrevista a El Comercio, que tiene “pruebas fehacientes” en contra del maestro.
“Eso es inadmisible, alguien te llama a declarar y antes dice ‘tengo pruebas en tu contra’”, expresó.
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El letrado, además, cuestionó que el grupo investigador no haya enviado el expediente de investigación a Castillo Terrones.
“El martes se pidió que nos alcancen la información para que el equipo de defensa pueda estudiar [el caso], para procesar esta información que es frondosa y que el presidente pueda contestar. ¿Qué cosa contestó [la comisión]? Que el presidente podía ir al Congreso, junto a sus abogados, a tomar nota. Cómo puede contestar así. Si alguien te investiga, ese órgano tiene la obligación de proporcionar copias”, subrayó.
El secretario general de la Presidencia, Jorge Alva Coronado, recién ingresó a la mesa de partes del Congreso el oficio con el desistimiento de Castillo Terrones a declarar ante la Comisión de Fiscalización a las 9:12 a.m., cuando la sesión había sido programada desde hace una semana para las 9:30 a.m.
De esta manera, el presidente incumplió su palabra, luego de que la semana pasada expresara su “total disposición” para recibir al grupo investigador.
Incluso, el propio Castillo respondió que sí iba a brindar su testimonio, al ser consultado al respecto en Arequipa, donde el último miércoles lideró una nueva sesión descentralizada del Consejo de Ministros, Castillo [ver línea de tiempo].
El informe final se debate el 30
Casi en paralelo a la presentación del oficio de desistimiento, los integrantes de la Comisión de Fiscalización, liderados por el fujimorista Ventura, se presentaron en Palacio de Gobierno, pero no se les permitió el ingreso por la puerta principal.
Tras 20 minutos de espera, desde Presidencia se les informó a los congresistas que podían acceder por la puerta de Desamparados, pero no para interrogar a Castillo, que ya estaba camino a Huancavelica, sino para ser recibidos por un alto funcionario del Ejecutivo. Ante esta situación, optaron por retirarse.
“Se nos ha corrido, esto es un desplante, las rejas estaban encadenadas, cuando los ministros van [al Congreso], les ponemos alfombra roja, nos parece una falta de respeto, nosotros hemos venido a interrogar al presidente, no a conversar con otro funcionarios para que nos diga que se ha ido a Huancavelica”, manifestó el parlamentario Wilmer Elera (Somos Perú).
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En comunicación con El Comercio, Ventura consideró que los argumentos del abogado de Castillo para cancelar la diligencia carecen de “asidero legal y real”. Negó, en ese contexto, haber adelantado opinión sobre la investigación al mandatario y refirió que Espinoza desconoce el procedimiento parlamentario.
“Se nota el nerviosismo y que el presidente no tiene la capacidad de hilvanar sus ideas, de armar una sola oración [en su defensa]. No tienen cómo tapar las imputaciones que se han hecho contra el señor Castillo, y nosotros no estamos acusando, no vamos a emitir una sentencia, estamos cumpliendo nuestra función de investigar presuntos actos ilícitos que comprometen al presidente”, manifestó.
Ventura dijo que no volverán a citar al jefe de Estado, porque es muy probable que el jueves 30 de junio se debata en su comisión el informe final.
“Esta es una falta de respeto al Congreso, a todo el país, porque el señor Castillo ha lanzado mensajes populistas [de que iba a responder] y a la hora de la verdad, nunca ha actuado como tal, un mandatario no puede dejar en el aire su palabra e incumplir sus compromisos”, finalizó.
El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya calificó de “burla” que el mandatario se haya negado a responder a una comisión del Parlamento, cuando ya había una coordinación hecha. “Para mí la vacancia es la solución, pero mis colegas congresistas todavía no se convencen, la corrupción ronda al gobierno”, manifestó en declaraciones a la prensa.
La congresista Norma Yarrow (Avanza País) también criticó la actitud de Castillo Terrones, a quien exhortó a dar la cara al Poder Legislativo.
“Es una vergüenza lo que ha hecho el presidente al no permitir que la Comisión de Fiscalización ingrese a Palacio, la verdad estamos hartos de ver como miente, miente y miente, y es tapado por congresistas que dicen ser electos por el pueblo y siguen engañando al pueblo. Si usted no tiene nada por el que se le deba acusar, dé la cara al Congreso”, expresó.
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Incluso, en el oficialismo hubo posiciones divididas sobre la no declaración del mandatario. El portavoz de Perú Libre, Waldemar Cerrón, consideró que el Parlamento, al ser un “poder investido por la ciudadanía, merece consideraciones”. “En lo personal, me encantaría que como todo peruano, [el presidente] cumpla su palabra”, refirió en RPP Noticias.
Una posición diferente tuvo la parlamentaria Kathy Ugarte (Bloque Magisterial), quien calificó de “show” que los integrantes de la Comisión de Fiscalización hayan caminado hasta Palacio de Gobierno. “Ya la Fiscalía de la Nación está investigando, el presidente ha ido a responder por más de cuatro horas, me parece. ¿Qué pretende la comisión? Interferir con el trabajo de la fiscalía”, remarcó.
“Ahonda a su descrédito”
La politóloga Kathy Zegarra consideró que la decisión del presidente Castillo de no declarar ante el grupo investigador “ahondará en el descrédito y desconfianza” que los ciudadanos tienen respecto a su figura. Agregó que el profesor “ha mentido nuevamente” a la opinión pública, al recordar que anteriormente mostró predisposición para responder a un interrogatorio.
“Esta huida que ha tenido el presidente, o el rechazo a declarar contribuye a su descrédito, ha impedido que el Congreso realice su rol de control político […] Ante un desplante como este, algunos parlamentarios que lo apoyan, pueden dejar de hacer. Y un mandatario que no tiene la mayoría necesita de estos apoyos para su supervivencia”, dijo a El Comercio.
El analista político Jeffrey Radzinsky afirmó que las acciones del jefe de Estado demuestran que “no hay voluntad de rendir cuentas”, sino al contrario, hay una interés por ocultar información.
“[Castillo] No rinde cuenta a la prensa, tampoco al Congreso, pretende frenar la investigación [por presunta organización criminal] a través de recursos. Todo esto en un contexto donde personajes cercanos al presidente, como Bruno Pacheco y Juan Silva, este último fue parte de tres gabinetes, están prófugos de la justicia”, remarcó.
El presidente Pedro Castillo aceptó responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por presuntos hechos ilícitos cometidos en su gestión, pero su abogado, Benji Espinoza, puso en duda la objetividad en la investigación que realiza ese grupo de trabajo parlamentario.
La Comisión de Fiscalización programó la toma de declaración para el mismo 27 de junio.
Desde Arequipa, donde lideró una nueva sesión descentralizada del Consejo de Ministros, Castillo, en breves declaraciones a la prensa, dijo que sí respondería ante la Comisión de Fiscalización. “[¿Acudirá al Congreso a declarar?] Sí, vamos a asistir…”, expresó.
El presidente Castillo solicitó a la Comisión de Fiscalización que le remita el expediente de la investigación en su contra. Argumentó que debe conocer con claridad qué cargos le imputan y por qué se le cita a declarar.
Horas después, el grupo de trabajo parlamentario respondió que pone el expediente a disposición del presidente y sus abogados. Sin embargo, precisó que para ello deben concurrir a las oficinas de la comisión, ubicadas en el edificio parlamentario Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Cercado de Lima.
En una entrevista con El Comercio, Ventura afirmó que “tenemos pruebas fehacientes [contra Castillo], no solo son dichos”.
En una entrevista a “Punto final”, Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, anunció que le recomendó a su cliente no recibir a la Comisión de Fiscalización, porque, desde su punto de vista, no se ha respetado el debido proceso. “La declaración es una mera formalidad”, subrayó.
Espinoza informó que el jefe de Estado no recibirá a la Comisión de la Fiscalización. A las 9:12 a.m., a menos de 20 minutos de que dé inicio la sesión, ingresó un documento al Congreso con el desistimiento.
Los integrantes del grupo investigador acudieron a Palacio de Gobierno a dejar constancia de que no les permitieron el ingreso. El mandatario se encontraba en camino a Huancavelica.
El constitucionalista Natale Amprimo explicó que el presidente Castillo no ha incurrido en una infracción al artículo 97 de la Carta Magna por no recibir a la Comisión de Fiscalización.
“No, [no es una infracción], porque el presidente tiene un estatus especial, ese es un artículo general, contra él no hay apremios. Lo que puede ocurrir es que el Congreso evalúa su conducta desde una óptica política”, expresó.
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