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El Gobierno ha organizado hasta la fecha 17 Consejos de Ministros Descentralizados y, de las 238 promesas hechas en 15 de estas sesiones, dos iniciativas legislativas fueron concretadas. Sin embargo, la mayoría de anuncios del presidente Pedro Castillo y los ministros no solo siguen pendientes, sino que su realización requiere “grandes recursos, una burocracia eficiente y creativa, y tiempo para llevarlos a cabo”, de acuerdo con el analista político Paulo Vilca, director del observatorio regional de 50+1.
Según los datos recolectados por el referido grupo de análisis político, los compromisos del gobierno central se enfocan, principalmente, en temas infraestructura, fertilizantes, agricultura, hidrocarburos y cuidado del medio ambiente.
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Vilca afirmó que las sesiones descentralizadas tienen dos utilidades para el Ejecutivo: la recolección de demandas ciudadanas y soporte político frente a la oposición. Este último recurso ha sido cuestionado no solo por autoridades regionales, sino también por dirigentes en diálogo con El Comercio.
Uso político
Jackelyne Amelia Carrión Jurado, dirigente de Tarma (Junín) que participó en el cuarto Consejo de Ministros Descentralizado organizado en esta región el pasado 7 de abril, considera que el gobierno utiliza estos viajes a regiones con fines políticos.
“Solo basta ver cuánto se gasta en la movilización de todos los ministros para hacer un show mediático. No se logra absolutamente nada. Nosotros recién hemos comenzado hace menos de un mes la mesa de diálogo de todos los frentes de defensa, sociedad, bases, y quedaron en que iban a agruparnos y que se iba a trabajar de manera organizada en diferentes sectores. Sin embargo, hasta hoy no tenemos una fecha concreta. No hubo coordinaciones previas ni reuniones que se habían asumido para no entrar otra vez en un conflicto”, comentó Carrión a este Diario.
Agregó que entre la población hay una decepción “total” por las omisiones del gobierno. “Ya se está ingresando a un estado de desconfianza total contra el gobierno. Si había alguna esperanza, ya no existe en estos momentos. Los ánimos están a punto de colapsar”, agregó.
La dirigente alertó que no solo el gobierno está en riesgo si no se concretan los compromisos que han asumido con la población, sino que la conflictividad social puede aumentar con los primeros anuncios de movilización nacional para este fin de semana.
“Se vienen paros indefinidos que las diferentes organizaciones de transportistas, ganaderos, agricultores, hasta el momento en que se firmen resoluciones o documentos que avalen la ejecución de estas promesas”, indicó Carrión respecto a movilizaciones que se realizarán en Lima este 25 y 26.
“Se harán los reclamos correspondientes, ya se están organizando las bases. El 27 los transportistas anunciaron que bloquearán las carreteras por el alza de combustible. Las bases dieron una tregua para ver si Castillo ponía en los ministerios gente con capacidad técnica para resolver problemas y conflictos sociales. Pero, una vez más, ponen allegados que no cumplen con los perfiles para hacer viables las promesas que se han hecho. Es una burla para la población, no solo para nuestra región, el costo de vida se ha disparado y son promesas que hizo Castillo sin un análisis técnico, sin respaldo legal para que sean viables”, enfatizó la dirigente.
Sesiones técnicas y no políticas
El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, manifestó a El Comercio su desacuerdo con la forma en que los Consejos de Ministros Descentralizados están siendo organizados. “Son reuniones de voluntades que embalsan la aspiración de los pueblos y que, en algún momento, va a reventar y será un boomerang para el gobierno central”, advirtió la autoridad regional.
Lantarón destacó que se realicen reuniones descentralizadas, pero para tener acuerdos sobre proyectos que deben culminar este año y no compromisos sin respaldo presupuestal. “Los Consejos de Ministros deben estar orientados para atender a las autoridades electas, sean gobiernos regionales, municipios, porque ellos tienen la cartera de proyectos. Lo demás es campaña. Convocar a la sociedad civil para que presente una idea de proyecto o demanda, eso no lo va a solucionar el Consejo de Ministros. Estoy en desacuerdo”, agregó.
“Necesitamos que sea un Consejo de Ministros técnico y no político”, dijo Lantarón, autoridad de una región que ha sido el centro de prolongados conflictos socioambientales y para la que el gobierno central ofreció en abril una sesión descentralizada en la provincia de Cotabambas.
El gobernador comentó que no se ha reiterado este ofrecimiento, pero si el Ejecutivo organiza una reunión en esta región exigirá que acudan “con disponibilidad presupuestal para ver cómo se va a financiar. Si va a sumar más promesas de la que tenemos, no soluciona el problema de lo que el pueblo necesita, que es trabajo, y para eso se necesita inversión”.
Finalmente, cuestionó que el gobierno no haya suscrito ningún acta en las regiones donde ha desplegado los Consejos de Ministros Descentralizados, como lo reveló El Comercio en mayo. “Entonces esos Consejos, en la práctica, no lo son. Serán reuniones, porque un Consejo necesita actas con acuerdos, implementados mediante normas. Los Consejos son para eso, no para hacer campaña política. Espero que el consejo sea una reunión técnica para cerrar brechas y generar trabajo”, concluyó.
Sin capacidad de gestión
Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, comentó a El Comercio que estas sesiones descentralizadas del gobierno son una válvula de escape para la gestión, pero que en algún momento pueden tener efectos contrarios.
“Además de los compromisos, es una caja de resonancia donde devuelven las críticas. Eso le sirve políticamente para compensar el vacío de apoyo que tienen en escala nacional, pero en algún momento se les va a voltear. La práctica de prometer sin orden es habitual en el gobierno nacional”, dijo Molina.
Apuntó también que hay un desconocimiento respecto a lo que significa sacar adelante una iniciativa y que hay otras maneras institucionalizadas para recolectar las demandas.
“Lo que pasa ahora es que el presidente aumenta una causa: su ligereza para prometer cosas con un absoluto desconocimiento de esos problemas estructurales. Si conociera un poco de lo complicado que es sacar un proyecto de inversión pública, o iniciativa en el Estado, no prometería tanto, sería más cuidadoso”, cuestionó el exviceministro.
De otro lado, Juan José Marthans, economista y director del PAD, advirtió que “hay una gran distancia entre lo que se viene prometiendo y lo que se hace. Esta distancia refleja que la actual administración no tiene el mínimo sentido de gestión”. Como consecuencia, no solo se afecta la credibilidad del Ejecutivo, sino que las exigencias para su cumplimiento pueden derivar en más inestabilidad.
“Quienes gobiernan no tienen un mínimo de capacidad y experiencia en términos de administración privada y pública. No saben qué es gestionar recursos. Las [promesas] que se hacen tienen que estar comprometidas con un plan de acción concreto, metas, disponibilidad de recursos, seguimiento de las promesas”, añadió Marthans.
Finalmente, coincidió con Molina respecto a que los Consejos Descentralizados le dan un “respiro” en el corto plazo al gobierno, pero que “está claro que hay fines políticos” en estas sesiones. “El país no se descentraliza por más viajes que tenga el Consejo de Ministros, sino en función de una organización que se tiene que replantear”, concluyó.
