La empresa China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú, firma que fue señalada por Karelim López como parte de la presunta red criminal enquistada en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y encabezada por el presidente Pedro Castillo, rechazó ser parte de esta supuesta mafia. Anunció que se pondrá a disposición de las autoridades fiscales.
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“Las indicaciones de la señora en nuestra contra son completamente falsas y destinadas a perjudicar nuestra imagen”, señaló la compañía en un comunicado difundido este domingo.
“Puesto que no tenemos ningún vínculo de amistad ni empresarial, ni siquiera por asomo, con dicha persona quien, por el contrario, mantendría vínculos con empresas que son nuestra competencia”, agregó.
En efecto, López Arredondo se presentó el 18 de febrero ante la fiscal provincial Luz Taquire y el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Davis del Piélago, ambos del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, para iniciar un proceso como aspirante a colaborador eficaz.
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Ante las autoridades, la empresaria narró sobre una red criminal liderada por el jefe de Estado y de la cual también eran parte el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco; la exalcaldesa Silvia Barrera; y los empresarios Zamir Villaverde, Alejandro Sánchez, Luis Pasapera.
Sindicó también a los sobrinos del mandatario: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Paredes, además de los ministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado, este último titular del Ministerio de Vivienda.
“Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras”, declaró López.
Ante ello, en el pronunciamiento de hoy, domingo 27 de febrero, la empresa aludida aceptó que mantiene un consorcio con INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., cuyo representante legal es Roberto Jesús Aguilar Quispe, joven que obtuvo contratos por S/580 millones desde que comenzó el Gobierno de Castillo Terrones, según reveló El Comercio.
“La señora Karelim López estaría aprovechando la situación criminal en la que se encuentra involucrada para desprestigiarnos y favorecer a su entorno empresarial”, indicó China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú.
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Por ello, afirmaron que se allanarán a las indagaciones con el objetivo de “desvirtuar las infames declaraciones” de López Arredondo.
“Nuestra empresa no solo colaborará con las investigaciones, sino que, de manera inmediata, pondremos a disposición de las autoridades cualquier información que se requiera a fin de desvirtuar las infames declaraciones que serían de la señora Karelim López, persona con claros intereses subalternos”, concluyó el documento.
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