Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han cuestionado la inacción del Ministerio Público frente a las reuniones secretas que tuvo el presidente Pedro Castillo en una casa en Breña, a donde una empresaria, que luego ganó una millonaria concesión en Provías Descentralizado, asistió. Y han dejado abierta la posibilidad de citar al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, y a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en los próximos días.
Tello, por ejemplo, descartó que, por el momento, se haya evaluado allanar la vivienda del pasaje Sarratea, al referir que no se ha establecido indicios de algún tipo de delitos por las citas clandestinas del jefe de Estado.
“La fiscalía, dentro de lo que compete a los órganos fiscales, no ha establecido indicios de algún tipo de delito. Referido a ello, estamos hablando que hubo una intervención, incluso el Ministerio Público en Provías ha iniciado una investigación anterior, pero si me hablan de las reuniones que había tenido, en la casa de Breña, nosotros no hemos iniciado porque no hay sospecha directa sobre ello”, manifestó.
Más tarde, en una entrevista a RPP Noticias, Tello explicó que la licitación obtenida por el consorcio Puente Tarata III- relacionado a la asesora empresarial Karelim López, quien visitó Palacio de Gobierno y la casa de Breña- por S/232,5 millones de Provías Descentralizado, ya está siendo investigada por la fiscal Karla Zecenarro Monge. Y precisó que aún no existe “ninguna vinculación” a Castillo Terrones.
“Hasta el momento de la investigación que ella viene realizando, aún no hay ninguna vinculación, por el momento, del señor presidente. No se descarta, porque en una investigación no se puede descartar ni tampoco afirmar una situación que no es”, subrayó.
El Ministerio Público informó, a través de un comunicado, que la pesquisa de Zecenarro comprende a López Arredondo y a Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia, por el presunto delito de tráfico de influencias y contra los funcionarios de Provías y otras instituciones que resulten responsable por presunta negociación incompatible. La investigación preliminar se realizará por 120 días.
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Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), dijo que esta “predeterminación” de Tello sin haber realizado una pesquisa mínima, le sorprende, porque López no es un personaje cualquiera, sino la asesora de una empresa que logró una millonaria licitación después de asistir a Palacio y a la casa del jirón Sarratea.
“Notamos al Ministerio Público muy pasivo con el presidente Castillo, incluso con el señor Bruno Pacheco, a quien ni siquiera le incautaron el dinero [US$20 mil] hallado en el baño de su oficina. Y la fiscal de la Nación está paralizada. Tenía expectativa sobre Tello, tiene prestigio, pero me ha sorprendido su postura”, remarcó a El Comercio.
Aguinaga consideró que la fiscalía, al menos, en el marco de la pesquisa de Zecenarro debió allanar la casa en Breña.
“Esa vivienda no es del presidente, sino de un amigo de él, que no tiene inmunidad, nada impedía que el Ministerio Público tome medidas coercitivas, allanar e incautar. Por mucho menos, hicieron otros allanamientos, no están evaluando el tránsito de todas las personas, esta señora gana la licitación por 27 céntimos. Es más que sospechoso”, manifestó.
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El congresista fujimorista adelantó que una vez que el pleno del Parlamento le dé facultades de grupo investigador a la Comisión de Fiscalización, no solo citarán a todos los asistentes a las citas secretas con Castillo, sino también a Tello y a Ávalos para que expliquen la actitud “pasiva” de la fiscalía en este caso.
El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) afirmó que es “sumamente preocupante” que una persona que ha ganado licitaciones en el Estado “se reúna a escondidas” con el presidente Castillo. “Si eso no es un indicio para investigar, no sé qué puede serlo. Hace tiempo la fiscalía debió ordenar el allanamiento de la vivienda de Breña”, subrayó.
Cavero indicó que la fiscal Ávalos debería pronunciarse sobre las citas secretas del presidente Castillo. “Es verdad que las fiscalías tienen autonomía, pero es importante que los fiscales se sientan públicamente respaldados por la cabeza de su institución”, acotó.
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El portavoz alterno de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, sostuvo que el solo hecho que Castillo haya despachado “en la clandestinidad” en Breña ya es un “indicio”. “Que una persona que fue a esa casa haya sido beneficiada con una licitación millonaria, amerita que se inicie una investigación. No sé por qué el fiscal Tello ha llegado a conclusiones tan apresuradas sin haber iniciado siquiera pesquisa preliminar”.
Muñante criticó que a pesar que la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Fiscalía tomar acciones sobre las reuniones secretas del jefe de Estado, esto no haya sucedido.
“La fiscalía al ser titular de la acción penal, debería actuar frente a esos indicios y hechos tan escandalosos. La fiscal de la Nación también se demoró en emitir un comunicado cuando el general Vizcarra denunció haber sido presionado por Pacheco. Tuve que enviarle un oficio, ayer he hecho lo mismo. Sorprende la inercia del Ministerio Público”, sentenció.
El portavoz alterno de Somos Perú, Wilmer Elera, consideró que la fiscal de la Nación “debería actuar con mayor rapidez” la situación del mandatario. “Lo que queremos es que en el Perú haya confianza para las instituciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial siempre tienen comentarios negativos, que demuestren que se puede confiar en ellos”, expresó.
Un error de enfoque
El exprocurador Antonio Maldonado afirmó que el fiscal Tello ha tenido “un error de enfoque”. “Al emitir juicios de esta naturaleza, los actores de justicia no parecen comprender la enorme importancia y trascendencia que tiene el contexto respecto a los macro crímenes o como se dice en el Perú, los casos emblemáticos”, manifestó.
Añadió que lo correcto hubiera sido que el Ministerio Público esté alerta a estos patrones, que son “similares” a los casos Odebrecht y del “club de la construcción”, donde se apreció que hubo personas con “relaciones asimétricas” con el poder político con el fin de obtener beneficios en los procesos de contratación pública.
Maldonado, en comunicación con El Comercio, explicó que las reuniones del presidente Castillo en Breña podrían incluir en la línea de investigación a López y a Pacheco. “Todo está conectado, hay un excesivo formalismo. Desde la noche [en que se emitieron las imágenes] se debió ampliar la pesquisa. Son indicios que están interrelacionados”, mencionó.
El exprocurador indicó que la fiscal de la Nación, en una situación parecida, enarboló una “tesis novedosa”, al recordar que decidió abrir investigación preliminar a Martín Vizcarra, cuando este aún era presidente, por el Caso Swing.
“El presidente no puede ser procesado ni acusado durante su mandato, pero ello no impedía al Ministerio Público que lo pudiera investigar. Ávalos hizo una ruptura con la pauta anterior, antes [de Vizcarra], los fiscales de la Nación no investigaban a presidentes y ministros, ella salió de eso con una fórmula compatible con el ordenamiento jurídico y constitucional. El paso del tiempo afecta los medios probatorios”, señaló, al asegurar que Ávalos puede tomar el mismo camino con Castillo.
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La abogada penalista Romy Chang dijo que el criterio usado por el fiscal Tello frente a las citas clandestinas de Castillo en Breña “es bastante generoso”.
“Uno no puede mirar los hechos de manera aislada, debe ser de manera conjunta. Aquí estamos hablando de un aspecto repetitivo [la falta de transparencia], y también de un secretario general, el señor Pacheco, que ha estado pidiendo favores y ejerciendo presión en las Fuerzas Armadas, y en la Sunat. ¿Castillo tenía conocimiento? Estas reuniones en Breña con empresarios pueden dar a entender, que sí. ¿Por qué el presidente se reúne con empresas que ganan licitaciones?”, criticó.
Chang, en declaraciones a este Diario, dijo que, si ya la fiscal Zecenarro está investigado la licitación dada por Provías, “cómo no se va a considerar que el presidente pudo haber influido en esto”.
“La labor de la fiscalía es defender la legalidad. Investigar no significa que una persona per se sea responsable. Hay elemento para abrir investigación preliminar y preguntar a Castillo que hacía ahí. Hay una contradicción con el ministro de Defensa [quien dijo que trataron temas de defensa nacional en la casa de Breña], uno de los dos está mintiendo. Decir que no hay elementos es generoso”, expresó.
La abogada penalista dijo que la fiscal Zecenarro podría llamar al jefe de Estado como testigo a declarar e ir jalando el hilo de la madeja.
Sobre el rol de Ávalos, Chang señaló que la fiscal de la Nación lo que podría hacer es organizar a su equipo para que la pesquisa a López y Pacheco le permita obtener declaraciones y pruebas que le ayude a definir si abre o no investigación al presidente Castillo. “Está faltando proactividad y no es la primera vez, en el caso de los ascensos [en las FF.AA.], la fiscal Ávalos se demoró, la procuraduría tuvo que presentar una solicitud de denuncia y después de eso la fiscal abrió investigación”, finalizó.
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Una opinión diferente tuvo la abogada penalista Liliana Calderón, quien remarcó que al ya existir una investigación preliminar sobre el Caso Provías, la fiscal Zecenarro deberá determinar “de manera autónoma” qué otros actos comprenderán la pesquisa y qué otras diligencias se podrán realizar. “Ella determinará si estas reuniones están o conectadas con su caso”, manifestó a El Comercio.
Calderón también refirió que Ávalos como máxima autoridad del Ministerio Público “debe guardar independencia” y, por lo tanto, “no puede pronunciarse ni sentar posición” sobre un caso que “ni siquiera existe”.
Más información
A inicios de agosto, La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que el fiscal Tello rechazó, inicialmente, la solicitud de la fiscal Bonnie Bautista y del procurador anticorrupción Javier Pacheco para que la investigación de “Los Dinámicos del Centro”, que ya incluía en ese momento a Vladimir Cerrón, pase de Junín a Lima.
El coordinador de las fiscalías anticorrupción desestimó el pedido, tras asegurar que para que un delito sea de repercusión nacional, este deberá “trascender la generalidad perturbándose la actividad estatal y por ende la Nación”. Agregó que este presupuesto “no se tiene muy bien esbozado y definido en la investigación”. Unos días después, él mismo cambió de opinión y ordenó el traslado del caso a la capital.
La Unidad de Investigación de El Comercio también advirtió que algunos implicados en el Caso “Los Dinámicos del Centro” fugaron por dilaciones en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. La orden de detención preliminar se emitió el 1 de junio, pero recién fue ejecutada el 15 de ese mes. El fiscal Tello demoró en brindar a la fiscal Bautista la logística necesaria (fiscales, personal administrativo y policías) para realizar la diligencia en Junín, la cual debía realizarse de manera simultánea en nueve inmuebles. En la operación solo se detuvo a 27 de los 37 implicados. Entre los no habidos están Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú, quienes se encontrarían fuera del país.
El 9 de junio, en una entrevista con “Perú.21″, Tello reveló públicamente la operación, pese a que aún no se había realizado y era reservada. Afirmó al diario que “la medida [la decisión sobre el requerimiento fiscal] ha salido en una época no apropiada”, en referencia a la segunda vuelta presidencial del 6 de junio. En ese momento, Tello se excusó diciendo que no tenía personal y no podía convocar policías.
En octubre de 2020, Tello defendió la decisión de la fiscal de la Nación de negar la solicitud del equipo especial Lava Jato para investigar al entonces presidente Martín Vizcarra por el Caso Obrainsa.
“La fiscal de la Nación ponderó que ya tenía muchos casos en investigación. Ellos investigan el Club de la Construcción, pero porque también hay empresas brasileñas involucradas, este caso no guarda relación directa. El caso ya está siendo investigado por el fiscal provincial Elmer Chirre. Hemos coordinado con los fiscales de Moquegua para ver la investigación que se tiene, para hacer una estrategia de investigación”, refirió en RPP Noticias.
Un mes después, y con Vizcarra ya vacado, el fiscal supremo Pablo Sánchez resolvió que el equipo especial y no el despacho de Tello continúe con las investigaciones al expresidente.
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