Pedro Castillo: ¿Qué ruta seguirá en el Congreso la denuncia que presentó la fiscal de la Nación?

El presidente Pedro Castillo acumula más de diez denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. La última fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y alcanza también a los exministros Juan Silva Villegas (prófugo de la justicia) y Geiner Alvarado. ¿Qué ruta seguirá esta iniciativa hasta llegar al pleno?

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En el documento que presentó ante el Congreso y que fue inmediatamente derivado a la subcomisión, Benavides señala que el jefe de Estado sería presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que este viernes 14 de octubre se dará cuenta de esta denuncia ante el grupo de trabajo.

La parlamentaria de Alianza para el Progreso explicó también que la subcomisión tendrá 10 días hábiles para calificar la denuncia. El plazo se cumplirá el 28 de octubre.

Camones aseguró que la subcomisión le dará prioridad a esta denuncia, respetando los procedimientos y plazos ya establecidos en el artículo 89 del reglamento del Parlamento. Dicho artículo se refiere al desarrollo de una denuncia constitucional.

La expresidenta del Congreso agregó que si la denuncia se declara procedente esta pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas, después de los 10 días de evaluación en la subcomisión.

Añadió que “si procede (en la Comisión Permanente) regresa a la subcomisión” para designar al delegado y recoger los testimonios y pruebas que sustenten la denuncia antes de continuar su curso hasta el pleno del Congreso.

No obstante, Camones aseveró que no puede estimar plazos para el proceso.

Consultados por El Comercio, los especialistas en temas parlamentarios César Delgado Güembes y Alejandro Rospigliosi estimaron que “si hay voluntad política” la denuncia podría resolverse dentro de 3 o 4 meses sino podría demorar años como en el caso de la excongresista Luciana León.

Además, señalaron que para que prospere en el caso de Castillo, este tendría que ser vacado o suspendido del cargo.

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Según el reglamento del Congreso, “mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política”.

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Delgado Güembes señaló que en la Comisión Permanente “los plazos no cuentan porque todo es discrecional” y que ahí también”se realiza una audiencia” a la que se cita al acusado. “Luego se ve si hay mérito o no para acusar al alto funcionario ante el pleno”, agregó.

Una vez que llega al pleno se necesita de 2/3 del número de integrantes del Congreso, es decir 66 legisladores, para ser aprobada. Si esto ocurre, se remite el caso a la Fiscalía de la Nación. Si no alcanza los votos, se archiva.

“El pleno definirá. Si se trata de un delito cometido en el ejercicio de su función, la votación define si declara a lugar a la formación de causa. En la infracción a la Constitución se decide si se destituye inhabilita o suspende al alto funcionario”, señaló Delgado Güembes.

Delgado Güembes indicó que “si se prioriza o si hay prisa o interés de ambas partes, de denunciante y denunciado, suele ocurrir” que el proceso de acusación constitucional se termine “en 3 o 4 meses”.

“También hay procesos que han durado dos o tres años”, indicó y puso como ejemplo el caso de la ministra y vicepresidenta Dina Boluarte, cuya “denuncia se presentó hace meses y recién se ha realizado la audiencia” el lunes 10 de octubre.

Alejandro Rospigliosi tuvo una postura similar. El especialista añadió que para que la denuncia prospere “se necesita voluntad política”.

“La subcomisión tiene 500 denuncias constitucionales y las suele atender en número de orden de llegada, salvo que por voluntad política le den prioridad a una. Por ejemplo, en el caso de la exparlamentaria Luciana León, sobre quien la entonces fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional, han pasado años y aún no la ven”, expresó.

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Hasta el momento, la denuncia contra el mandatario que registra un mayor avance en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es la que presentaron en febrero de este año Fernán Altuve, Lourdes Flores y otros abogados. Sin embargo, los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) asumieron como propia la acusación con la finalidad de que no sea rechazada en la subcomisión.

La denuncia se sustenta en la entrevista que Castillo dio a CNN, en la que se mostró a favor de la salida al mar para Bolivia.

El 8 de agosto, el entonces congresista delegado de esta denuncia, Wilson Soto, presentó su informe final, en el cual recomienda inhabilitar al mandatario por cinco años por supuestamente haber violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú. También sugiere que se acuse al jefe de Estado por el presunto delito de traición a la patria, en la modalidad de tentativa.

Debido a las demoras en la instalación de la subcomisión para el periodo 2022 - 2023, recién a finales de septiembre se dio a conocer que el nuevo delegado de esta denuncia es el congresista Diego Bazán (Avanza País).