Dina Boluarte: ¿Cómo intentó desvirtuar las denuncias constitucionales en su contra?

La también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se presentó ayer ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales junto a su abogado Alberto Otárola en una audiencia realizada a cinco meses de presentadas las denuncias contra ella y más de tres meses de que la Comisión Permanente diera a dicho grupo –presidido hoy por Lady Camones (APP)– un plazo de 15 días para que se emita un informe final.

LEE TAMBIÉN: Fiscalía considera que Lilia Paredes podría recibir una pena de entre 8 y 10 años de cárcel

La narrativa de Boluarte incluyó la victimización a la que también es afín el presidente Pedro Castillo. Durante la sesión que duró casi cuatro horas y media, tanto la vicepresidenta como su abogado incidieron en cuestionar a la contraloría y el informe de esta entidad que advirtió en mayo pasado que la funcionaria habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución. Esto por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, una asociación privada, cuando ya ocupaba cargo público.

El citado artículo constitucional sostiene que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Boluarte acudió al Parlamento vestida completamente de blanco, el color de la paz, pero fue tras la sesión cuando –en declaraciones a la prensa– tuvo palabras más beligerantes. Primero insistió en que la población sabe que lo que busca un sector del Congreso que no reconoce la victoria electoral de Castillo es inhabilitarla para luego vacar al mandatario.

“Están queriendo forzar una interpretación al artículo 126 de la Constitución y, al parecer, el contralor general de la República estuviese jugando en pared con estos congresistas antidemocráticos que quieren dar un golpe de Estado a un gobierno legítimamente elegido”, acusó.

VIDEO RECOMENDADO

Desde la oposición se cuestionó tal postura. “Es su defensa. Ha elegido, como estrategia de su defensa, el ataque”, indicó a El Comercio Martha Moyano, legisladora de Fuerza Popular.

Para la vocera alterna de Renovación Popular, María de los Milagros Jáuregui, Boluarte fue “tenue” y “no ha dado respuestas claras”, como cuando se le consultó si había llamado al exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, para gestionar la licencia de funcionamiento del club. “Ella está tratando de distraer a la población y tratar de enfocarnos en algo que no existe”, aseveró.

Sí hizo trámites

Uno de los principales cuestionamientos contra Dina Boluarte es el haber firmado, entre el 26 de agosto y el 20 de octubre del 2021 como presidenta del club, 13 documentos relacionados a modificaciones de los estatutos, con convocatorias a sesiones del consejo directivo y con constancias sobre el quórum.

Durante la jornada, ella admitió haber realizado trámites a favor del Club Apurímac cuando ya era ministra, pero precisó que corresponden a “actos de regularización registral” que “no constituyen una función de dirección o gestión de la institución”. “Solo fue en el estricto de regularizar actos que iniciaron en el 2019″, refirió.

Y aunque Otárola sostuvo que su defendida había solicitado licencia a su cargo en el club el 26 de julio del 2021 y que ello “la desvinculó de toda gestión al frente del Club Apurímac”, luego reconoció: “Sí es cierto, suscribió estos documentos, pero es un acto que corresponde a la sesión del Consejo Directivo del 23 de mayo del 2019, no es una sesión de fecha posterior a la designación como ministra. Estaba, siendo ministra o no, obligada a suscribir por el marco registral estos documentos”.

Además, Boluarte comentó que tras su juramentación como vicepresidenta fue sustituida en la presidencia del club, pero dicho reemplazo no podía suscribir documentos porque no estaba reconocido en los registros públicos.

En tanto, uno de los testigos citados y tesorero del club, Néstor Amado Camargo, refirió que Boluarte le otorgó un poder el 4 de enero del 2022 “para hacer trámites de gestión” ante la Municipalidad de Lima. Asimismo, la legisladora Yarrow –una de las denunciantes– dio cuenta de documentos de diciembre del 2021 que llevan la firma de la vicepresidenta y que piden al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la exoneración del impuesto predial.

Intento fallido

A la sesión también habían sido citados Shack y Muñoz como testigos, pero ambos no acudieron y su presentación se reprogramará. Camones informó que, una vez se concluya la etapa de audiencia, el delegado del caso Edgar Reymundo –quien no participó por estar de licencia por salud pero envió preguntas para Boluarte– tendrá hasta cinco días hábiles para emitir su informe final.

La ausencia de Shack entrampó el inicio de la audiencia. Los legisladores Héctor Valer (Perú Democrático) y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) plantearon incluso se suspenda la diligencia, pero el intento resultó fallido. En tanto, el discurso del golpismo y el ataque al contralor fueron adelantados por Boluarte y Otárola en sus primeras intervenciones.

La ministra sostuvo que se trata de “denuncias constitucionales mal orientadas por la contraloría” y afirmó que “está en marcha” un plan para también inhabilitar al presidente. “El señor contralor tiene a la fecha una denuncia constitucional en esta misma subcomisión, la denuncia 252 presentada el 30 de marzo del 2022. Si restamos 268, que es la denuncia constitucional contra la señora Boluarte, se han saltado 16 denuncias dejando medio archivada la denuncia del contralor para ver esto”, reclamó su abogado.

Asimismo, difundió un video en el que se aprecia a congresistas miembros de la subcomisión opinar sobre si Boluarte cometió infracción constitucional: Norma Yarrow y Diego Bazán (Avanza País), Patricia Juárez y Martha Moyano (Fuerza Popular), y Lady Camones (APP), titular del grupo. “Pedimos como cuestión previa que primero la subcomisión, cuando debatan este informe, vean la necesidad y urgencia de que sean otros congresistas que no hayan adelantado opinión los que resuelvan este caso”, demandó Otárola.

A Boluarte también se le cuestiona por no haber declarado en su Declaración Jurada de Intereses (DJI) a su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien registra contratos con el Estado cuando ella ya era funcionaria.

La ministra dijo que no conocía que su cuñado había contratado con el Estado. “No participo ni he interferido ni llamado para favorecer la contratación de algún pariente. En el caso del señor Alfredo, desconozco su actividad comercial o profesional. A mi cuñado no lo veo hace más de 6 años, yo no tengo cómo saber”, dijo durante la audiencia.

Según pudo conocer El Comercio, en la subcomisión se estima que el informe final será votado en máximo 25 días.