Pedro Castillo y Dina Boluarte: ¿Qué pasó con sus denuncias constitucionales en el Congreso?

Las denuncias constitucionales contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y la vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, continuaron con su lento avance en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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En el caso del jefe de Estado, la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones, dio cuenta del informe final - que había sido presentado hace más de un mes por Wilson Soto - y anunció que el caso tendrá un nuevo delegado debido a que el congresista de Acción Popular ya no es integrante de la subcomisión.

Como se recuerda, el pasado 8 de agosto, Soto, el primer delegado de la denuncia constitucional contra Castillo, presentó ante la subcomisión su informe final.

Dicho documento recomienda inhabilitar al mandatario por cinco años por supuestamente haber violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú. También sugiere que se acuse al jefe de Estado por el presunto delito de traición a la patria, en la modalidad de tentativa.

Horas más tarde, se designó Diego Bazán como el nuevo delegado de la denuncia contra el mandatario.

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Desde el despacho de la congresista Lady Camones señalaron a El Comercio que la salida del congresista Wilson Soto del grupo de trabajo no significa que el caso “vuelva a cero”. Agregaron que el sucesor del accionpopulista “puede ratificar” el informe final de su colega.

En tanto, el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi explicó que hay dos caminos: que el nuevo delegado continúe y exponga el informe de Soto o que decida realizar un nuevo informe e iniciar desde cero. A criterio del especialista el segundo escenario sería “penoso”.

Además…

• Si el nuevo congresista delegado continúa con el informe de Soto, lo sustenta. Luego será debatido y aprobado o rechazado en votación.
• El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y debe ser remitido a la Comisión Permanente.
• Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Reglamento Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el pleno.

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“Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública”, dice el escrito.

“Se concluye y se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria previsto y sancionado por el artículo 325° del Código Penal; en calidad de Autor y en grado de tentativa en agravio del Estado Peruano”, añade el documento.

Esta demanda fue presentada en febrero por Fernán Altuve, Lourdes Flores y otros abogados. Sin embargo, los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) asumieron como propia la acusación con la finalidad de que no sea rechazada en la subcomisión.

La denuncia se sustenta en la entrevista que Castillo dio a CNN, en la que se mostró a favor de la salida al mar para Bolivia.

Las declaraciones de Castillo a CNN

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En el caso de Dina Boluarte, cuyo delegado es el parlamentario Edgard Reymundo, se dio cuenta del informe de determinación de los hechos y pertinencia de pruebas y se fijó como fecha para la audiencia del caso el 10 de octubre desde las 8 a.m. En dicha sesión se citará a la parte denunciante, al denunciado y los testigos.

La denuncia contra Dina Boluarte fue presentada en mayo, pero - debido a las demoras en la instalación de la subcomisión para el periodo 2022 - 2023 - ha seguido también un lento proceso en este grupo de trabajo.

Como se recuerda, el pasado 14 de junio, la subcomisión declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra por haber realizado gestiones para un club privado cuando ya desempeñaba un cargo público.

Posteriormente, el 1 de julio, la Comisión Permanente del Congreso acordó por mayoría dar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se presente el informe final de la denuncia.

En la sesión del 8 de julio solo se comunicó la solicitud información que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Peruano sobre el caso de la vicepresidenta. Dicho pedido se realizó el pasado 30 de junio mediante un oficio enviado al canciller César Landa.

Dina Boluarte denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad.

La acusación constitucional presentada en el Congreso contra la vicepresidenta se refiere a la presunta vulneración del artículo 126 de la Constitución, al haber efectuado actos de gestión a nombre del club departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado, pese a que la Constitución prohíbe este tipo de actividades.