Boluarte aseguró a la CIDH que se ha vulnerado el debido proceso en la denuncia por haber realizado gestiones para un club privado cuando ya desempeñaba un cargo público.
La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social busca que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se vea obligada a suspender el procedimiento que le sigue por presuntamente vulnerar los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
El abogado Alberto Otárola, defensor legal de Boluarte, solicitó medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado.
Procuraduría envía al Congreso oficio sobre el caso Dina Boluarte
Lee aquí todo el pedido:
En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, se asegura que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.
Además, Otárola dice a la CIDH que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos.
El abogado se refiere al informe de la Contraloría General de la República que advierte que Boluarte intervino en la gestión del Club Departamental Apurímac cuando se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pese a que el artículo 126 de la Constitución señala que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios ni de terceros.
Además, Otárola denuncia que el informe fue enviado íntegramente al Congreso, mientras que a Boluarte solo le llegaron tres páginas del documento, lo que es una “notoria afectación al derecho a la defensa y al debido proceso legal”, que involucra también a la contraloría.
El abogado agrega que el Congreso tiene planificado destituir e inhabilitar a Boluarte a más tardar el 8 de julio; es decir, en la presente legislatura.
Boluarte y su abogado se pronunciarían hoy sobre las medidas cautelares presentadas ante la CIDH, que hasta ayer prefirieron mantener en reserva.
En tanto, la CIDH solicitó al Estado Peruano que le envíe toda la información que considere oportuna sobre este caso. El pedido se realizó el pasado 30 de junio mediante un oficio enviado al canciller César Landa, al que también accedió El Comercio.
Luego, el pasado 1 de julio, el procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño, pidió a la presidenta de la subcomisión, Rosio Torres, documentación para enviarla a la CIDH.
En diálogo con El Comercio, la vicepresidenta de la subcomisión, Martha Moyano, de Fuerza Popular, dijo que no hay vulneración al debido proceso y el Congreso hará respetar sus facultades.
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