Pedro Castillo y el dueño de la casa de Sarratea: el entorno del presidente va sumando más prófugos | INFORME

El último martes, el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar contra integrantes del denominado “gabinete en la sombra” del presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, de las seis personas que serían parte de este grupo, Alejandro Sánchez Sánchez se encuentra no habido.

Sánchez es dueño del inmueble ubicado en el Pasaje Sarratea 179, en Breña, donde el jefe de Estado habría concertado durante sus primeros meses de gobierno reuniones evitando la debida transparencia. El local, además, fue utilizado por Castillo como centro de campaña durante la segunda vuelta de las elecciones 2021.

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De acuerdo con la investigación que lleva a cabo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, los integrantes del “gabinete en la sombra” son indagados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal. En esta organización, Sánchez tendría el rol de uno de los financistas y coordinadores.

Entre las presuntas acciones que se atribuyen a Sánchez y las otras personas vinculadas al “gabinete en la sombra” son la captación de dinero para obtener fondos presuntamente ilícitos que sostengan la campaña de Castillo cuando era candidato de Perú Libre. Seguidamente, una vez en el Ejecutivo, copar las instituciones públicas. Finalmente, actos colusorios y la captación de congresistas mediante acuerdos ilícitos.

Según la colaboradora eficaz Karelim López, la vivienda ubicada en Breña habría funcionado como el lugar donde, presuntamente, se realizaban negociaciones de una supuesta organización criminal que operaba en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

En declaraciones a Latina, Sánchez afirmó que había otras dos personas, del partido Perú Libre, que también contaban con la llave de su inmueble. “Mi único delito es ser amigo del presidente y haberle dado posada aquí a un paisano, a un amigo”, declaró en aquella entrevista.

El pasado 16 de julio, un equipo de la fiscalía, junto a personal policial, allanaron otro inmueble de Sánchez ubicado en el kilómetro 102 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia. La orden se dio para ubicar a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Castillo que permanece prófugo.

La Policía Nacional manejaba información relacionada con Vásquez Castillo y presuntos ingresos a esa vivienda. El familiar del jefe de Estado no fue ubicado en esta casa, pero horas después del allanamiento Sánchez se comunicó vía telefónica con el general PNP Arriola para pedirle explicaciones. Sánchez dijo a Arriola: “Yo voy a conversar con Fray, sobre todo porque él está libre”. Inmediatamente después, intentó aclarar que no sabía nada de él, pero reconoció que tenía una relación cercana con Vásquez.

Sin embargo, Sánchez negó que Vásquez Castillo se haya escondido en un inmueble de su propiedad en Asia. Este martes, el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió que si Sánchez no es ubicado sería porque “no solo estaría prófugo, también estaría siendo encubierto”. El grupo de trabajo dirigido por Ventura ha investigado las reuniones subrepticias que se han organizado en la casa de Sarratea.

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Alejandro Sánchez Sánchez se suma a la lista de personas vinculadas al presidente Pedro Castillo que permanecen o se han encontrado en la clandestinidad tras órdenes de detención.

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del jefe de Estado, fueron incluidos el 31 de abril de este año en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) luego de dictarse una orden de detención preliminar en su contra.

La investigación fiscal en la que están implicados los familiares del presidente es por los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias como tipo penal alternativo y organización criminal. Esto debido a ilícitos que se habrían cometido para favorecer al consorcio Puente Tarata III en la licitación de una obra en la región San Martín. Debido a estos indicios, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva en contra de ambos.

En el caso de Gian Marco Castillo, en mayo de este año la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la decisión de prisión preventiva y dictó una orden de comparecencia con restricciones.

De otro lado, el Poder Judicial confirmó la orden de prisión preventiva contra Fray Vásquez Castillo, quien permanece prófugo y se ofrece una recompensa para dar con su paradero.

Posteriormente, la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, fue también requerida por la justicia en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Sin embargo, entre el 9 y 10 de agosto permaneció en la clandestinidad y se habría ocultado en la zona residencial de Palacio de Gobierno para evadir una orden de detención preliminar de 10 días por presunta organización criminal y lavado de activos, revelaron fuentes de El Comercio.

Según la tesis fiscal, el presidente Castillo sería la cabeza de una organización criminal; la primera dama, Lilia Paredes, sería coordinadora; y Yenifer Paredes una de las testaferras de este presunto grupo delictivo.

De otro lado, la Casa Militar reportó días después de la diligencia en Palacio de Gobierno para ubicar a Yenifer Paredes, que se había perdido la información de las tres cámaras de seguridad de este recinto. La fecha de esta pérdida fue el 9 de agosto, el mismo día en que se buscaba a la cuñada del presidente.

En agosto, el fiscal Jorge García Juárez, del equipo especial contra la corrupción del poder, aseveró que “la organización criminal tenía reuniones con el mismo Pedro Castillo en Palacio, como se evidencia en las visitas a la casa de gobierno. Planificaban, organizaban los actos delictivos, los ingresos fueron autorizadas por Lilia Paredes, coordinadora de la organización”.

Adicionalmente, detalló que existiría “una sola estructura criminal que ha abierto sus brazos delictivos a diferentes estamentos del Estado. Lo que hoy nos trae aquí es el caso del cajero y la cuñada, o el caso de Anguía. En este capítulo de esta trama delictiva, tenemos a la cabeza al presidente, que trabajaba coordinadamente con Geiner Alvarado, teniendo además en esta trama como coordinadora a Lilia Paredes, como operador a José Medina, como lobbista a Yenifer Paredes”.

Personas vinculadas al entorno del presidente Castillo también han permanecido prófugas de la justicia. Fue el caso de Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial y anterior aliado magisterial del mandatario. Él permaneció prófugo durante casi cuatro meses, cuando se dictó una orden preliminar en su contra por el caso Puente Tarata. Finalmente, el 23 de julio de este año se puso a derecho luego de casi cuatro meses.

Pacheco es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el caso de las presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas; así como por presunto enriquecimiento ilícito, tras encontrarse 20 mil dólares en efectivo en el baño de su despacho en Palacio de Gobierno.

Al igual que Fray Vásquez, la fiscal Taquire incluyó a Pacheco en la presunta organización dedicada al lavado de activos. Esto a partir del hallazgo de US$ 20 mil en su oficina de Palacio de Gobierno y un evento familiar que ascendería a S/ 100 mil.

Luego de su entrega, Pacheco reveló que el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga, a través de Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial que es investigado en el caso “Gabinete en la sombra” y que fue detenido este martes.

Otro ex alto funcionario del gobierno de Pedro Castillo que pasó a la clandestinidad es el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. El anterior integrante del Gabinete está prófugo de la justicia desde junio de este año, luego de que se dictó una orden de detención preliminar en su contra.

En los días anteriores a la solicitud de detención, la Policía Nacional tenía ubicado a Silva a partir de acciones de inteligencia. Sin embargo, luego de que la fiscalía obtuvo la orden de detención de Juan Silva, la policía indicó que se había perdido su ubicación.

El exministro es investigado por la fiscalía por ser parte de una presunta red criminal que operaría al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aunque su abogado ha anunciado la posibilidad de que se ponga a derecho, hasta la fecha permanece prófugo.

El pasado 10 de agosto, el abogado Luis Alfredo Yalán dijo a Exitosa que “el tiene mucha información buena y mala de altos funcionarios, entiéndase de igual jerarquía o superiores, informaciones buenas y malas [¿Compromete al presidente Pedro Castillo?] Sí, podría [¿A otros ministros como Geiner Alvarado?] Así es. Estamos hablando que tal vez, también de él”.

Perú Libre: "Dinámicos del Centro" y "Los Tiranos del Centro"

"Dinámicos del Centro" .- Aunque no son parte del círculo de confianza de Pedro Castillo, sí del partido que lo llevó a la Presidencia. Tres de los cuatro investigados en el caso Los Dinámicos del Centro, vinculados a Perú Libre y su gestión en la región Junín, fueron capturados luego de estar incluidos en la lista de los más buscados. Entre ellos estaba incluido Arturo Cárdenas Tovar, quien de acuerdo con la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz se estableció que se estaba frente a “una organización criminal presuntamente conformada hasta en cuatro niveles. En el primero está Vladimir Cerrón en condición de líder, Arturo Cárdenas Tovar en segundo nivel, hombre de enlace de la organización, y luego se bifurcan en dos: uno en la actividad criminal referida al tráfico de licencia de conducir y en paralelo a la contratación de personal”.

"Los Tiranos del Centro".- Desde febrero de este año, dos personas de Perú Libre vinculadas al Caso Los Tiranos del Centro, presunta organización criminal que operaba en la Municipalidad Provincial de Huancayo y cobraba cupos a comerciantes, se encontraban prófugas de la justicia. Esta red estaría liderada por el suspendido alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, quien fue sentenciado en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible; Juan Carlos Quispe, alcalde provincial encargado; entre otros funcionarios y colaboradores que fueron detenidos en febrero.