Fiscalía de la Nación allana oficinas de los congresistas de AP señalados como ‘Los Niños’

Unidad de Investigación

La Fiscalía de la Nación, con el apoyo del grupo especial de la policía, realiza el allanamiento de las oficinas de Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, los seis congresistas de Acción Popular (AP) que han sido señalados como parte de ‘Los Niños’.

Los seis parlamentarios son investigados de manera preliminar por la presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Por este caso también se investiga al presidente Pedro Castillo y al prófugo extitular del MTC Juan Silva. Todos están comprendidos en el delito de organización criminal.

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Los despachos de los seis legisladores de Acción Popular allanados están en el edificio Fernando Belaunde Terry, ubicado en el jirón Huallaga 358, en el Centro de Lima.

El operativo es encabezado por el fiscal supremo adjunto Marco Huamán, quien en el 2021 realizó la diligencia en Palacio de Gobierno en la que se encontró US$20 mil en el baño de la oficina de Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia de la República que ahora es colaborador eficaz del Ministerio Público.

En paralelo, los fiscales y policías llevan a cabo la misma acción en los domicilios de Lima y las regiones de donde provienen los seis congresistas de Acción Popular: Doroteo es de Ica, López es de Junín, Espinoza es de Áncash, Flores es de Puno, Elvis Vergara es de Ucayali y Mori es de Loreto.

Tesis fiscal

Según la disposición fiscal que determinó que los seis parlamentarios de AP sean investigados por el delito de organización criminal –firmada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides–, los congresistas habrían obtenido beneficios ilícitos, como el direccionamiento de licitaciones del MTC y la colocación de funcionarios en puestos claves.

Entre las obras supuestamente direccionadas se menciona la lista de siete licitaciones de Provías Nacional que Karelim López reveló como parte de su colaboración eficaz con la fiscalía. Estas se entregaron durante los primeros meses del gobierno de Castillo. Los ganadores de los contratos, que suman S/891′855.814, fueron consorcios formados por empresas peruanas y chinas.

“Además de intervenir en las citadas contrataciones, habrían respaldado la gestión” del presidente Castillo y de Silva en el MTC “mediante sus votos en el Congreso”, ya sea “en contra de la moción de vacancia presidencial o contra la censura/interpelación de ministros”, señala el documento fiscal.

Los seis congresistas de AP, que se han reunido con Castillo en Palacio, también votaron “a favor de la cuestión de confianza solicitada por el Gabinete”. A cambio, “solicitaban direccionar algunas contrataciones públicas y contratar al personal de confianza que ellos proponían en distintos ministerios, entregando para ello los currículos correspondientes” a Castillo. Algunos puestos requeridos habrían sido en el Ministerio de Vivienda.

Para la Fiscalía de la Nación, los seis parlamentarios de AP serían mandos medios dentro de la presunta organización criminal, “constituyendo el denominado ‘brazo congresal’, que además estaría conformado por otros congresistas en proceso de identificación, todos los cuales con su rol garantizaban la permanencia de la aludida organización en el Poder Ejecutivo”.