El fiscal provincial Jorge García, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estimó que la primera dama, Lilia Paredes, podría recibir una pena de entre 8 años y 10 años con cuatro meses de cárcel efectiva por presunto crimen organizado, delito por el que se la investiga.
Esa fue su prognosis de la pena estimada para sustentar el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses en contra de la esposa del presidente Pedro Castillo.
La fiscalía atribuye a Paredes Navarrro ser la “coordinadora” de la presunta red criminal en cuya cúspide estaría el jefe del Estado.
Es por ello, aseguró el lunes pasado ante el juez Raúl Justiniano, que la fiscalía investiga una estructura denominada “red criminal en el poder”.
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García Juárez dijo que ha presentado diversa documentación y elementos que comprueban la existencia de una sola red criminal que operaría desde el Ejecutivo.
“No es como se viene diciendo, que hay muchas organizaciones criminales. No, señor, existe una sola organización criminal que estaría liderada por quien hoy ejerce la presidencia de la República”, señaló.
El fiscal alegó que la presunta organización criminal llevó a cabo un plan que implicaba el copamiento del poder con personas —como el exministro de Vivienda Geiner Alvarado— para ejecutar sus órdenes, los lobbies ilícitos a cargo de Yenifer Paredes y las licitaciones fraudulentas en los municipios de Chachapoyas, Cajatambo, Anguía y otros.
Todo ello, sostuvo, fue coordinado por la primera dama, quien “aprovechándose” de su posición de poder dentro del aparato estatal, al tener la condición de esposa del mandatario, viabilizaba las obras y expedientes técnicos que requerían los municipios beneficiados con el Decreto de Urgencia 102-2021.
Y, agregó el fiscal, la labor de coordinación de la primera dama dentro de la red criminal sí se concretó, puesto que las empresas fachada vinculadas con el confesor sincero Hugo Espino firmaron contratos con dichos municipios.
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“La coordinación que ha efectuado Lilia Paredes Navarro desde Palacio de Gobierno, utilizando a Yenifer Paredes para que los contratos se den; está [en] Anguía, Chachapoyas, está [en] Chadín; contratos firmados. ¿Dio resultado su coordinación? Dio resultado, señor”, le dijo al juez.
García aseguró que Paredes también usó su poder para autorizar el ingreso de Espino a Palacio de Gobierno, pese a que —según lo declarado por el exsubsecretario del despacho presidencial Ysrael Mayuri— no tenía esa facultad. Palacio, entonces, habría sido usado para que, junto a Yenifer Paredes y Hugo Espino, puedan planear las acciones criminales.
En total, el fiscal presentó 14 elementos de convicción, como la declaración de colaboradores eficaces, testigos protegidos y documentación financiera.
Además, aseguró que la medida de impedimento de salida del país contra la primera dama era necesaria, puesto que había peligro de que esta pueda ser sustraída de la justicia. Ello, anotó, en la misma línea de lo ocurrido con el exministro Juan Silva y Fray Vásquez, sobrino de Castillo, quienes se encuentran prófugos.
Benji Espinoza, abogado de la primera dama, afirmó que no existían elementos de convicción para sostener que su patrocinada haya financiado, viabilizado o dado celeridad a las obras.
Agregó que no se había presentado elementos para demostrar que su cliente coordinaba actuaciones delictivas y por ello solicitó que se rechace el pedido de impedimento de salida del país.
Durante su argumentación aseguró que existía una contradicción en el testimonio del empresario Hugo Espino, sometido a la confesión sincera. “Espino no detenido dice una cosa. Detenido y con la hermana detenida, dice otra cosa”, expresó ante el juez.
Espinoza aseguró que los informes financieros sobre presuntos movimientos de dinero —vinculados a Paredes— no eran acertados.
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En otro momento, el abogado dijo que la fiscalía no había detallado las diligencias para las que se hacía indispensable la presencia de Paredes, tal como lo había establecido la Corte Penal Nacional para poder dictar el impedimento de salida del país.
Si bien reconoció que su patrocinada dependía de su esposo, el presidente Castillo, indicó que esta cumple un trabajo como primera dama; incluso al salir del país.
Para concluir, Espinoza recordó que hace poco Paredes Navarro salió del país —junto a una comitiva del Gobierno— sin tener impedimento de salida del país y regresó.
El juez Raúl Justiniano suspendió la audiencia de impedimento de salida del país que se evaluó el lunes pasado contra Lilia Paredes hasta mañana 12 de octubre.
En la continuación de audiencia se evaluará el pedido de impedimento de salida del país para Walter y David Paredes Navarro.
Para el empresario Hugo Espino también se ha solicitado comparecencia con restricciones.
Por este caso, el presidente Pedro Castillo es investigado en la Fiscalía de la Nación.
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