Un año del golpe de Estado, sin acusación fiscal: ¿cuál es la situación penal de Pedro Castillo y el resto de involucrados?

El 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso, así como intervenir el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, para pasar a gobernar por decreto. Su consigna, en la que también ordenó a la ciudadanía entregar su “armamento ilegal” y llamó a que la Policía, las Fuerzas Armadas y las rondas campesinas lo apoyen, no tuvo éxito. Pero ello no lo libró de una investigación penal.

Poco después, la policía detuvo a Pedro Castillo por la presunta comisión en flagrancia del delito de rebelión cuando iba con su familia a la embajada de México, a la que luego pediría refugio. Esa detención fue validada por la Corte Suprema. Un año después, la Fiscalía de la Nación liderada por Patricia Benavides aún no concluye su investigación penal en torno a esos hechos.

LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte y los 10 momentos que marcaron su primer año en el poder

En tanto, la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y la evidencia de la presunta comisión del delito de rebelión por parte de Pedro Castillo y la exministra Betssy Chávez llevaron a que la Corte Suprema les imponga 18 meses de prisión preventiva. El exministro Aníbal Torres, por su parte, es investigado bajo libertad con restricciones.

Esto mientras culmine la investigación, que podría extenderse hasta abril del 2024. El plazo de la prisión preventiva también toma en cuenta una eventual etapa de control de acusación penal y un eventual juicio oral donde finalmente se determine si Pedro Castillo y coinvestigados son culpables de delito por el delito de rebelión.

Salvo que alguna medida judicial adicional lo beneficie, Pedro Castillo seguirá recluido en el penal de Barbadillo como mínimo hasta inicios del 2026.

El expresidente cumple allí la orden de 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado, que vencerá el 6 de junio del 2024. Sin embargo, tiene una segunda orden de prisión preventiva que se le dictó en marzo de este año: es por el plazo de 36 meses y vence el 8 de marzo del 2026.

Esa segunda orden es por el caso de la presunta red criminal que habría liderado en su gobierno, la cual comprende a sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. Con Pedro Castilllo recluido por el golpe, el Congreso le levantó la inmunidad y la fiscalía pidió esa medida en su contra, que también fue dictada y confirmada por dos instancias de las Corte Suprema.

Ese caso también se encuentra en etapa de investigación preparatoria, la cual también podrá durar hasta marzo del 2026. Hasta entonces, es posible que la investigación por el golpe de Estado ya haya concluido, que tenga una acusación penal y que incluso ya tenga una sentencia que asegure su internamiento en un penal por varios años más.

Incluso así, la fiscalía puede pedir una prolongación de hasta 18 meses de la primera prisión preventiva por el golpe de Estado para asegurar su sometimiento a ese proceso. Además, existe la posibilidad que el mismo juez que le dictó ambas órdenes cese o le revoque la prisión, más aún con el decreto publicado por el Ejecutivo que dispone la revisión periódica de ese tipo de medidas.

Desde su detención, los distintos abogados de Pedro Castillo han presentado múltiples recursos para anular actos de la investigación, para anular todo el proceso en su contra o para que sea investigado en libertad. Hasta ahora, todos han sido rechazado en doble instancia.

En las audiencias para debatir esos recursos, el exmandatario usa los minutos que la da el juzgado para intervenir para negar el golpe de Estado, calificarse de secuestrado o preso político, y asegurar que sigue siendo presidente.

En paralelo, Pedro Castillo tiene otras investigaciones preliminares en la fiscalía: una por presunta obstrucción a la justicia y otra por el caso de Sada Goray. Si el Ministerio Público piensa seguir indagándolo por cada uno de ellos más allá de la fase preliminar, deberá presentar nuevas denuncias constitucionales contra Pedro Castillo ante el Congreso.

La presidenta del Consejo de Ministros al momento del golpe continuó ejerciendo como congresista hasta fines de marzo. Allí se aprobó la denuncia constitucional contra Roberto Sánchez y Willy Huerta como ministros durante el 7 de diciembre, con el objetivo de que puedan seguir siendo investigados. Adicionalmente, a Chávez se le suspendió como congresista hasta que culmine su proceso judicial.

La fiscalía pidió prisión preventiva para los tres, lo que fue negado por el juez supremo Juan Carlos Checkley en primera instancia. Sin embargo, la fiscalía apeló y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema le impuso prisión preventiva por 18 meses el 20 de junio.

Betssy Chávez, quien estaba residiendo en Tacna al momento de la decisión, fue detenida en su casa y luego trasladada a Lima. Se le internó en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permanece hasta ahora. Su prisión preventiva durará hasta el 19 de diciembre del 2024.

A diferencia de Pedro Castillo, Betssy Chávez ha tenido escasa apariciones en audiencias judiciales desde entonces. La más notable fue una en la que su defensa pidió, sin éxito, el cese de su prisión preventiva. La exministra también denunció maltratos en el penal y pidió cumplir su prisión preventiva en Tacna, pero hasta el momento sigue en el penal de Chorrillos.

Para Aníbal Torres, ex presidente del Consejo Ministros y asesor de Betssy Chávez al momento del golpe, la fiscalía pidió prisión preventiva en diciembre del 2022 junto a Pedro Castillo. Sin embargo, se le negó por su edad (80 años) y problemas de salud.

Posteriormente, Aníbal Torres se reincorporó como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero no se alejó de la política. En los meses posteriores al 7 de diciembre, se mantuvo cercano a los seguidores de Pedro Castillo, a la ‘prensa alternativa’ e incluso dio a entender que tenía aspiraciones para postular a la presidencia.

Hacia la segunda mitad del 2023, sus apariciones públicas se diluyeron. Eso sí, se mantiene activo en su cuenta de X (antes Twitter) para insistir en que la vacancia de Pedro Castillo es nula. Todo esto mientras sigue siendo investigado y bajo comparecencia con restricciones.

Si bien no están investigados por este hechos, algunos políticos cercanos a Pedro Castillo también suscriben que en realidad hubo un golpe de estado en su contra. Entre ellos están exministros como Anahí Durand o Íber Maraví. Y si bien congresistas de Perú Libre votaron a favor de la vacancia el 7 de diciembre, Vladimir Cerrón también se sumó a esa corriente.

Los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta se libraron en dos instancias de que el Poder Judicial les imponga prisión preventiva. Ambos son investigados en libertad.

El primero sigue siendo congresista de la bancada de Cambio Democrático-JPP, aunque con mucho menos notoriedad que en su época como uno de los principales defensores políticos el expresidente, a quien sirvió como ministro durante todo su gobierno. El segundo se dedica a la actividad privada.

La fiscalía también incluyó en la investigación a tres policías: el general PNP Manuel Lozada Morales, al comandante Justo Jesús Venero Mellado y al teniente Eder Antonio Infanzón Chávez. Los dos primeros han negado su participación y atribuyen su inclusión en la misma a un malentendido provocado por el tercero.

La tesis fiscal en este caso es que Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres, Roberto Sánchez, Willy Huerta y “otras personas en proceso de identificación” habrían cometido el delito de rebelión y conspiración. Esto porque “habrían acordado disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos establecidos” en la Constitución.

Adicionalmente, a Pedro Castillo se le atribuye por estos hechos los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La investigación preparatoria de este caso comenzó el 13 de diciembre del 2022 con un plazo de ocho meses. Por ello, originalmente las indagaciones debían cerrarse el 12 de agosto pasado. Para esa fecha, sin embargo, la fiscalía aún tenía múltiples diligencias pendientes y solicitó ocho meses.

El Poder Judicial accedió a ese pedido y amplió el plazo de la investigación, que ahora podrá cerrarse como máximo el 11 de abril del 2024.

En su resolución, el juez Checkley recogió argumentos de la fiscalía como que 19 testigos no se habían presentado a declarar o que faltaba revisar el material incautado en la casa de Aníbal Torres. También se indicó que faltaba procesa la información recogida del levantamiento del secreto de comunicaciones de Pedro Castillo y sus coinvestigados.

A la fecha, las pesquisas siguen en marcha y no hay un estimado de cuándo podrían terminar. El Comercio consultó a la Fiscalía de la Nación al respecto. Desde la institución, envuelta en una grave crisis institucional ante los señalamientos a Patricia Benavides como líder una red criminal, no hubo respuesta.

Desde su formalización, la investigación está en manos del fiscal adjunto supremo Uriel Terán. Fuentes de este Diario señalan que se trata de uno de los fiscales de mayor confianza de Patricia Benavides. O al menos lo era hasta la crisis en el Ministerio Público, que ha provocado que múltiples fiscales marquen distancia de ella.

Para el abogado penalista Andy Carrión, la investigación del caso se ha dilatado por la intención de fiscalía en encontrar a más personas vinculadas al golpe en lugar de centrarse en quienes tienen mayor evidencia en contra: Pedro Castillo y Betssy Chávez y Aníbal Torres.

Esto es más evidente, indicó, al considerar que la Corte Suprema ya estableció que sería un delito en flagrancia, lo que “significa que tienes un caso redondo y puedes llegar a juicio y sentencia condenatoria en días o semanas”. “Pero aquí vemos que ya pasó un año y nada, a pesar de que existe un caso redondo, al menos respecto a Pedro Castillo”, indicó.

“La imputación de la fiscalía es sencilla. La rebelión implica alzarse en armas o, como ha dicho la Corte Suprema, intentar alzarse en armas. El problema surge cuando la fiscalía trata de identificar a los demás que habrían partiicipad. Allí está entrampada [...] Ese enfoque hace que la investigación se retrase”.

El abogado estimó que si la investigación principal se hubiese centrado en Pedro Castillo -con sus presuntos cómplices y otros implicados siendo procesados en una carpeta fiscal separada- la investigación ya hubiera terminado y estaría acusado. “Contra él las pruebas son directas, son redondas”, afirmó.

A esto se ha sumado en las últimas semanas la crisis en el Ministerio Público por los presuntos hechos criminales que implican a Patricia Benavides. “Con la fiscal de la Nación no se sabe. Puede, como con Dina Boluarte y Alberto Otárola a proceder a acusar a Pedro Castillo a fin de desviar la atención, a pesar de que las investigación aún tenga para largo”.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado logró constituirse como actor civil en caso. Es decir, podrá cobrar una reparación civil a Pedro Castillo y todos los que sean declarados culpables al final del proceso. El monto de esa reparación fue estimado en S/ 67 millones.

La PGE también logró que se embarguen bienes a Pedro Castillo y Aníbal Torres de cara a asegurar ese futuro pago de reparación civil. No obstante, actualmente la institución se encuentra sin cabeza tras la suspensión en el cargo de Daniel Soria, ordena por el Ministerio de Justicia del gobierno de Dina Boluarte.

Si bien todas estas medidas representan avances a la investigación, lo cierto es que un año después esta todavía no ha terminado y una sentencia contra los que resulten responsables a nivel penal por el golpe de estado aún está bastante lejos. Más aún con la crisis institucional en la que sumergió Patricia Benavides al Ministerio Público en el 2023.