Luego de media semana en Brasil, marcada por la notificación de la suspensión de la colaboración de Odebrecht y la inasistencia de sus exejecutivos a las reuniones que tenían previstas con ellos, Rafael Vela analiza los motivos detrás de la decisión de la empresa. Para el fiscal, la principal razón es su participación como testigo del Estado Peruano en el arbitraje internacional con la constructora por el Gasoducto Sur, donde debe rendir una nueva declaración.
—¿Qué balance hace el equipo especial de lo vivido esta semana en Brasil?
El balance es que hemos cumplido con nuestro trabajo. Hemos venido como correspondía, hemos levantando las actas correspondientes de inasistencia [de los exejecutivos]. Era algo esperado desde el día martes, considerando la suspensión. Siempre tenemos la expectativa de cumplir con los procedimientos formales. Más allá de la comunicación de la empresa está también la obligación de cada testigo que es colaborado eficaz en el Perú y que podría haber concurrido como había sido previamente coordinado. Eso no se produjo, hemos dado fe de las inasistencias.
—¿Cuál fue la principal razón de lo decidido por Odebrecht? Se habló de la incorporación de la empresa en el Caso Rutas de Lima y de su declaración como testigo en el arbitraje con el Perú por el Gasoducto Sur.
Sí, ya tenemos la información completa. Eso nos lleva a un análisis mucho más preciso de por qué ahora se solicita esta suspensión temporal [...]. Los abogados encargados de la defensa jurídica del Estado me han contactado para que yo pueda presentar la ampliación de mi memoria testimonial de setiembre en el 2021, un segundo testimonio respecto a lo que Odebrecht contestó al primero. La declaración es parte de mis obligaciones como funcionario en el Perú, dentro de la ley de defensa jurídica del Estado en controversias internacionales. Es una obligación. Ahora que se me ha solicitado un segundo testimonio en defensa del Perú, en la demanda arbitral que ha interpuesto Odebrecht, tenemos la clara evidencia objetiva de que lo que se está buscando por parte de la empresa es que yo no declare en ese arbitraje internacional. Y eso es parte de una obligación legal. Como tal, no está condicionado en el acuerdo de colaboración.
—Es decir, el testimonio suyo por el que ellos se quejan no ha culminado, sino que está aún en marcha...
Sí, se tiene que presentar un segundo testimonio en estos días. Tengo la obligación de responder, complementando el que ya presenté, en una fase escrita del arbitraje que debe culminar antes de febrero del 2023. Esto no es coincidencia: lo que se busca es tratar de censurar el segundo testimonio y que no presente la ampliación. Ellos también tienen conocimiento de en qué fase estamos del arbitraje, saben que tengo que presentar ese segundo testimonio. Lo que buscan es censurar ese testimonio, que no lo presente. Y eso es algo que yo no puedo hacer.
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—¿Y cuán relevante es este testimonio en el arbitraje?
Lo que damos es fe de lo que viene sucediendo. Transmitimos la situación procesal de la investigación por el gasoducto, donde Odebrecht, hasta en dos oportunidades, ha admitido su culpabilidad a través de actas.
—¿Se reafirma en que dar ese testimonio no va en contra del acuerdo de colaboración con Odebrecht?
No es solo lo que yo pueda interpretar, es lo que la institución que yo represento interpreta [...] Se hizo una consulta a la Fiscalía de la Nación y el gabinete de asesores emitió el análisis correspondiente, diciendo que yo tenía la obligación y el deber de presentar el testimonio.
—Otra alegación de Odebrecht fueron supuestas reuniones de ustedes a espaldas de ellos o de la justicia brasileña. ¿Ya saben que se referían en específico?
A la reunión del jueves y viernes de esta semana. Lo vamos a decir en nuestra respuesta a las autoridades brasileñas: esas reuniones nunca fueron clandestinas, fueron coordinadas con el colaborador, con su defensa legal. No hemos pactado ningún tipo de reunión que colisione con la cooperación internacional o con algún requerimiento en el que deba intervenir la justicia brasileña.
—¿Qué pasará con la participación de los exejecutivos en el juicio a Ollanta Humala programados desde el lunes? ¿Están descartados?
La jueza seguramente dará cuenta si existe algún despacho documental relacionado con la asistencia internacional y determinará si van a cumplir los testigos. [...] Solo después podremos tener un análisis de los escenarios, que van desde reprogramaciones a la posibilidad de que sea informado como un incumplimiento del acuerdo. Esto tendría que ser comunicado al fiscal José Domingo Pérez. Si es un incumplimiento, se abre un nivel de evaluación sobre las consecuencias. Eso es materia de decisión autónoma del fiscal sobre cuáles son las consecuencias del incumplimiento, donde existe también la posibilidad del escenario de la revocación del acuerdo.
—Teniendo en cuenta el esfuerzo que se hizo para firmar el acuerdo, ¿qué tanto golpearía a los casos no tener esas declaraciones?
Estamos en la certeza de que el camino tomado en su momento fue el correcto: suscribir un acuerdo de colaboración eficaz, porque durante todo este tiempo se ha avanzado muchísimo en la averiguación de la verdad. [...] De la misma manera, los acuerdos prevén la posibilidad del incumplimiento de obligaciones. Eso no desconoce el avance que hemos tenido de averiguación de la verdad. [...] Ahora, las consecuencias de una revocatoria también garantizan que lo que se avanzó sea utilizable en los canales de legalidad.
—Si desde Brasil confirman la suspensión, ¿cuáles serían los escenarios?
Son en dos planos. El Ministerio Público brasileño tiene ejercicio soberano respecto a las solicitudes de cooperación internacional. Por otro lado, está el análisis de los incumplimientos del acuerdo, que está regulado por la ley peruana. [...] Pero no estamos puestos en este escenario, confiamos en que no hemos hecho nada fuera del respeto estricto de la legalidad internacional y, esencialmente, del Perú [...]. Tenemos la clara convicción y seguridad de que hemos siempre respetado los términos del acuerdo y la ley.
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—¿Cómo ve el futuro de esta colaboración?
Estas circunstancias negociables son parte de los acuerdos de colaboración, donde hay muchas veces momentos de inconformidades, pero que se resuelven dentro del respeto por la ley. [...] Las controversias pueden existir y para eso se someten a los jueces del Perú. Ellos determinarán lo que corresponda a las posibles causales de incumplimiento [...]. El Ministerio Público está muy claro en lo que tiene que hacer ante un incumplimiento y tiene muy claro que ha respetado las reglas del acuerdo.
—¿Sintieron una traición de parte de la empresa?
No, porque no vemos esto desde una evaluación emocional. Hacemos un trabajo vinculado al imperio de la ley y como tal, tenemos que mostrar prudencia, razonabilidad [...] De la misma manera que puede haber malos momentos, es posible sentarse sobre la mesa y componer el conflicto. Por eso, estamos firmes en el cumplimiento de nuestras obligaciones y en la estricta exigencia de que se cumplan con las obligaciones de los colaboradores.
—Desde que usted está a cargo del caso Odebrecht, ¿es este el momento más tenso con la empresa
No podría calificar eso. Han existido siempre niveles de discrepancia [...] Tenemos la expectativa de que se recuperen los niveles de cumplimiento que la ley determine. Y si esto no se produce, tenemos la certeza de que si llegamos al escenario de una revocatoria del acuerdo, también lo hemos hecho dentro del cumplimiento de la ley.
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