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Salvar la bicameralidad, la columna de Fernando Tuesta

Siendo un buen diseño de reforma, corre el riesgo de no aprobarse si algunos párrafos del artículo 90 no se trasladan a una ley de desarrollo constitucional

Congreso de la República

El Congreso de la República hubiera podido evaluar el segundo proyecto de reforma constitucional de haber recibido el informe aprobado en Constitución. (Foto: El Comercio)

Lamentablemente, se ha trabado la aprobación de la bicameralidad, porque el artículo 90 entra a precisar el número de congresistas que debe tener cada cámara, así como algunos elementos del sistema electoral. Siendo un buen diseño de reforma, corre el riesgo de no aprobarse si estos párrafos del artículo en mención no se trasladan, como debe ser, a una ley de desarrollo constitucional.

El temor basado en que la gente quiere conocer el número de congresistas para aprobar la reforma ha quedado desvirtuado con varias encuestas, como la última de GfK en la que el 52% aprueba la bicameralidad sin que la pregunta consigne el número de congresistas.

El problema de ese artículo es que pretende colocar el número total de congresistas (130) en la Constitución. Comparativamente se puede observar esta distorsión: Eslovenia tiene 1’713.067 electores y 130 congresistas; Honduras, 5’996.253 electores y un Parlamento de 128 representantes; Líbano, 3’746.483 electores y 128 congresistas; y Uruguay, el país más pequeño de Sudamérica, tiene 2’620.791 electores y 129 congresistas. Pero nosotros somos 23 millones de electores con un Parlamento de 130 representantes. Una cifra parecida a las de los países nombrados, pese a que tenemos entre seis y 12 veces más población electoral que aquellos. Incluso en términos de nuestra propia historia: en 1862, ya teníamos 122 escaños; 199 en 1913 y 240 en 1992. Pero si en este último año éramos 12 millones de electores, ahora somos el doble, pero con la mitad de representantes.

Como hay pocos que representan a muchos –usando variables que no son las estrictamente usadas para asignar escaños–, resulta que a Lima Metropolitana, que agrupa al 34% de los electores del país, en la propuesta de la Cámara de Diputados de 100 escaños se le asignan 12, cuando le deben corresponder 34. La capital es castigada y migrando esos escaños a otras regiones a las que se les asignan más escaños de los que les corresponde. Algo parecido ocurre con Ica, tendría el mismo número de diputados que Madre de Dios: dos. Algo parecido ocurre con Cajamarca, Lambayeque y Callao, que también perderían escaños para entregarlos a regiones con menos electores.

En el caso del Senado, si se colocara el candado de 30 senadores, resulta que a 25 regiones se les asignaría un escaño y Lima Metropolitana tendría cinco. El problema es que esto contraviene el artículo 187 de la Constitución, que señala que “en elecciones pluripersonales hay representación proporcional”. Además, haciendo una simulación con los resultados del 2016, el Senado estaría compuesto por 20 representantes de Fuerza Popular (mayoría absoluta), seis del Frente Amplio y cuatro de Peruanos por el Kambio. La regla señala que mientras menos escaños por circunscripción, menos proporcionalidad entre los votos obtenidos y los escaños ganados.

Otro es el caso de los peruanos en el exterior, cuyo número de electores supera los 900 mil en todo el mundo, alrededor de los que tienen Lambayeque, Junín o Puno que tienen ahora cinco escaños. Su representación no está presente en la propuesta. Y es que un tamaño de la torta tan pequeño les cerraría la posibilidad de tener representantes, como ocurre en muchos países en el mundo.

El problema es que un tema tan técnico y especializado, pero con serio impacto político, tiene que discutirse con más tiempo, mayor información y conocimiento. La bicameralidad se puede salvar si esos elementos del sistema electoral pasan a la ley de desarrollo constitucional. No se puede perder esta oportunidad histórica.

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