Líderes mundiales, empresarios famosos, deportistas y celebridades de diferentes ámbitos aparecen en los casi 12 millones de archivos de 14 despachos de abogados que crearon sociedades en paraísos fiscales. Estos son los Pandora Papers, la mayor filtración de la historia.
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Los Pandora Papers son una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Se trata de una revelación aún más grande que los recordados Panama Pepers, que en 2016 dejaron abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.
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Cientos de patrimonios se encuentran en cuestión con esta investigación bajo la que se revela la creación de cientos de sociedades “offshore”, por parte de las personas más adineradas y poderosas del planeta. En esta delicada investigación se pone en evidencia riquezas ocultas, evasión de impuestos y —en algunos casos— lavado de dinero.
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Para sacar a la luz esta investigación la ICIJ contó con la participación de 600 periodistas de 150 medios, entre los que figuran The Washington Post y The Guardian. Este trabajó duró dos años, en los que los profesionales examinaron meticulosamente los documentos.
Estos periodistas rastrearon las fuentes y se sumergieron en archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países. Por otro lado, el ICIJ no ha revelado la procedencia y metodología exacta respecto a los detalles sobre la procedencia de los archivos.
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Rechazo a los Pandora Papers en Panamá
Los Pandora Papers han provocado el rechazo del gremio de abogados y duras críticas de un ex jefe de la oficina tributaria de Panamá, de donde es el bufete de abogados que resalta en el informe del ICIJ. Uno de sus más grandes críticos es el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, Juan Carlos Araúz, quien este lunes dijo el gremio no puede permitir “que se satanice los servicios legales prestados” por las firmas del país, y censuró “el carácter ilícito” con el que “las comunicaciones de abogados y clientes son ventiladas a través de los medios de comunicación y que pretenden suplantar los canales institucionales”.
En una conferencia de prensa, Araúz defendió que las sociedades anónimas “son servicios legítimos que desde Panamá han auxiliado al comercio mundial”, y apuntó que esta nación “no es herramienta de fiscalización de ningún país pero tampoco es participe de ninguna conducta irregular”.
Por su parte, Publio Cortés —quien fuera jefe de la oficina tributaria panameña durante el Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019)— denunció en un escrito público que “un sector influyente y con conflicto de interés de la élite de Panamá” ha tenido “éxito dilatando el inevitable cumplimento de los estándares internacionales de transparencia fiscal y lucha contra el lavado de dinero” en el país.
Ese “conflicto de Panamá con la comunidad internacional, el cual lleva aproximadamente más de dos décadas (está) produciendo un daño muy grave a la reputación y a la marca-país”, opinó Cortés, abogado especialista en materia tributaria.
“¿Puede tener algún tipo de lógica que nuestro pequeño Panamá le ‘declare la guerra’ al G-20 (...) dejando el prestigio del país por el piso, para defender el negocio de la opacidad corporativa (NOC), cuyo aporte al PIB de Panamá es menor del 1%, según cifras oficiales basadas en sus propias declaraciones de renta?”, expresó el ex jefe de la oficina panameña recaudadora de impuesto.
Panamá está incluida en varias listas internacionales de países con deficiencias en el combate al blanqueo, a pesar de los esfuerzos del país para mejorar su andamiaje fiscal.
Con información de EFE.
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