Tía María: Gobierno suspendió diálogo con la empresa Southern

Per suspendi conversaciones con la minera Southern Copper, en torno al proyecto minero Ta Mara, mientras esta no aclare su responsabilidad en relacin con las denuncias de un presunto hecho delictivo que involucra a un lder antiminero, dijo la ministra de Energa y Minas, Rosa Ortiz.

Tras siete semanas de marchas de agricultores en contra del proyecto, medios de comunicacin revelaron un audio con lo que sera la voz del dirigente Pepe Julio Gutirrez pidiendo dinero a un abogado. Este dijo que actuaba como mediador de la empresa, para detener las protestas.

En efecto, he suspendido las conversaciones con Southern en tanto no se aclare su participacin en este hecho delictivo, refiri Ortiz en un correo electrnico enviado a Reuters. As respondi a una solicitud de confirmacin sobre si se haba detenido el dilogo luego de la difusin del audio.

Adems la ministra afirm que solicit la presencia en Lima de Germn Larrea, presidente del Grupo Mxico, propietaria de Southern Copper, para esclarecer el tema. Estoy a la espera de que me confirme cundo (Larrea) arribar a Lima, anot Ortiz.

Southern Copper no respondi a comentarios sobre el tema pese a reiteradas consultas de Reuters. En un aviso publicado a toda pgina en el diario El Comercio, la minera neg su participacin en actos ilegales y afirm que el abogado Jess Gmez, quien afirma ser el interlocutor con Gutirrez, no trabaja para la compaa.

Reuters no ha podido confirmar la autenticidad del audio, que fue difundido la semana pasada y que no implicaba directamente a la firma minera.

El Gobierno ya denunci por presunta extorsin a Gutirrez, quien tambin ha rechazado las acusaciones en su contra.

EVALAN DENUNCIA

Tambin evala acusar penalmente a Southern Copper si le encuentra responsabilidad en el hecho delictivo y estaba recopilando informacin en torno al tema, dijo por su parte una fuente del Ministerio de Energa y Minas.

El fin de semana, el Gobierno del presidente Ollanta Humala autoriz el ingreso de las fuerzas armadas a la zona de protesta para tomar el control y restablecer el orden. De acuerdo a la autorizacin, los militares estarn en Islay hasta el 7 junio.

Las conversaciones que realizaba el Gobierno con la minera buscaban solucionar el conflicto social mientras la compaa espera la licencia oficial de construccin para que comience a ejecutar el proyecto ubicado en la regin Arequipa.