Asesino de empresaria fue denunciado por parricidio y su pareja por encubrimiento

Anoche, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Mixta de La Molina denunció a Marco Arenas Castillo por parricidio y a Fernanda Lora como su cómplice y por encubrimiento real. El primero estranguló y quemó a su madre, la empresaria panadera María Rosa Castillo Gonzales. La joven lo habría ayudado en el traslado e incineración del cadáver ocurrida en Manchay, Lurín.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Ministerio Público informó además que el citado despacho consiguió prisión preventiva contra el homicida y su enamorada.

Según expertos consultados por El Comercio, determinar el momento en el que falleció la empresaria María Castillo Gonzales es clave para el proceso penal que se le seguirá a ambos.

El abogado penalista Vladimir Padilla explicó que, si prospera la denuncia por parricidio contra Marco Arenas, este recibiría una pena que puede estar entre los 15 años de cárcel y la cadena perpetua, según los agravantes que encuentre la fiscalía.

La situación de Fernanda Lora Paz, sin embargo, no es tan clara. “El perito tiene que decir si la mujer fue asesinada antes de quemarla o si la quemaron viva. Si se evidencia que la señora Castillo murió a consecuencia del fuego, Lora puede ser acusada como coautora del crimen [y recibir la misma pena que Marco Arenas]”, detalló Padilla.

Eduardo Herrera, el penalista del estudio Linares, señaló que si Fernanda Lora solo es procesada por ayudar a su pareja a ocultar el cadáver, recibiría una pena no mayor a 4 años de cárcel.

“El hecho de que Fernanda Lora se haya entregado a la justicia y confesado el crimen puede servirle como un atenuante. El encubrimiento real, además, no requiere de prisión efectiva”, dijo Herrera.

Asimismo, el abogado civil Héctor Campos explicó a este Diario que el parricidio o su tentativa es una causal de indignidad que puede excluir de la herencia al hijo de la empresaria.

Según el experto, para declarar a una persona indigna de los derechos de sucesión no es necesario que haya una sentencia del Poder Judicial, basta con la confesión del asesino. “Para declarar la indignidad, la parte perjudicada [la familia] tiene que iniciar un proceso civil que puede tomar, por lo menos, unos 8 meses”, señaló Campos.