Burgos espera sentencia en millonario juicio que lo vincula al lavado de activos

ELIZABETH SALAZAR VEGA Unidad de Investigación

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, recibió una de las mejores noticias de su vida el 28 de agosto del 2012: el Poder Judicial lo absolvió de una acusación por estafa, de casi 1 millón de dólares, que era clave para desentrañar un presunto desbalance patrimonial y sospechas de lavado de activos.

Sin embargo, el 22 de abril pasado la Quinta Sala Penal para Reos Libres declaró nula la decisión porque “no se valoraron sesudamente las pruebas aportadas” y ordenó volverlo a procesar. Precisamente, ayer el abogado de Burgos presentó sus alegatos finales ante el juez y de confirmarse la pena de seis años solicitada por la fiscalía tendrá que abandonar el cargo.

SU PRIMER MILLÓN La denuncia la presentó el 2008 Clodomiro Díaz, dueño de la empresa Servicios Generales e Integrales (Servgein), luego de sentirse estafado por el alquiler de una planta frigorífica que Burgos manejaba en Piura, antes de ser alcalde.

La historia comenzó el 2004, cuando Servgein decidió subarrendar la fábrica a Publibur S.A, de propiedad de Burgos, quien a su vez la alquilaba de la embotelladora Jr. Lindley. Burgos trabajó para dicha compañía como repartidor de gaseosas y jefe de ventas hasta el 2007. Su empresa Publibur, dedicada al pintado de carteles, se inició en ese local.

Servgein alquiló la fábrica y dio un adelanto, pero al ocuparla estaba desmantelada e inmovilizada por la Fiscalía de Catacaos por otra demanda contra Burgos. Según consta en el expediente 35453-2008, la empresa le pidió a Burgos que le devolviera el dinero, pero este se negó. Es más, alegando tener la representación de Jr. Lindley, le ofreció venderle la planta.

Los dueños de Servgein invirtieron US$400 mil en equiparla, pagaron US$286 mil por alquiler y se hicieron con préstamos, sin imaginar que Burgos ya tramitaba la compra del local para sí, con todo y arreglos. Servgein alega una pérdida de US$1 millón.

En su declaración policial Burgos dijo que usó el dinero en “el pago de impuesto predial y arbitrios” de la planta, pero la fiscalía lo acusó de quedarse con él. Según los Registros Públicos, entre el 2004 y el 2009, el capital de sus tres empresas alcanzó los S/.10 millones, pese a que iniciaron sus operaciones con S/.5 mil. Entonces la fiscalía lo denunció el 2010 por lavado de activos, pero gracias a apelaciones y hábeas corpus evitó ser investigado.

ESPERA SENTENCIA La denuncia por estafa, contra la fe pública y fraude interpuesto por Servgein pasó por constantes dilaciones, pero en los próximos días William Lugo Villafana, titular del Juzgado Penal 40 para Reos Libres, finalmente dictará sentencia.

Ayer ambas partes dieron sus últimos alegatos ante el juez, pero el abogado del alcalde, Cirilo Romualdo, sacó otra excusa: pidió la prescripción del delito por el tiempo transcurrido.

La fiscal Marlene Berrú, de la Fiscalía Penal 22 de Lima, ha pedido seis años de prisión, el pago de una reparación civil de S/.100 mil al Estado y la restitución del patrimonio a Servgein.

El abogado Julio César Castiglioni dijo a este Diario que si Burgos es sentenciado, automáticamente quedará inhabilitado del cargo. “De acuerdo con el Código Penal, no es necesario que se confirme la condena en segunda instancia para que deje la alcaldía. Si apela y el resultado le es negativo no podrá volver a postular; si anulan la sentencia, sería reincorporado a la alcaldía”, señaló.